El entrampamiento de las reformas


Liébano Sáenz

Una de las grandes pérdidas por la situación de gobierno dividido ha sido el deterioro de la capacidad para procesar reformas de gran calado. Los cambios constitucionales alcanzados en el periodo 1989 a 1997, contrastan con lo que ha ocurrido en la última década; el déficit de corresponsabilidad ha significado dificultades para cambios legales de fondo, a pesar de que la incapacidad de transformar o crear instituciones conspira contra el desarrollo económico, político y social del país. El Congreso ha legislado y mucho, pero el problema está en los cambios estructurales o trascendentes.

Acaso el obstáculo mayor para una relación constructiva entre gobierno y oposición ha sido el uso de la agenda legislativa con intenciones electorales; y a ello han contribuido ambas partes. Debido a que muchas de las reformas tienen costos políticos, es natural que persista la resistencia al cambio. Las fuerzas políticas no ignoran que la promoción, suscripción o aceptación de una reforma puede afectarlas, al propiciar divisiones internas o desventajas electorales.

Otro de los aspectos que interfieren en la fluidez de las reformas es la competencia interna en los grupos políticos; ahí está el caso de la reforma política y electoral que, en los años recientes, ha sido utilizada para promover proyectos políticos personales o para atacar adversarios, como ocurrió con algunos puntos del cambio electoral de 2007 o la iniciativa de estos días en el Senado. En este caso particular, el gobierno y el PAN, en acuerdo con la fracción del PRI en el Senado, han concertado la aprobación de importantes y trascendentes propuestas históricas de Acción Nacional, como la reelección consecutiva de legisladores. Sin embargo, la importancia y el contenido de algunas de las modificaciones, la exclusión de planteamientos suscritos por una parte mayoritaria del PRI, como son las reglas para la facilitación de mayorías legislativas y, sobre todo, los tiempos determinados, sugieren que detrás de las bondades propias de estas reformas, subyacía el propósito de imponer un costo al gobernador Enrique Peña Nieto.

Por ello, no debe sorprender que tanto funcionarios federales como dirigentes del PAN y del PRD intenten responsabilizar al mandatario mexiquense por una reforma que, de entrada, está fuera de las posibilidades que los tiempos legislativos admiten y que, paradójicamente, sí recoge los planteamientos históricos del PAN y desdeña los de la mayoría en el PRI.

Los actores tienen el derecho de enfatizar su posición personal y la de sus partidos frente a la selección de candidatos presidenciales, máxime cuando faltan seis meses para que inicie el proceso electoral y los partidos den curso a la designación de  aspirantes. Pero la realidad es tajante: se dejaron pasar los tiempos de las reformas; el apoyo otorgado por el presidente Calderón a las alianzas PAN-PRD desde finales de 2009, alteró las condiciones para lograr un acuerdo con el PRI representativo de su base territorial y social. Ahora, los cambios planteados se enmarcan en el ámbito de la disputa por el poder, por las candidaturas y por los votos.

Políticamente, el asunto más discutible es la decisión de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de acordar con el PAN y con el presidente Calderón, proyectos políticos que alteran las coordenadas existentes. A estas alturas del ciclo político y con el escaso tiempo que le quedaba al periodo legislativo, con la ventaja que las encuestas conceden hoy al PRI y ante la perspectiva de una mayoría absoluta en el Congreso en 2012, se esperaría que los senadores cerraran filas para consolidar una ventaja y no para menoscabarla. De hecho, hoy es la última sesión de este periodo y las reformas apenas fueron aprobadas en el Senado el miércoles pasado. Lo ocurrido se vuelve aún más sorprendente si consideramos el oficio, experiencia y, conocimiento de los tiempos, que poseen los miembros de ese grupo político.

Sin embargo, el tema más importante no es la disputa por las candidaturas y los votos, sino las reformas. Las elecciones de 2012 demandan cambios correctivos fáciles de acordar y de procesar como la eliminación del espotismo. En vez de hacerlo, los Senadores optaron por aprobar, al cuarto para las doce, las candidaturas independientes; un asunto muy seductor por el ambiente social propicio para su aprobación que, sin embargo, implica la redacción de un nuevo Código Electoral y, por tanto, no resultaría aplicable para 2012. Las candidaturas independientes son, sin duda, convenientes, pero la apuesta sustantiva debe orientarse a la democratización de los partidos, a su modernización y a su apertura hacia los ciudadanos. Sin embargo, este objetivo no ha estado presente en el ánimo de los Senadores. La demanda por una ley de partidos fue ignorada, lo mismo que la reforma del Congreso.

Pese a sus innegables aspectos positivos, los puntos aprobados por los Senadores no responden a los problemas de fondo del sistema político. La reforma debe abordar las premisas de un cambio que favorezca la eficacia en el gobierno y que ofrezca alternativas para resolver el desencuentro entre el Presidente y el Poder Legislativo. De poco sirven expedientes como las candidaturas independientes, la reelección consecutiva o las modalidades de democracia directa, si en el fondo subsisten asuntos tan cruciales como la relación del Presidente con el Legislativo, y la disfuncionalidad del Congreso y del sistema de partidos.

El engaño que representa plantear reformas inviables por destiempo, resulta contraproducente para la propia voluntad de cambio porque pervierte y desacredita la transformación institucional, un proceso cuya perturbación, insisto, ha sido uno de los grandes quebrantos desde que se perdió mayoría de un solo partido en el Congreso.

Justicia poética es decir que el desgaste del gobierno, de los partidos y de la forma tradicional de hacer política, abre la puerta a una nueva generación perfilada a ganar la mayoría absoluta en las Cámaras federales pese a la resistencia de sus mismos correligionarios en el Senado. Más que entre partidos o ideologías, los nuevos términos de la disputa por el poder serán planteados entre generaciones; nuevos vientos que proponen formas diferenciadas para el ejercicio del poder y una claridad distinta sobre las responsabilidades de la política con el país.

2012 significará el desplazamiento de la generación del fracaso a favor de una colectividad de políticos jóvenes y decididos que, por propio esfuerzo y en contra del desdén de algunos de sus predecesores, se encaminan a ganar el poder nacional.

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