Reelegir o no reelegir, ése es el dilema


Liébano Sáenz

Uno de los temas que aprobaron los senadores del PRI y del PAN en la reforma política es el referente a la elección consecutiva de diputados y senadores. El restablecimiento de la reelección ha sido una exigencia del PAN durante toda la historia de ese partido. La academia simpatiza ampliamente con la idea de otorgar a los legisladores el derecho a ser ratificados en su función. Sin embargo, las encuestas indican que la mayoría de los mexicanos no congenian con esta propuesta, además de que en el PRI y el PRD se manifiestan notables disentimientos.

A la reelección se le han acreditado bondades excesivas, las tiene, pero no todas las que le atribuyen. Quienes la promueven, consideran que es una manera de fortalecer la vinculación del representante con sus representados; se presume que un legislador que aspira a reelegirse será más responsable en sus decisiones de voto y que pondrá mayor cuidado en su trabajo legislativo, pues permanentemente tendrá frente a sí el escenario ulterior de encarar nuevamente a sus representados. Se dice también que la reelección contribuye a la especialización, es decir, a la promoción de una carrera parlamentaria sustentada en las continuas encomiendas de carácter técnico que forman parte del quehacer legislativo.

El impedimento para reelegir legisladores convierte a México en un caso muy singular. Esta restricción al derecho de ser votado en forma consecutiva tiene su origen a principios de la década de los treinta y coincide con la formación del PNR como estructura de poder en contraposición a los cacicazgos locales que se veían favorecidos por la reelección de legisladores. El PRI, desde sus orígenes remotos, fue el equilibrio entre la potestad presidencial o del caudillo, entre Calles, y los factores de poder local. La reelección y el partido nacional contribuyeron a fortalecer al presidencialismo frente a la fragmentación del poder territorial, evidente en las recurrentes rebeliones militares durante el relevo presidencial.

Los opositores de la reelección también tienen sus argumentos. Afirman que limita la renovación de la clase política, una de las virtudes del sistema político mexicano,  y, lo que es más significativo, debilita el sistema de partidos. Consideran que, de prosperar la idea, el voto libre de los legisladores conllevaría a  una ruptura con la responsabilidad colectiva que es propia de una democracia representativa fundada en organizaciones políticas que relacionan el poder público con la sociedad. Sostienen asimismo que la libertad de los legisladores no necesariamente implica una mejoría en su desempeño ya que podrían buscar el beneficio, no de sus electores, sino de los factores clave en el proceso político comicial, particularmente los correspondientes a los poderes fácticos y económicos. Además, los disconformes con la reelección destacan el riesgo de cooptación o corrupción parlamentaria por la influencia que pudieran tener factores ilegítimos en el sentido del voto legislativo.

No es un asunto menor, sobre todo si el modelo de reelección considerado es el norteamericano pues ello implicaría que los legisladores se representen a sí mismos frente a los electores que los votan. En la democracia moderna, la que prevalece en todo el mundo, la representación no está planteada entre el legislador y el elector, sino entre el partido, el elector y el poder público. Los electores votan una plataforma electoral que el partido define, no así el legislador. El mandato ciudadano no está orientado a la persona sino al programa que hace propio el candidato al momento de solicitar el voto. En otras palabras, en la democracia mexicana la representación corre a cuenta del partido político, no del individuo.

El sistema de representación en México está sustentado en partidos. La reforma fundacional de 1977, diseñada y promovida por el maestro Jesús Reyes Heroles, es inequívoca al respecto. La Constitución, en su artículo 70 párrafo segundo, determina que la Cámara de Diputados se organiza a través de grupos parlamentarios en función de los partidos políticos. En el mismo sentido convienen las normas electorales: el agente central del proceso democrático no es el candidato a diputado o a senador, sino que es el partido el que determina la plataforma electoral, celebra pactos o coaliciones con otras fuerzas políticas, define y registra candidatos, tiene la representación en los órganos electorales, recibe las prerrogativas y resuelve el sentido que debe tener la publicidad de la oferta política. Asimismo, en caso de incumplimiento, es el partido, y no el candidato, el que comparece como responsable y, en su caso, el objeto de la sanción.

En la misma línea, se dice que para efectos prácticos, en el país sí existe la carrera parlamentaria y que, en el Senado y en la Cámara de Diputados, buena parte del trabajo es ejecutado por legisladores con amplia experiencia parlamentaria. Los analistas identifican que en el Congreso mexicano sí hay especialización y que no hay improvisación porque la mayoría de los parlamentarios electos cuentan con experiencia legislativa previa y otros más acceden a las Cámaras con experiencia técnica tanto en el sector privado como en el gubernamental.

Mi postura al respecto es que la reelección es necesaria pero sólo para los diputados y en ocasión de la elección intermedia. Coincido con aquellos que sostienen que es un error debilitar al sistema de partidos y estimo que la libertad que ganan los legisladores con la reelección genera mayores riesgos que beneficios. Además, la posibilidad de que los congresistas tomen decisiones con base en el ambiente de opinión puede derivar en irresponsabilidad. Hay decisiones impopulares y de alto costo político personal y partidario que, sin embargo, esas decisiones son necesarias y, las más de las veces, impostergables.

La razón de mi propuesta de reelección es consecuente con el objetivo de mantener el equilibrio legislativo del inicio sexenal. Se trata de generar  elementos para convertir la elección intermedia en una forma de referéndum sobre el partido gobernante y propiciar condiciones que permitan que quienes llegaron a la Cámara de Diputados puedan ser convalidados si el partido que los llevó al poder cumplió su responsabilidad en el gobierno.

El populismo legislativo es uno de los grandes males del sistema político norteamericano; emularlo, sería un serio error. En todo caso, tendría que definirse  un esquema para que la reelección no sea un factor de debilitamiento de los partidos, tal y como ocurre en buena parte del mundo democrático.

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