La electoral, una ley distante de la realidad


Liébano Sáenz

En este espacio, la semana pasada anticipamos la inquietud que habría de convertirse en preocupación fundamental de autoridades electorales, candidatos, representantes de medios electrónicos y partidos políticos. Me refiero al periodo comprendido entre el 16 de febrero y los últimos días de marzo, que son una forma de limbo pleno de incertidumbre. Los candidatos presidenciales ya fueron designados y, sin embargo, han sido silenciados. Deben callar y no pueden realizar las actividades que corresponden a un candidato. Las libertades de expresión y de asociación se ven coartadas por una ley que atenta contra la naturaleza propia de la política. A la vista, y durante casi un mes y medio, sólo hay candidatos presidenciales amordazados e impedidos para realizar su proselitismo, lo que se traduce en terreno fértil para todo tipo de descalifaciones indirectas, sin que los ciudadanos podamos escuchar propuestas concretas y conocer a quien, con nuestro voto, habrá de gobernarnos.

Se equivocan quienes ubican el origen de las dificultades en el IFE o en el Tribunal Electoral. En realidad los responsables son los partidos, que, aunque ahora disconformes, fueron ellos los que no alcanzaron a ver o minimizaron el error que entrañaban muchos capítulos de la reforma de 2007. Es así como aquellos que aprobaron y que ahora reclaman no pueden sentirse sorprendidos ni desestimar las voces que han señalado los errores, bajo el inquietante e injusto argumento de que son consecuencia de los intereses económicos lastimados por el cambio legal.

Lo que acontece actualmente saca nuevamente a la luz un hecho: se legisló en función del agravio y de la culpa asociada al desenlace de la elección de 2006. También ondeó la bandera del oportunismo al vaivén del deseo de definir reglas funcionales para los legisladores con pretensiones presidenciales y que al mismo tiempo constituyeran un obstáculo a las aspiraciones de los gobernadores, el jefe de Gobierno y AMLO. La intención fue amordazarlos y la estrategia fue la simulación. Los medios de comunicación fueron responsabilizados pese a que la inequidad previa había sido generada en la elección de 2006 por la conducta de los propios partidos y del gobierno. Al amparo del anhelo por unas elecciones justas y equitativas afloró, desafortunadamente, la ancestral cultura estatista y restrictiva de las libertades.

La reforma de 2007 infligió un severo golpe a la autonomía del IFE y estableció un modelo comunicacional con fuerte tufo autoritario y un claro corte antiliberal. El saldo está a la vista: la confrontación de las autoridades electorales con la industria de la radio y tv, la debilidad de un órgano electoral desvirtuado en su tarea de organizar elecciones, la incertidumbre jurídica, el dominio del espotismo, el centralismo electoral, el dispendio ofensivo, la partidocracia, el recurrente fraude a la ley y, especialmente, la merma de derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación.

Resulta interesante que ahora sean los senadores quienes reclaman al IFE y al Tribunal por la mala ley que ellos mismos aprobaron. En la Junta de Coordinación Política del Senado, han llegado al exceso de solicitar la elaboración de un documento que explique claramente los objetivos de la ley reformada en 2007 y las intenciones del Poder Legislativo al momento de aprobarla. El documento, cuyo destinatario es el IFE, busca ofrecer lineamientos para la interpretación de la ley, ignorando que corresponde al Poder Judicial interpretar la norma, y no a los senadores.

El desencuentro entre los permisionarios de radio y tv y las autoridades electorales a nadie beneficia. Es necesaria la prudencia de ambos. Los directivos de los medios no pueden pretender que el IFE incumpla las responsabilidades que le asigna una mala ley, pero tampoco el IFE puede convertir la vía judicial en estrategia primaria para la salvaguarda de derechos, porque en materia electoral el amparo no procede y los tiempos son fatales. Finalmente, ambos deben tener presente que el origen es una legislación deficiente. De esta forma, los consejeros del IFE no pueden ser complacientes defensores de un modelo comunicacional bajo la premisa de que los medios son una amenaza a la democracia o, en el peor de los casos, intrusos con el poder de distorsionar la voluntad popular.

