No bajar la guardia


Liébano Sáenz

De siempre, en el quinto año de gobierno el ciclo político se altera por la presión del calendario electoral. Es explicable. En el pasado, en el último trimestre ocurría la definición del candidato presidencial y con ello se daba el inicio real o virtual a la campaña. Ahora las cosas son distintas, no hay una campaña presidencial, sino varias; las precampañas o competencia por las candidaturas están reguladas, existen reglas y prerrogativas que promueven la competencia y la alternancia es una expectativa normal en el horizonte.

Debe ser objetivo compartido de todas las fuerzas políticas y del conjunto de la sociedad que el relevo democrático de gobierno tenga lugar en condiciones de normalidad. Para esto, nada mejor que el cuidado de las responsabilidades que a cada quien atañen. El país no puede tener gobiernos sexenales de cuatro años y medio; tampoco que un largo periodo de 18 meses signifique una vida latente para las autoridades y los órganos de representación política. Es fundamental que desde el gobierno no se baje la guardia, que éste continúe en sus responsabilidades y que los embates de la oposición y el activismo de los prospectos de candidatos no conduzcan a la pérdida de ímpetu en el cumplimiento de las tareas que atañen al gobierno en turno.

Tampoco se debiera bajar la guardia en el Congreso; sin embargo, por su propia naturaleza es más proclive al entorno partidario y electoral; por esta misma consideración, las reformas de fondo debieron plantearse y formalizarse con mayor oportunidad. Además, el hecho que a finales de 2009 desde el mismo gobierno se promoviera la alianza opositora contra la primera fuerza parlamentaria en la Cámara de Diputados, complicó de manera significativa el diálogo y los acuerdos, así lo ha probado el tiempo. Un periodo de sesiones extraordinarias es necesario, especialmente, para una reforma correctiva mínima en materia electoral.

En la última etapa se ha hecho campaña partidista y de grupo bajo el argumento de las reformas. Debe quedar claro que éstas fueron saboteadas desde hace tiempo, lo que dio lugar a un conflicto entre la dirigencia del partido gobernante y el responsable de la política interior; el hecho de que no se haya podido transitar a las reformas de fondo es la consecuencia de haber anticipado las prioridades políticas y electorales sobre las sustantivas. Empero, los problemas y los retos que enfrenta el país demandan de sus autoridades y de los responsables de la política nacional un sentido de compromiso. Así, por ejemplo, es inaceptable que el nuevo modelo policial se haya entrampado en el Senado de la República de cara a la necesidad urgente de una nueva policía en todo el territorio nacional.

Los miembros del gabinete tienen derecho a aspirar a la candidatura presidencial. Es el curso normal de una carrera política; todos los presidentes de los últimos tiempos, con la excepción de Vicente Fox, tuvieron experiencia en el gabinete del gobierno federal. La cuestión es de tiempos y de modos. Queda claro que la oposición tiene prospectos mejor posicionados respecto a quienes integran el equipo de gobierno del presidente Calderón. No sólo eso, el senador Santiago Creel, la diputada Josefina Vázquez Mota y el defenestrado ex dirigente nacional Manuel Espino, dentro y fuera del PAN, tienen más respaldo o simpatía que cualquiera de los integrantes del gabinete. El problema es que el tiempo apremia y hacer política partidaria desde la investidura no sólo plantea un dilema de carácter ético y posiblemente legal, sino que afecta la calidad del gobierno. Por conveniencia de todos, lo más razonable es la separación del cargo.

Pero esto presenta otro problema: el tiempo de campañas y precampañas está regulado. Una persona que realiza proselitismo anticipado para obtener una candidatura violenta las reglas existentes y, por lo mismo, pone en riesgo su propio registro como precandidato o, eventualmente, como candidato. Las normas están mal porque restringen derechos políticos, porque un funcionario que ha cumplido a cabalidad, con lealtad y con la discreción propia del cargo, se ve impedido para competir en condiciones de equidad y propicia la simulación o las campañas encubiertas. Las malas reformas de 2007, así concebidas por mala fe o por ignorancia, dejan al descubierto un flanco más sobre la afectación a los derechos políticos.

Separar el gobierno de la política partidista es fundamental. En los regímenes parlamentarios, por regla, los integrantes del gabinete son legisladores y miembros prominentes de los partidos a que pertenecen. Sin embargo, hay una separación real del gobierno con lo partidario, ya que existe un régimen, un código y una tradición que le da autonomía al servidor público, fundado en una definición clara que separa al político del funcionario gubernamental. Así es el caso de gobiernos que no se integran por falta de mayoría en el parlamento o que por voto de censura son inestables; sin embargo, el gobierno funciona normalmente precisamente por esta separación entre administración pública y política.

El dirigente nacional del PAN se ha mostrado preocupado y molesto por las expresiones de simpatía al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. La única razón válida para su molestia es que el PAN haya conseguido de los demás competidores una forma de tregua para no anticipar los tiempos; con esta acción pública a favor del secretario, se abre el proceso de disputa por la candidatura. Queda claro que quienes están en mejores condiciones de competir son quienes no trabajan en gobierno, ya que cuentan con amplia libertad, mientras que los funcionarios de gobierno se ven afectados. En otras palabras, las acciones anticipadas dan lugar a una competencia que beneficia a quienes están en libertad y obstruye a quienes tienen responsabilidades de gobierno.

Lo importante para el país es que el gobierno marche. Son muchos los temas que demandan atención prioritaria. La economía, la política social, la laboral o la de educación exigen funcionarios capaces —que los hay— pero, también, de tiempo completo y de compromiso total a su cargo y hacia quien les depositó su confianza. Mucho más ahora, en el último tercio del ciclo político sexenal.

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