Los aspirantes a la presidencia y sus partidos


Liébano Sáenz

Los tres partidos han emprendido las acciones conducentes para la selección de sus candidatos presidenciales. Ayer, aquí en las páginas de Milenio, Marco Rascón opinaba sobre la falta de autocrítica en la izquierda; la verdad es que esta observación también es válida para los otros dos grandes partidos. Al interior del PAN, PRI y PRD ha hecho falta una reflexión sobre los grandes tropiezos electorales y políticos que han tenido; también es urgente una evaluación sobre su tarea de intermediación entre el poder público, la sociedad que representan y las causas que dicen abanderar. Es un hecho que de cara a la elección de 2012, el sistema de representación política está en crisis por la falta de ascendiente y confianza de la sociedad en partidos y legisladores.

Los partidos resolvieron emprender una reforma profunda en 2007; los resultados de ese cambio son contradictorios y el balance en varios aspectos es adverso. Debe hacerse un ejercicio crítico de lo que los legisladores aprobaron, porque mucho de lo que ahora sucede es efecto de esa reforma. No es cuestión menor la restricción de las libertades. Tampoco que el modelo de comunicación haya derivado en el espotismo y en una circunstancia que ha llevado al enfrentamiento al órgano electoral con los medios de comunicación, especialmente, la radio y la televisión. Hay un hecho inequívoco de esto: hoy no podemos decir que tenemos mejores elecciones que antes de la reforma de 2007.

Un efecto indeseable de la disfuncionalidad de las reglas del juego que generó la reforma de 2007, ha sido la simulación. Se dio un paso positivo al regular las precampañas, pero no se promovió lo fundamental: la democracia al interior de las organizaciones políticas. Se definieron tiempos y plazos que en la práctica nadie cumple. Por otra parte, merced a esa reforma, hoy los aspirantes deben conducirse con el temor de la sanción como si fuera delito buscar el voto o ejercer las libertades políticas. Es evidente que estas reglas del juego son injustas e inequitativas. Cada partido resuelve a su modo esta circunstancia. Con el régimen legal actual se hace imposible que un ciudadano fuera de la estructura política partidaria formal, pueda tener la posibilidad de ser candidato a un cargo de elección como efecto del derecho a ser votado y no como una concesión de la cúpula partidaria.

El PRD ha optado por la encuesta para elegir su candidato presidencial. Más que virtud o ingenio es muestra de las dificultades que ha tenido la izquierda para resolver de manera democrática sus definiciones fundamentales. La opción tiene propósito práctico, pero muy poco sentido político, además de que se aleja del marco legal, de los plazos y procedimientos contenidos en la ley que ellos mismos promovieron. ¿Para qué regular precampañas si es una encuesta fuera de tiempo la que define las candidaturas? ¿Cómo le va a hacer el aspirante ganador de la encuesta para no incurrir en actos anticipados de campaña, durante los cinco meses que suceden a la encuesta? ¿Cómo acceder a las prerrogativas de ley en precampañas si ya hay candidato?

En su oportunidad fueron manifiestos los problemas que se anticipaban en la iniciativa de esa mala reforma, los que fueron ignorados. Una vez aprobada y al corroborar en la realidad las insuficiencias y dificultades de la nueva realidad legal, muchos nos pronunciamos sobre la urgencia de una reforma electoral correctiva para tener mejores comicios. El debate se desvió con el espejismo de una reforma política sustantiva con temas que desde el principio se sabía que eran de muy difícil aprobación. La realidad es que el intento de dicha reforma aprobada por el Senado, fue utilizada dentro y fuera de los partidos como una coartada electoral para significar costos a los competidores. El Senado ni aprobó la propuesta del Ejecutivo sobre un nuevo modelo policial ni hubo espacio para corregir los errores o las omisiones de la reforma de 2007. Los hechos revelan la dimensión del compromiso de los actores con el cambio jurídico; también el sentido de sus verdaderas intenciones quedó expuesto.  

El PAN ha hecho un genuino esfuerzo para ajustar sus procedimientos de selección de candidatos a lo que establece la ley. Sin embargo, la realidad se impone: existen tres aspirantes quienes con toda legitimidad buscan ganar la candidatura, todo ocurre al margen de los plazos y procedimientos partidarios porque una ley absurda los conduce a eso. Los inconvenientes surgen hasta para que haya un diálogo público entre aspirantes, bajo la tesis de una eventual sanción de los órganos jurisdiccionales. Tres aspirantes en la frontera de la legalidad por una reforma restrictiva de las libertades políticas.

El PRI pudo concertar un compromiso para privilegiar la propuesta previa a la selección de candidatos. En un aspecto muy importante, los resultados le son alentadores, especialmente, por el ambiente de cordialidad con el que se han desahogado los encuentros. El procedimiento no sólo le ha dado visibilidad a los aspirantes, sino que ha sido ocasión para conocer con claridad la posición diferenciada de ellos en un marco de respeto y de encomiable civilidad. La cuestión es que la posición programática del partido, por razones obvias, no puede tener definiciones, su contenido deriva del común denominador, lo que dice poco al ciudadano, más allá de su carga retórica de este tipo de documentos.

Es mucho lo que habrá de ocurrir en los próximos meses previos a la elección. En el pasado, en noviembre previo al año de la elección, ocurrían las definiciones sobre las candidaturas presidenciales. Es posible que así suceda con el candidato de la coalición PRD, Movimiento Ciudadano y PT. Mientras el PAN y el PRI habrán de avanzar en un procedimiento cuyo desenlace se formalizará hasta el mes de febrero. De ocurrir así, la ventaja inicial de la izquierda se acompaña de una serie de limitaciones y restricciones que podrían hacer valer sus adversarios ante las instancias electorales. Por su parte el PAN y el PRI continuarán, a su modo, con una definición incierta para el primero y más que anunciada para el segundo. El tránsito de aspirantes a candidatos para que todo se resuelva el primer domingo de julio.

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