El acceso a la radio y la tv, la inequidad en la contienda del 2012


Liébano Sáenz

Las deficiencias de la ley electoral y su indebida interpretación por las autoridades electorales obligan a un debate legal sobre la inequidad. La enorme ventaja de los precandidatos presidenciales del PAN respecto de los del PRD y del PRI compromete los principios más elementales de una elección justa. Por un lado, hay tres precandidatos, con promoción personalizada, respaldados por sustantivas prerrogativas que les dan acceso a la radio y la televisión; por el otro, están dos precandidatos de la oposición en permanente jaque por una eventual violación a la norma, sin acceso a los principales canales masivos y advertidos de la prohibición de acceder, bajo cualquier modalidad, a los medios electrónicos.

Se supone que las precampañas, y las prerrogativas que a ellas corresponden, buscan que partidos y precandidatos puedan realizar su proselitismo de manera interna, ante los electores con capacidad de decidir quién habría de ser candidato. Sin embargo, el acceso a la radio y a la televisión pone en entredicho esta presunción y representa una contradicción legal. En aras de mitigar la situación, se opta por la simulación, un mensaje al final de los promocionales, que tal vez sin proponérselo, ironiza sobre la propia ley y la democracia mexicana, algo como “este mensaje (que vemos todos) está dirigido exclusivamente a los miembros (activos y adherentes) del Partido Acción Nacional” (así que usted, que no llena ese perfil, por favor no lo vea). Justicia poética.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la oportunidad de enmendar una de las tantas deficiencias de la ley emanada de la reforma de 2007, que hace de la inequidad y de la desigualdad, el punto de partida para la elección. El acceso a la publicidad sí está marcando una diferencia. El conocimiento de los aspirantes del PAN crece de manera significativa entre toda la población y no nada más entre el grupo conformado por el millón ochocientos mil adherentes y simpatizantes de ese partido que, en el mejor de los casos, tendrían posibilidad de votar. Y el hecho de que esto ocurra en la segunda quincena de diciembre, cuando los electores son poco perceptivos, confirma que la promoción que realizan los precandidatos panistas a través de la radio y la televisión tiene un efecto real y evidente. Adicionalmente, cabe advertir que la estrategia de comunicación de los precandidatos Creel y Cordero no se dirige a los panistas sino que arremete fundamentalmente contra el PRI y su precandidato, quien queda en estado de indefensión por no tener acceso a los medios electrónicos y porque además, debe cuidar los términos de su uso para no caer en supuestos actos anticipados de campaña.

Para quien resulte ganador de la elección interna entre panistas, la campaña ya inició en ventaja sobre sus seguros competidores en el PRD y el PRI; además, esa ventaja está ocurriendo con el respaldo de las prerrogativas de ley y con una interpretación a las leyes favorable a su circunstancia. Para los precandidatos del PRI y PRD la situación es gravosa e inequitativa en extremo, ya que deberán someterse a las restricciones impuestas por las autoridades electorales a través de la interpretación a las leyes, igualmente taxativa.

La anulación de la elección del ayuntamiento en Morelia por parte del Tribunal Electoral se enmarca en este debate de criterios desiguales. En este caso específico, la publicidad en televisión restringida y el uso del logotipo del PRI durante una función de box dio lugar a la anulación de la elección. La encuesta de GCE entre 800 electores que declararon haber votado por el PRI en Morelia revela que fueron muy pocas personas las que reconocieron  haber sido influenciadas por el mensaje que sirvió de fundamento a la invalidación; y lo mismo toca a la difusión del cierre de campaña. En contraposición están las cuestiones de las precampañas presidenciales; particularmente el caso de una considerable publicidad en radio y televisión por parte de tres precandidatos presidenciales que sí está modificando, desde ahora, las preferencias y que sí representa evidentes actos de campaña ya que están dirigidos a la totalidad de la población. De haber congruencia en el Tribunal, estas razones legales tendrían mayor peso que las argüidas para anular los comicios municipales de Morelia.

Por su parte, el precandidato del PRI, Enrique Peña, inició en Huejutla su precampaña. Fue un evento simbólico que evocó a Luis Donaldo Colosio en enero de 1994, año singularmente trágico que marcó un cambio en la historia de México. Hay un proyecto en suspenso, aquel que visualizaba Colosio y cuya premisa era la igualdad entre las regiones y entre la sociedad. La equidad social sigue siendo capítulo importante de la agenda nacional. La mejor manera de rendir tributo a Luis Donaldo es recuperar su proyecto y hacer vigente lo mejor y lo más urgente de su proyecto: el mejor futuro de México pasa por las regiones, por los municipios, por los estados. Un mensaje desde el México olvidado.

Andrés Manuel López Obrador, el otro precandidato opositor, tiene un reto monumental: recuperar la confianza y el respaldo que logró en 2006. Los números son muy distintos ahora, al igual que su plataforma de inicio. Él y su coalición son los más afectados por la inequidad en la precampaña. Él, más que otro, está obligado a impugnar el trato desigual. El impacto positivo de la forma en la que fue electo precandidato a finales de noviembre ha perdido impulso. Ahora, Josefina Vázquez Mota lo ha remitido al tercer lugar. Las buenas formas no implican mostrar conformidad ante la inequidad. Los eventos masivos crean y recrean el ambiente y la confianza, pero no son generadores de votos. Y sí en cambio lo es una buena campaña en medios electrónicos.

El IFE y el Tribunal  Electoral tienen una responsabilidad delicada si su objetivo es llevar a buen puerto la elección de 2012. Es cierto que su margen de intervención está acotado por la ley. También lo es, particularmente para el Tribunal, que sus atribuciones deben estar orientadas a garantizar los principios constitucionales que fundan la democracia electoral. Si el constituyente privilegió la equidad sobre la libertad, al menos en ello habría que ser congruentes. Hoy, como estamos, la contienda electoral se mide con distintas varas.

Que la prosperidad, el éxito, la armonía y la fuerza de voluntad inunden los hogares de cada uno de los generosos lectores de esta columna. ¡Muy feliz año nuevo para todos!

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