Para que la política funcione por y para México


Liébano Sáenz

Desde su origen, en el país compiten dos modelos de gobernabilidad: el presidencialista federalista de corte liberal y el parlamentario unitario de corte conservador. Ha habido modelos intermedios en el pasado, destacadamente, un régimen presidencial con predominio del Congreso derivado de la Constitución de 1857. Recientemente, como ha sucedido en casi todos los regímenes presidenciales, han surgido propuestas de muda hacia un régimen parlamentario o a un sistema híbrido en el que el Congreso se haga corresponsable del gobierno a través de la designación del jefe de gabinete y la ratificación de sus integrantes.

El dilema sobre los dos modelos continúa. La pérdida de mayoría del Presidente en la Cámara de Diputados significó una transformación profunda al esquema de gobernabilidad. El Ejecutivo y su partido, tuvieron que compartir con la mayoría opositora significativas cuotas de poder. Que esto ocurriera en la Cámara de Diputados es de la mayor importancia, ya que desde ese Poder se define el presupuesto, instrumento fundamental para el ejercicio del gobierno y, con éste, la ejecución de políticas públicas.

Es así como el gobierno dividido se ha focalizado en la disputa por el gasto público. Los estados y los municipios, los órganos autónomos, así como los Poderes Legislativo y Judicial han incrementado sus recursos sin una reforma hacendaria que fortalezca la capacidad recaudatoria de las entidades y municipalidades, o de incremento de los ingresos públicos. Muy poco se ha podido lograr en ese aspecto, con un consecuente déficit fiscal o precariedad en los ingresos públicos como proporción del PIB.

En el PRI la discusión está fundamentalmente en estos dos modelos de gobernabilidad. Por una parte, la corriente mayoritaria en el Senado ha transitado a una propuesta de gobernabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y, por otra parte, los gobernadores y un segmento mayoritario de la Cámara de Diputados considera al régimen presidencial, bajo un federalismo real, el mejor esquema para una gobernabilidad democrática eficaz. El hecho de que el PRI tenga buenas perspectivas para ganar el Ejecutivo en el 2012 y tal vez una mayoría en el Congreso, alienta este debate sobre la gobernabilidad futura del país.

De siempre me he inclinado por la necesidad de fortalecer, modernizar y actualizar al sistema presidencial. Algo se ha avanzado en tal respecto, pero es mucho más lo que todavía resta por hacer.

Un presidencialismo fortalecido no es la reedición de una forma de autoritarismo vetusto o rampante despotismo, sino un instrumento para que la responsabilidad política se traduzca en resultados. El Congreso debe mantener sus atribuciones, pero regidas por una norma que le obligue a conducirse hacia una rendición de cuentas plena y funcional. En este contexto, sorprende que en los legisladores no haya interés en la propuesta de transformación del Congreso en aspectos elementales como la rendición de cuentas, la transparencia, la regulación de las actividades económicas privadas de sus integrantes y la fluidez del proceso legislativo. El Congreso le debe a los ciudadanos y a sí mismo, una propuesta de reforma profunda, al igual que al sistema de partidos, dos pilares del sistema de representación política en México.

Las cuentas del gobierno dividido no son favorables; no sólo son indicativas de incapacidad para procesar las transformaciones institucionales profundas que sí tuvo el régimen presidencial en otros tiempos, especialmente, en las décadas de los ochenta y los noventa. Cierto es que estos cambios que transformaron al país resultaron del acuerdo plural entre fuerzas políticas, casi siempre PRI y PAN, y posteriormente también el PRD, como ocurrió con la reforma a la Suprema Corte de Justicia o la reforma política de 1996. Esto significa que un Presidente con mayoría no implica el desplazamiento de la pluralidad de las decisiones fundamentales, sino que la condición de mayoría del partido gobernante le permite dar resultados en la negociación permanente y eficacia en los acuerdos. Lo contrario sucede en un esquema de poder disperso, los intereses particulares y hasta personales de las partes o de los poderes fácticos se imponen e impiden cambios sustantivos, como ha ocurrido en los últimos años.

La reforma política aprobada por el Senado dista de enfrentar los problemas de fondo del sistema de representación política. Asumir que la reelección consecutiva empodera en automático a los ciudadanos y así obligan estos a sus representantes a cuidar el ejercicio de su responsabilidad, es una ingenuidad mayúscula que no atiende a la realidad de la política y del ejercicio del poder. La propuesta, si no es acompañada de una reforma del Congreso y del sistema de partidos puede ser la decisión final e irreversible para el tránsito hacia una oligarquía. Es fundamental contar con mejores representantes, pero esto no se logra con su reelección, sino con la capacidad de los partidos de representar y articularse con la sociedad.

Asiste la razón a quien señala que no es suficiente como oferta política decidir sobre qué partido o qué candidato. Es imperativo dejar en claro a qué modelo político se aspira: si será el de corte liberal con un presidencialismo democrático acotado por el Congreso y un federalismo efectivo; o si se continuará en el esquema actual de poder informalmente compartido entre la fuerza política a cargo del gobierno y la oposición dominante en el Congreso, a lo que se agrega un modus vivendi de acomodamiento entre el poder público y los intereses económicos dominantes.

El tema es fundamental para el país, por lo que es urgente que el Estado recupere su capacidad para hacer valer el interés general. Lo que está de por medio es si habrá de recuperarse el rasgo que en otros tiempos rigió al sistema político para realizar las reformas que hoy con urgencia se requieren. Muchos de los problemas como la inseguridad, la desigualdad social y regional o el crecimiento de los poderes fácticos resultan de la debilidad del Estado en el esquema actual de gobernabilidad, asociado a un modelo económico incapaz de incorporar al bienestar a amplios segmentos de la población.

El fracaso del sistema actual es evidente. El cambio de modelo de gobernabilidad podrá iniciar en 2012 si predominan en los partidos dirigentes con la claridad respecto a la necesidad de dar eficacia al gobierno, para dar así  término al esquema de informal cogobierno, chantaje y connivencia que ha pervertido el proceso democrático, inmovilizado al país y diluido la responsabilidad política.

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