Efectos colaterales


Liébano Sáenz

Uno de los principales retos de la política es prever los efectos colaterales de cualquier acción o decisión. El desafío aumenta si se trata de consecuencias no intencionadas y que, además, se vuelven contra el propósito original del ejecutor. El exceso de significado, dicen algunos lingüistas. Efecto colateral es la expresión de uso común para hacer referencia a los daños no deliberados producto de una lucha bélica o de violencia institucional. Pero esta locución también dice mucho en la política convencional.

Así, por ejemplo, una de las motivaciones explícitas de muchos de los que aprobaron la reforma electoral de 2007 fue limitar la libertad de expresión a cambio de ganar terreno en términos de equidad. Los resultados ya están a la vista: sí se afectaron las libertades, no sólo de los ciudadanos sino también de los candidatos y partidos; y, sin embargo, la pretendida equidad no fue conseguida y mucho se malogró a causa de la simulación actual. Sobre un terreno que se ve tan disparejo como siempre, se establecieron reglas que, además de limitar libertades, generan inequidad como el acceso desigual a los medios electrónicos, uno de los principales recursos de la comunicación política.

En alguna ocasión escuché a una persona que definía el término “problema” como la concurrencia o competencia entre propósitos. Decía, haciendo referencia a asuntos más humanos que políticos,  que las situaciones más difíciles que encaramos tienen que ver con dilemas o disyuntivas ante objetivos enfrentados. En el ámbito de la política es más que cierto. El gobernante, legislador o aspirante a una candidatura enfrenta, de manera reiterada, propósitos en competencia. Sólo el método, la claridad de objetivos, la capacidad para discernir el mayor beneficio para las mayorías desde una perspectiva amplia, permiten resolver el dilema. El egoísta o el mezquino también toman su decisión pero han de imponer una fuerte carga de simulación o de hipocresía para encubrir la razón real de su discernimiento.

Compaginar los objetivos de Estado, de gobierno y de partido es un dilema clásico en el Poder Ejecutivo. Todos los presidentes lo enfrentan y cada uno lo resuelve a partir de su consideración de lo correcto. Por ejemplo, el presidente Fox tuvo y tiene la convicción de que debía frenar a toda costa al adversario del PAN en la izquierda. La actitud del ex presidente parte de su noción y perspectiva de la democracia; no simula y tampoco es un caso de cinismo; se trata simplemente del desencuentro que algunos tenemos con esa visión. Es preciso entender que en algunas situaciones, la decisión no corresponde al gobernante sino a los electores en ejercicio de su libertad; esa es la esencia de la democracia.

Esto nos remite a un tema que ya ha sido abordado por algunos colegas de Milenio: ¿Tiene el presidente derecho para influir en la designación del candidato de su partido? ¿Puede el presidente hacer campaña a favor de su partido como es común en la democracia norteamericana que acepta, incluso, la utilización de recursos públicos como el avión presidencial? El presidente tiene derechos políticos y es el referente más importante de su grupo o partido político. No es posible pretender que sus prerrogativas se limiten al sufragio. Sin embargo, su condición de jefe de Gobierno y, especialmente, de jefe de Estado (responsabilidad personal e intransferible) también lo obliga a mantener un sentido de cuidado y prudencia. Por razones de doctrina e historia, no es aplicable la comparación con el presidente norteamericano.  Allá, de origen y conceptualmente, la presidencia está acotada y, en muchos aspectos, subordinada al régimen federalista y al poder del Congreso. Aquí, no.

La interferencia del presidente en la definición del candidato de su partido es negativa, inicialmente y de manera fundamental, para los miembros del mismo partido sobre todo porque los despoja del poder decisorio en caso de aceptarse que hay una voluntad mayoritaria que debe ser procesada y atendida. En lo subsecuente, puede resultar adverso porque convierte al presidente en parte interesada al momento de la contienda constitucional, justamente cuando la imparcialidad es crucial para una elección justa y para garantizar la legitimidad del resultado, si triunfa el candidato del partido en el poder.

Otro aspecto, de menor importancia pero vigente, es el concerniente al activismo de funcionarios que buscan ganar imagen o posición para mejorar su situación en el partido hacia la candidatura. Hay quien asume que el buen cumplimiento de su responsabilidad es la mejor plataforma, como sucedió con López Obrador hace seis años y ahora con el gobernador del Estado de México, quienes han encabezado las preferencias en sus respectivos momentos. Pero también está el caso de los prospectos de candidato que pretenden ganar espacio al interior de sus organizaciones a partir de la confrontación con el adversario. Es una inercia natural, y mientras más lejana o incierta sea la posibilidad de ser candidatos, mayor es la intransigencia. Como ciudadanos o personas están en su derecho, no así como funcionarios públicos pues en su afán personal de avanzar en sus propósitos, afectan el desempeño de su cargo.

Viene al caso recordar los comentarios que hace tiempo hizo un gobernador priísta norteño, uno de los más entusiastas promotores de la reforma energética, al entonces presidente Vicente Fox, a propósito de la designación de Felipe Calderón como secretario de Energía, en sustitución de Ernesto Martens. El mandatario estatal advirtió al presidente que la reforma en ciernes se vería afectada por el fuerte perfil partidista y de posible candidato presidencial del recién nombrado. El tiempo dio la razón a Enrique Martínez y Martínez; efectivamente Felipe Calderón fue candidato y, aún contra la voluntad de Vicente Fox, hasta la presidencia alcanzó, pero la reforma energética se malogró. Ahora, varios miembros del gabinete despliegan acciones de campaña y tanto el PAN como el presidente deben tener presentes los efectos colaterales de dicha situación; en especial, deben considerar que estas autoridades del gobierno dan la impresión de que se desentienden de su tarea. Si sus aspiraciones son muchas, su camino es sólo uno: separarse del cargo. No hay de otra; es lo que a todos, inclusive a los prospectos, más conviene.

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