La comezón del sexto año


Liébano Sáenz

Una sola excepción ha registrado la accidentada transferencia sexenal del poder nacional en  México durante todo su trayecto desde que es un país independiente; el acontecimiento consecutivo, protagonizado o atestiguado por generaciones y generaciones de mexicanos, cuya característica común es la incapacidad de concretar relevos de gobierno en la normalidad política. Con democracia plena o a medias, la historia ha sido la misma, salvo en 2000. La diferencia ocurrida entonces no fue un golpe de suerte, sino resultado de la voluntad que se hizo patente desde la controvertida declaración del Presidente electo Ernesto Zedillo de que no intervendría en la designación del candidato de su partido a la Presidencia, y de que, en lo sucesivo, tanto el Gobierno como el Partido habrían de realizar, cada uno, sus propias encomiendas. La sujeción de la Presidencia a su misión de garantizar la normalidad y la equidad en el proceso electoral se había manifestado; sin embargo, la lección, desgraciadamente, no fue aprendida y el sucesor en el 2006 dejó como legado un proceso electoral singularmente complicado.

En muchos sentidos, el final del quinto año de gobierno representa la agonía del ciclo político de la Presidencia. Aunque existe todavía un año por delante, y la obligación constitucional de gobernar y de administrar sigue vigente, las condiciones para el desempeño de la responsabilidad sufren significativas modificaciones. La sucesión presidencial ejerce una enorme presión a todo y  todos. El esfuerzo mayor debe estar enfocado en que el gobierno haga lo suyo, y a evitar que el ruido y el movimiento propio de la elección alteren el cumplimiento imparcial de las responsabilidades. Es una tarea del Presidente y también del conjunto de la administración federal, de los gobernadores y de los alcaldes. La imparcialidad de los gobiernos es condición para una elección justa.

Es innegable que los funcionarios tienen preferencias partidistas, así como derechos políticos legítimos. Aquí, la cuestión es definir esa línea imprecisa entre la responsabilidad legal y los derechos, entre la misión de gobernar para  todos y la de pertenecer a un partido o corriente política. No hay cabida para simulaciones pero tampoco para el cinismo. Es necesario emprender un esfuerzo que acredite la debida relación entre gobiernos y partidos, entre el interés general y el derecho de todo mexicano a participar activamente en política.

En este contexto, el sexto año resulta ser el más trascendente de una administración, y puede significar la diferencia. Un mal sexto año es capaz de malograr todo lo positivo de una gestión y, viceversa. El gobierno de Felipe Calderón llega en su mejor momento a este plano del mandato: una economía estable, cifras de violencia a la baja, el reconocimiento a su esfuerzo por parte del candidato presidencial del principal partido opositor, y un nivel aceptable de aprobación pública. A pesar de los numerosos problemas, gradualmente se decantan hechos y señales para un razonado optimismo.

El sexto año puede ser el mejor del gobierno calderonista, aunque ello no necesariamente se traduzca en votos para su partido. Comicios y gobierno se mueven en escenarios distintos. Desde luego que, para el partido gobernante, la percepción del electorado de éxito y buenas cuentas del gobierno es significativa pero no suficiente; y, en las condiciones actuales, significaría un error para el PAN fincar en ello su victoria, igual que sería un desacierto del PRI o del PRD apostar al triunfo sobre la base del deterioro del gobierno y del golpe al Presidente.

El hecho más relevante es que hay que perfilar las condiciones para que la contienda electoral ocurra  en un contexto de mayor normalidad con respecto al que rigió hace seis años. En el gobierno ha habido prudencia en los menesteres que tienen que ver con su propio partido. Tres políticos de excelencia, con posturas y trayectorias claramente diferenciadas, disputan la candidatura presidencial del PAN. La ley electoral les impone a ellos y a sus competidores de otros partidos, condiciones absurdas que patentizan la deficiente reforma que se dejó pasar en 2007. Sin embargo, hay una competencia digna de la historia del PAN, y habrá que construir el buen desenlace.

El PRD resolvió la candidatura con anticipación al periodo de precampaña mediante el acuerdo de sus dos principales aspirantes. El resultado ha sido positivo; ha llevado a las izquierdas a la unidad que había perdido desde 2006 y ha favorecido la actitud moderada y prudente de su virtual candidato presidencial, AMLO. Se advierte la apuesta por las instituciones y por la inteligencia del elector. El aumento reciente en las preferencias, aunque modesto, convalida la forma y el fondo de la estrategia.

En el PRI, la definición de candidato ocurre por la declinación del otro contendiente, en el marco de un virtual consenso sobre quién debería representar al partido: Enrique Peña Nieto. Lo ocurrido desde ese día favorece un nuevo momento para el PRI. Peña Nieto, no sólo ha planteado una postura clara sobre su propuesta política sino que la ha deliberado públicamente con intelectuales y analistas de acreditada independencia y calidad profesional. Existe la convicción genuina de que la lucha del Presidente contra el crimen organizado y la violencia es una tarea de todos.

Lo más importante, lo más trascendente, es lograr, desde ya, la construcción de las bases para alcanzar un punto de inflexión en la calidad de la política y en la eficacia de los gobiernos. Depende mucho del equilibrio político emanado de los resultados electorales, pero también de la actitud de los actores y de la inercia que ellos mismos induzcan a lo largo de las elecciones. Los contendientes están llamados a mantener su lealtad a las instituciones de la República. Por su parte, los gobiernos deben dedicarse al desempeño de sus responsabilidades con imparcialidad y con respeto riguroso a la ley. Al mismo tiempo, corresponde a los organismos electorales cuidar los términos de la contienda alejados de las presiones externas, del gobierno o de los partidos; y a los  factores de poder y medios de comunicación, les toca contribuir a la construcción de un ambiente propicio.  En interés común, el sexto año debe ser el mejor.

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