La equidad sospechosa


Liébano Sáenz

En su intento de regular las precampañas, la reforma de 2007 no obligó a los partidos a democratizar la designación de candidatos;  sin embargo, su propósito fue otro y la instrumentación es defectuosa. Invariablemente, una norma que, en aras de la equidad o el control, afecta las libertades políticas, generará resultados adversos. Ahora, esto se hace evidente: tres aspirantes del partido en el gobierno transitan con enormes ventajas y privilegios con respecto a los otros dos de la oposición. La promoción personalizada de los primeros está sustentada en prerrogativas de ley que a los otros dos opositores no se les brinda: dinero y acceso a la radio, a la televisión y a todos los medios para hacer su comunicación política.

La inequidad se hace más que evidente y, en este caso, las libertades políticas de quienes disputan el poder al partido gobernante se ven restringidas por la ley y por la interpretación dispareja que realiza el Tribunal Electoral. Queda claro que las precampañas, como fueron concebidas por el legislativo, son realmente campañas políticas. De otra manera no se entiende el acceso a los medios de comunicación masiva, cuando quienes podrían votar en la elección interna del PAN, en el mejor de los casos, son sólo 1.7 millones de ciudadanos, esto es 2.1% de la lista nominal de todos los electores. En otras palabras: los mensajes de las precampañas en curso llegan a todos, cuando en realidad sólo votaría una mínima proporción perfectamente ubicada al interior del PAN.

El derroche en publicidad es un tema relevante; los promocionales de la campaña en radio y Tv tienen un costo y un valor en el mercado; pero el asunto de fondo es que 98% de los receptores de la campaña no tienen poder de voto en la elección a la que aluden los mensajes. El problema es que esta circunstancia sí afecta la equidad para la elección constitucional de julio próximo, dado que uno de los candidatos, el que resulte ganador en la contienda interna del PAN, habrá iniciado ya desde ahora su promoción personalizada ante la mayor proporción de electores, mientras que los otros dos candidatos, Andrés Manuel y Peña Nieto, no sólo carecen de los mismos apoyos fiscales, sino que tienen prohibido realizar actos públicos. Equidad sospechosa.

Es previsible la respuesta de los beneficiados o los defensores de la ley, pues la desventaja bien puede explicarse con el argumento de que el PAN sí optó por una elección interna, mientras que los otros dos la excluyeron. Sin embargo, este razonamiento no es del todo cierto. Sí, fue decisión del PRD y de los partidos coaligados llevar a cabo un procedimiento para la definición de candidato con antelación a los tiempos de precampaña; pero no ocurrió lo mismo en el caso del aspirante del PRI, cuya condición de candidato único derivó de la declinación, a última hora, de su competidor. La afectación legal que le significa al candidato del PRI y al PRD no contar con los mismos elementos que sus competidores del PAN resulta de actos que no son propios, que ni siquiera estaban previstos en las normas internas o en el procedimiento de selección del candidato.

Es explicable la inconformidad manifiesta de López Obrador por lo ocurrido. Por un lado, los precandidatos del PAN no sólo disfrutan las enormes ventajas de las prerrogativas oficiales y, por el otro, se pretende que él y Peña Nieto limiten su proselitismo a los miembros y a las propias estructuras de sus respectivos partidos. Cabe señalar que la desigualdad de criterios no encuentra sustento ni en la ley ni en la misma Constitución. Con su fallo, el Tribunal ha ido demasiado lejos porque aplica la restricción de actividades para miembros de partidos exclusivamente a los candidatos únicos. Tanto el Tribunal como el régimen de prerrogativas de precampaña presuponen que las elecciones internas sean abiertas a toda la ciudadanía, cuando evidentemente no es el caso del proceso de selección en el PAN.

El saldo de la defectuosa e inequitativa reforma de 2007 queda ahora a la vista: candidatos que no pueden ejercer sus derechos políticos básicos en términos de libertad de expresión y de asociación; criterios judiciales sin sustento constitucional que, además, inducen inequidad al desentenderse del principio de igualdad; dispendio publicitario a favor de unos y con exclusión de los demás contendientes, y daño en la relación de las instituciones electorales con partidos y candidatos. En suma, la norma de 2007 favorece la inequidad y lesiona las libertades.

Es difícil que ocurra la enmienda por parte del Tribunal Electoral. Lo menos que puede precisar la sentencia del caso es que tampoco los precandidatos del PAN puedan realizar actos de proselitismo fuera de los confines partidarios. Sin embargo, el asunto de fondo y que debe preocuparnos a todos no es definir lo que está prohibido, sino subsanar la desigualdad y la inequidad que genera el acceso diferente a las prerrogativas. Y bien vale la pena subrayar que esta penosa situación no es, necesariamente, fruto de las determinaciones del órgano judicial ni del IFE, sino de una mala ley que hace valer la equidad a costa de la libertad.

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La Pascua: la maravilla de la Navidad se manifestó en un pequeño gran pesebre y ha estado ahí desde entonces. La esencia del grandioso acontecimiento del mundo cristiano está viva y refugiada en algún lugar de nuestro infinito universo interior; es como la sangre necesitada de purificación que se refugia siempre en el corazón porque sólo de ahí obtiene el impulso para volver renovada.

Si somos capaces de comprender el verdadero sentido de esta celebración, sabremos que la bondad, el amor y la buena voluntad son la mirra, el incienso y el oro que nos toca ofrecer ahora. Se han cumplido ya dos milenios del llamado y siempre es un buen momento para responder porque conocemos de sobra que esta invitación no tiene fecha de caducidad. Feliz Navidad a todos los generosos y tolerantes lectores de esta columna semanal.

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