Las exigencias de claridad, incluida la de los promotores del cambio legal, son consecuencia de una ley ambigua, confrontada con los derechos constitucionales y con la naturaleza propia de la política; una ley que reniega de la realidad cuando su función es regularla. La interpretación que de ella hace el IFE, aun bajo el supuesto de un consenso del Consejo General, no favorece la claridad o la certeza; en todo caso, estas determinaciones constituyen una opinión que sólo compromete al IFE; la tarea corresponde al órgano jurisdiccional.

A partir del jueves pasado, el proceso electoral ingresó a una etapa de confusión e incertidumbre; un momento que además es crítico por su proximidad a la elección. Hay candidatos presidenciales inmovilizados para hacer su tarea. Los medios de comunicación y los mismos periodistas enfrentan una situación incierta. Es un lapso que obliga a las autoridades federales y locales a desempeñarse con prudencia para no alterar las premisas de una elección justa. El absurdo impasse de silencio debe ser resuelto con un compromiso compartido que honre y acredite a la democracia.

Hay una serie de actividades de corte electoral y partidario en curso, derivadas de la elección de legisladores federales, así como de los comicios locales que se celebrarán en 12 entidades. No parece quedar claro en la interpretación que hace el IFE a la legislación en la materia el impacto que tienen estos procesos electorales concurrentes a la elección presidencial. Los partidos y los candidatos pueden actuar a partir del calendario de las elecciones concurrentes.

Una competencia democrática virtuosa requiere actores formales y colaterales del proceso político que entiendan que hay un terreno común por salvaguardar. Malas leyes no dan licencia para desentenderse de ellas; tampoco se puede invocar razón superior por encima de lo que establece la Constitución. El sistema judicial electoral ha mostrado más virtudes que defectos, es una vía estrecha que, sin embargo, otorga margen para superar muchas de las diferencias que la realidad y la misma ley plantean. No existe norma ni institución a prueba de candidatos, partidos y autoridades que carezca de sentido de responsabilidad y de compromiso. Eso es lo que debe quedar claro.

En este espacio, la semana pasada anticipamos la inquietud que habría de convertirse en preocupación fundamental de autoridades electorales, candidatos, representantes de medios electrónicos y partidos políticos. Me refiero al periodo comprendido entre el 16 de febrero y los últimos días de marzo, que son una forma de limbo pleno de incertidumbre. Los candidatos presidenciales ya fueron designados y, sin embargo, han sido silenciados. Deben callar y no pueden realizar las actividades que corresponden a un candidato. Las libertades de expresión y de asociación se ven coartadas por una ley que atenta contra la naturaleza propia de la política. A la vista, y durante casi un mes y medio, sólo hay candidatos presidenciales amordazados e impedidos para realizar su proselitismo, lo que se traduce en terreno fértil para todo tipo de descalifaciones indirectas, sin que los ciudadanos podamos escuchar propuestas concretas y conocer a quien, con nuestro voto, habrá de gobernarnos.

Se equivocan quienes ubican el origen de las dificultades en el IFE o en el Tribunal Electoral. En realidad los responsables son los partidos, que, aunque ahora disconformes, fueron ellos los que no alcanzaron a ver o minimizaron el error que entrañaban muchos capítulos de la reforma de 2007. Es así como aquellos que aprobaron y que ahora reclaman no pueden sentirse sorprendidos ni desestimar las voces que han señalado los errores, bajo el inquietante e injusto argumento de que son consecuencia de los intereses económicos lastimados por el cambio legal.

Lo que acontece actualmente saca nuevamente a la luz un hecho: se legisló en función del agravio y de la culpa asociada al desenlace de la elección de 2006. También ondeó la bandera del oportunismo al vaivén del deseo de definir reglas funcionales para los legisladores con pretensiones presidenciales y que al mismo tiempo constituyeran un obstáculo a las aspiraciones de los gobernadores, el jefe de Gobierno y AMLO. La intención fue amordazarlos y la estrategia fue la simulación. Los medios de comunicación fueron responsabilizados pese a que la inequidad previa había sido generada en la elección de 2006 por la conducta de los propios partidos y del gobierno. Al amparo del anhelo por unas elecciones justas y equitativas afloró, desafortunadamente, la ancestral cultura estatista y restrictiva de las libertades.

