Política y elecciones


Liébano Sáenz

En el calendario político, el fin del periodo de sesiones es una fecha trascendente porque representa el último llamado para sacar adelante aquellas transformaciones legislativas que son importantes o que están directamente relacionadas con el proceso electoral. La inminencia de los comicios federales dificulta el acuerdo a partir del explicable cálculo electoral de los actores y hace nugatorio que los cambios legales en materia electoral tengan vigencia para la elección en puerta. En todo caso, la reflexión obligada es la de los tiempos, ¿por qué llevó tanto llegar a un acuerdo de reforma que hace prácticamente imposible su aprobación en lo que resta de tiempo? Responsabilidad compartida por ambas Cámaras y todas las fuerzas políticas, además de los temas que no se incluyeron en lo aprobado por el Senado.

Es preocupante que la elección de 2012 ocurra sin una rectificación significativa de los errores de la reforma electoral de 2007. La exigencia de aprobar en la Cámara de Diputados una reforma política trascendente, complicada y muy polémica, a unas horas de finalizar el periodo de sesiones, sólo sirvió para eludir una potencial reforma correctiva que contara con el consenso de las fuerzas políticas y de la misma sociedad, particularmente en lo que se refiere a atenuar el excesivo “espotismo” introducido en 2007 y a favorecer un auténtico debate y confrontación de propuestas.

En realidad la polémica sobre la reforma política aprobada por el Senado es ociosa. Su contenido plantea dos problemas prácticos: primero, no incorpora la posición de la fuerza mayoritaria en la Cámara revisora. El consenso en la Cámara de origen es parcial y, por lo mismo, ineficaz. La reforma consensuada en el Senado incorpora muchas virtudes, algunos defectos y grandes exclusiones, se logró con el gobierno y el PAN en su totalidad, y con una parte del PRI y del PRD. Sólo por señalar un caso, la reelección consecutiva de legisladores es un tema que divide al PRI y que es rechazado por la mayoría en el PRD. Se veía imposible que los diputados la aprobaran con rapidez.

El segundo aspecto de orden práctico se refiere a que la reforma constitucional debe ir acompañada por una reforma de la legislación ordinaria a fin de lograr su plena vigencia y aplicación. Por ejemplo, las candidaturas independientes (jurídicamente inobjetables para acreditar el derecho a ser votado), implican la modificación de casi la totalidad del Cofipe y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En efecto, se trata de un problema técnico pero, insisto, también práctico. Los legisladores no sólo aprueban cambios deseables; también son responsables de su instrumentación. Estas circunstancias impiden que los cambios aprobados en el Senado sean factibles para la elección en curso.

La exigencia sobre la Cámara de Diputados debió ser canalizada al Congreso en su conjunto, y debió enfocarse en aspectos que sí podían ser consensuados por las fuerzas políticas, que fueran sujetos a aplicación inmediata y que resultaran necesarios para perfeccionar las instituciones electorales o para corregir errores. Lo advertimos  antes de la reforma de 2007: las fuerzas en el Congreso se movían hacia la partidocracia, la restricción de las libertades políticas de los ciudadanos y el debilitamiento de las autoridades electorales; en particular, hacia la pretensión de tener un IFE a modo. El tiempo lo ha confirmado… lamentablemente.

La serie de procesos locales a partir del 2007 y una elección intermedia federal nos dejan importantes lecciones sobre los ajustes que deben efectuarse en las leyes e instituciones electorales. Entre las cuestiones fundamentales está la de revertir la restricción de las libertades políticas. La legislación existente conduce al IFE a una confrontación con los medios de comunicación, por tener que ejecutar disposiciones contrarias a las tendencias tecnológicas y del mercado. El centralismo implícito en las normas electorales debe ser revisado a la luz de la soberanía de los Estados y las exigencias propias de campañas que han disminuido en duración; pero el tiempo apremia y, por lo pronto, lo urgente es lo importante.

La realidad es que no ha sido posible contener el deterioro de las instituciones electorales generado por la reforma de 2007. Este asunto, que ha sido objeto de reiteradas observaciones en este espacio, debió ser el tema central en las deliberaciones de los señores diputados y senadores, considerando especialmente la mala experiencia de 2006, el agravamiento del tema de la inseguridad y la necesidad común de otorgar certeza y confianza a los comicios y a sus resultados. Hoy, el país es testigo del deterioro del IFE. La institución más relevante de la democracia electoral mexicana está convertida en un órgano disminuido por su propio desempeño, por los recurrentes escándalos de posible corrupción, por un presidente consejero complaciente ante partidos y legisladores, por un marco legal disfuncional, y por la presencia de fuerzas políticas incapaces de llegar a un acuerdo para designar a tres integrantes de su órgano permanente de gobierno, pese al hecho de  tener un proceso electoral a la vuelta de la esquina.

La posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones plantea la exigencia de que las comisiones de dictamen de ambas Cámaras logren definiciones que cuenten con el aval efectivo de las fuerzas políticas. Acuerdos excluyentes sólo conducen al desprestigio del Congreso, de los legisladores y de los partidos políticos. Hay una agenda de cambios perfectamente atendible y el dictamen de iniciativas debe expresar el consenso mayoritario con autenticidad. Existen, por ejemplo, temas que demandan la atención urgente de los senadores como es el nuevo modelo policial y, asimismo, los diputados tienen pendiente proceder a la designación de los integrantes del Consejo. Por otra parte, la reforma correctiva en materia electoral debe materializarse a la brevedad y sería pertinente que el IFE y el Tribunal Electoral opinaran sobre las reformas indispensables. Lamentable e inevitablemente, la gran reforma política tendrá que seguir esperando una circunstancia propicia para su atención y aprobación. Mientras tanto, nada tan trascendente se habrá escrito en la historia legislativa de los últimos años en México.

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