Los Partidos “partidos”


Liébano Sáenz

Como nadie o nada, los partidos políticos han sido los indiscutibles  beneficiarios del proceso democrático de México. Todos ellos, grandes y pequeños por igual,  rinden cuentas de manera muy marginal, ejercen el monopolio en las elecciones, reciben cuantiosos beneficios del erario federal y local, son la vía obligada para militantes y ciudadanos que aspiran a un cargo de elección y poseen la exclusividad de acceso a la radio y Tv con fines de publicidad política. Igualmente, a través del Congreso, dominan, no sólo la facultad decisoria para elaborar leyes, sino también la  administración pública y la definición y fiscalización del gasto público. De esta forma, designan lo mismo a consejeros electorales que a funcionarios judiciales y de Hacienda.

La reforma de 2007 acrecentó los privilegios de los partidos. Por una parte, amarró las manos al IFE y al Tribunal Electoral bajo la tesis de que los temas internos sólo competen a sus militantes y no a las autoridades; y, por la otra, convirtió al centralismo en una de sus expresiones más peculiares  Los partidos viven en la opacidad respecto de los recursos que reciben de la sociedad, y en el autoritarismo, en lo referente a los procesos democráticos y de legalidad interna. La fiscalización a cargo del IFE es deficiente y tardía. Además, con la reforma de 2007 se revirtió la relación de poder entre la autoridad electoral y los partidos, y ahora corre a favor de estos últimos.

El descrédito de los partidos ha afectado a la democracia, y su mal desempeño, al Poder Legislativo. La proporción de ciudadanos que no se identifica o se asume lejana a los partidos es, hoy, considerablemente mayor que antes de 2007. El PRI es el único que, en los años recientes, ha incrementado su número de simpatizantes y, muy importante, de 2009 a la fecha, es el partido que ha transitado con mayor claridad hacia la descentralización.

El PAN, un partido de ciudadanos, es el que ha visto mermada su base de simpatizantes en mayor proporción, aunque su padrón de miembros adherentes ha tenido un crecimiento desproporcionado para su realidad electoral. El PRD es el que ha padecido, con mayor gravedad, el faccionalismo. En los seis últimos años, sus dirigencias nacionales han sido producto de acuerdos precarios y acusan un fuerte déficit en lo que a institucionalidad, legitimidad y autoridad se refiere. Por su parte, los partidos pequeños han sido incapaces de construir un modelo alternativo que dignifique a la política, al menos marginalmente. Y, lo que es peor, en la reforma de 2007 los legisladores acordaron cerrar la puerta a nuevos partidos. Ahora, sólo es  posible crear nuevas organizaciones cada seis años y ese derecho corresponde únicamente a las agrupaciones políticas y no a los ciudadanos asociados libremente, como debiera ser.

La realidad es que los partidos cada vez están más distantes de la sociedad y son extremadamente ineficientes en su función de intermediación con el poder público. Su desprestigio arrastra a todo el sistema de representación. Esta situación ha abierto la puerta a propuestas que no resuelven el problema y que, lejos de aportar elementos para la modernización y democratización de los partidos, los debilitan bajo el seductor argumento de que una merma de la partidocracia es ganancia para la democracia.

Por ejemplo, la reelección consecutiva, tal como ha sido propuesta por el PAN y aprobada por el Senado de la República, plantea que los legisladores abandonen la línea de sus partidos para estar más atentos al sentimiento de sus electores, una tesis que comparten los politólogos influenciados por la cultura política de los EU. Así,  el tema de la disciplina partidista en el Congreso es vista como el origen del problema, y su inexistencia, como la solución, cuando en realidad, la dificultad estriba en el hecho de que los partidos no asumen su responsabilidad y en que, ya sea por infantilismo político u oportunismo electoral, convierten al Congreso en un medio para el chantaje o la oposición intransigente

Algo semejante ocurre con las candidaturas independientes, los métodos de democracia directa, etcétera. En lugar de transformar a los partidos políticos y someterlos a las reglas y principios de la modernidad democrática, se pretende prescindir de ellos, como si ello fuera posible. Es muy preocupante el crecimiento y respaldo social de propuestas que generan expectativas desproporcionadas y que no atienden el fondo de la cuestión. Debilitar a los partidos equivale a minar las bases de la democracia representativa. Se requiere más imaginación y mayor presión pública para que la reforma política defina las condiciones adecuadas para transformar a los partidos políticos,  no para desgastarlos.

La democracia moderna está basada en partidos y, para funcionar, la representación política requiere organizaciones fuertes y que sean permeables a la sociedad, que cuenten, por una parte, con procedimientos internos de autorregulación y, por otra, con un régimen legal que promueva la apertura a ciudadanos que deseen incursionar en la política, así como la democracia interna y la transparencia en el manejo de recursos y en los procesos fundamentales.

En este espacio, hemos insistido en la necesidad de impulsar una ley de partidos. La sola idea de que los legisladores aprueben normas que van en su detrimento provoca escepticismo. La tesis es infundada, pues los partidos centralistas, con dirigencias autoritarias y arbitrarias se vuelven contra todos, incluso contra los mismos grupos políticos en su interior, y también afectan a los legisladores. Urge abrir espacios de reflexión sobre un nuevo régimen legal para los partidos; uno que los consolide como entidades de interés público y que reconozca que hay temas cruciales y, por consiguiente, obligatorios para todas las organizaciones políticas: la democracia interna, la legalidad en los procesos, la desconcentración y descentralización del poder, los esquemas permanentes de decisión colectiva, la transparencia en sus finanzas y procedimientos administrativos y un régimen judicial interno moderno y confiable, entre otros.

Los partidos son insustituibles en la mediación entre la sociedad y el poder público. Por ello, la exigencia generalizada de impulsar un cambio profundo para mejorar a la política debe considerar, necesariamente, un nuevo marco legal que promueva la modernización y la fortaleza de estas organizaciones políticas y que los ponga al alcance y al servicio de los ciudadanos.  

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