¿Coaliciones o gobierno eficaz?


Liébano Sáenz

El pronunciamiento a favor de un  gobierno de coalición no puede ser tomado a la ligera. Destacados mexicanos se han adherido públicamente a esta propuesta, al igual que varios aspirantes a la candidatura presidencial. El hecho de que ninguno de ellos tenga la primera preferencia al interior de sus respectivos partidos, es un dato importante para entender, al menos, las principales motivaciones de la iniciativa.

Las reacciones que este tema ha generado, dejan claro que podemos hablar de diversos supuestos. En un primer caso, están aquellos que consideran conveniente que un gobierno, al no tener mayoría en el Congreso, decida lograr entendimientos con varios o con todos los partidos, para crear mejores condiciones y, eventualmente, establecer un piso común que agilice las decisiones fundamentales de gobierno y las resoluciones legislativas como el presupuesto y los cambios legales o constitucionales fundamentales.

Un segundo supuesto sería el de la coalición de afines. El Jefe de Gobierno del DF dice que en el gobierno y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya existe una coalición integrada por el PRD, Convergencia y PT. Esta descripción de la coalición gobernante difiere de la anterior porque aquí el acuerdo tiene lugar sólo con las fuerzas políticas ideológicas afines, no con partidos adversarios o políticamente distantes, como se sugiere en el primer caso.

Un tercer supuesto se refiere a la necesidad de promover, desde ahora, un cambio institucional capaz de transformar a fondo el régimen presidencial vigente. Se trata, como ya es conocido, de introducir la figura del Jefe de Gabinete y de que una de las Cámaras o el conjunto del Congreso aprueben el nombramiento de los titulares de las dependencias gubernamentales. La responsabilidad de gobierno se trasladaría del Presidente al Jefe de Gabinete, en función de una designación tomada al interior del poder legislativo.  

Por su parte, el Ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se ha pronunciado por un gobierno eficaz, lo que implicaría revisar las fórmulas de integración de las Cámaras federales, particularmente la de diputados, para propiciar la formación de mayorías. Las vías para tal propósito pueden ser: a) eliminar la cláusula que limita la sobrerrepresentación a 8 por ciento; b) reducir o eliminar los legisladores de representación proporcional; o c) establecer fórmulas que faciliten suficientes asientos para que la primera fuerza legislativa alcance la mayoría absoluta.

Esta propuesta es consistente con la modernización de la Presidencia; es decir, con asignarle facultades al Ejecutivo para que pueda actuar con eficacia ante las diversas condiciones existentes, especialmente si no cuenta con una mayoría afín en el Congreso o en cualquiera de las Cámaras. Tales facultades incluirían la llamada reconducción presupuestal ante una situación de desacuerdo o indefinición en la aprobación del presupuesto, la iniciativa preferente y la creación de una Oficina Presidencial dotada de responsabilidades fundamentales como Seguridad Nacional,  preparación del presupuesto y negociación con los partidos y con el Congreso.

Las iniciativas de gobierno de gabinete y de gobierno presidencial eficaz apuntan en  sentidos radicalmente opuestos. El primero pretende parlamentarizar el régimen de gobierno; el segundo, sentar las bases de gobernabilidad democrática en el marco de  un régimen presidencial con división de poderes. Un régimen presidencial fuerte no debe ser entendido como la reedición del presidencialismo autoritario, como ha sido señalado. Su referente es la presidencia moderna de EU, erigida durante el mandato de Franklin D. Roosevelt. Se trata de que el gobierno tenga la capacidad y el poder para cumplir el mandato democrático, en un entorno que incluya un Congreso activo e independiente, un Poder Judicial garante de la constitucionalidad y legalidad, y un gabinete cuya dirección y conducción descansen en el Presidente.

Los inconvenientes que advierto en un gobierno de gabinete son diversos; en primer término, que el responsable del gobierno no surge del voto popular sino de la negociación política entre partidos y legisladores. Las decisiones dependen de los líderes políticos, no de los ciudadanos. ¿Para qué elegir a un Presidente si no tendrá  la responsabilidad del gobierno? ¿Cómo conciliar el posible desencuentro entre un Presidente cuyo mandato tiene como origen el voto ciudadano y un Jefe de Gabinete cuya fuerza descansa en la negociación de las cúpulas partidistas?

A ello habría que agregar el déficit de confianza en los partidos y en los legisladores. Un sistema político debe estar cimentado en las fortalezas, y nunca en las debilidades. El Presidente convalida su jerarquía política e institucional en el mandato popular mientras que los partidos, los legisladores y el Congreso en su conjunto, acusan una fuerte reserva ciudadana respecto de su representatividad y compromiso con el país.

Es menester considerar que desde 1997, el país vive en un gobierno de coalición virtual o real, por la simple razón de que ningún partido tiene mayoría en el Congreso. Por ello, las decisiones generadas desde entonces han sido fruto de la convergencia de distintas fuerzas. Los hechos hablan por sí mismos. De manera recurrente, las determinaciones del Ejecutivo se ven disminuidas por el regateo habitual de la pluralidad en el Congreso. Las reformas exitosas no resultan de la debilidad del partido gobernante sino justamente de lo contrario. Así fue la creación del IFE, el arribo de la pluralidad al Congreso, la modernización o la equidad de los procesos electorales, la transformación radical de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México, todo ello en menos de seis años.  ¿Qué es lo que puede presumir la coalición gobernante en casi quince años? No hay mucho que decir.

La disputa por la candidatura del PRI plantea una disyuntiva: continuar con el mismo esquema de una Presidencia debilitada por los excesos de la pluralidad y el abuso del interés particular, o promover una Presidencia eficaz, fortalecida, enmarcada por una gobernabilidad democrática y comprometida con la salvaguarda del Estado como expresión del interés general. Esa es la cuestión. Las coaliciones pueden ser punto de destino, pero el punto de partida está en las urnas; primero el mandato que dan sólo los votos, después los acuerdos.

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