La reforma de 2007 infligió un severo golpe a la autonomía del IFE y estableció un modelo comunicacional con fuerte tufo autoritario y un claro corte antiliberal. El saldo está a la vista: la confrontación de las autoridades electorales con la industria de la radio y tv, la debilidad de un órgano electoral desvirtuado en su tarea de organizar elecciones, la incertidumbre jurídica, el dominio del espotismo, el centralismo electoral, el dispendio ofensivo, la partidocracia, el recurrente fraude a la ley y, especialmente, la merma de derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación.

Resulta interesante que ahora sean los senadores quienes reclaman al IFE y al Tribunal por la mala ley que ellos mismos aprobaron. En la Junta de Coordinación Política del Senado, han llegado al exceso de solicitar la elaboración de un documento que explique claramente los objetivos de la ley reformada en 2007 y las intenciones del Poder Legislativo al momento de aprobarla. El documento, cuyo destinatario es el IFE, busca ofrecer lineamientos para la interpretación de la ley, ignorando que corresponde al Poder Judicial interpretar la norma, y no a los senadores.

El desencuentro entre los permisionarios de radio y tv y las autoridades electorales a nadie beneficia. Es necesaria la prudencia de ambos. Los directivos de los medios no pueden pretender que el IFE incumpla las responsabilidades que le asigna una mala ley, pero tampoco el IFE puede convertir la vía judicial en estrategia primaria para la salvaguarda de derechos, porque en materia electoral el amparo no procede y los tiempos son fatales. Finalmente, ambos deben tener presente que el origen es una legislación deficiente. De esta forma, los consejeros del IFE no pueden ser complacientes defensores de un modelo comunicacional bajo la premisa de que los medios son una amenaza a la democracia o, en el peor de los casos, intrusos con el poder de distorsionar la voluntad popular.

Las exigencias de claridad, incluida la de los promotores del cambio legal, son consecuencia de una ley ambigua, confrontada con los derechos constitucionales y con la naturaleza propia de la política; una ley que reniega de la realidad cuando su función es regularla. La interpretación que de ella hace el IFE, aun bajo el supuesto de un consenso del Consejo General, no favorece la claridad o la certeza; en todo caso, estas determinaciones constituyen una opinión que sólo compromete al IFE; la tarea corresponde al órgano jurisdiccional.

A partir del jueves pasado, el proceso electoral ingresó a una etapa de confusión e incertidumbre; un momento que además es crítico por su proximidad a la elección. Hay candidatos presidenciales inmovilizados para hacer su tarea. Los medios de comunicación y los mismos periodistas enfrentan una situación incierta. Es un lapso que obliga a las autoridades federales y locales a desempeñarse con prudencia para no alterar las premisas de una elección justa. El absurdo impasse de silencio debe ser resuelto con un compromiso compartido que honre y acredite a la democracia.

Hay una serie de actividades de corte electoral y partidario en curso, derivadas de la elección de legisladores federales, así como de los comicios locales que se celebrarán en 12 entidades. No parece quedar claro en la interpretación que hace el IFE a la legislación en la materia el impacto que tienen estos procesos electorales concurrentes a la elección presidencial. Los partidos y los candidatos pueden actuar a partir del calendario de las elecciones concurrentes.

Una competencia democrática virtuosa requiere actores formales y colaterales del proceso político que entiendan que hay un terreno común por salvaguardar. Malas leyes no dan licencia para desentenderse de ellas; tampoco se puede invocar razón superior por encima de lo que establece la Constitución. El sistema judicial electoral ha mostrado más virtudes que defectos, es una vía estrecha que, sin embargo, otorga margen para superar muchas de las diferencias que la realidad y la misma ley plantean. No existe norma ni institución a prueba de candidatos, partidos y autoridades que carezca de sentido de responsabilidad y de compromiso. Eso es lo que debe quedar claro.

En este espacio, la semana pasada anticipamos la inquietud que habría de convertirse en preocupación fundamental de autoridades electorales, candidatos, representantes de medios electrónicos y partidos políticos. Me refiero al periodo comprendido entre el 16 de febrero y los últimos días de marzo, que son una forma de limbo pleno de incertidumbre. Los candidatos presidenciales ya fueron designados y, sin embargo, han sido silenciados. Deben callar y no pueden realizar las actividades que corresponden a un candidato. Las libertades de expresión y de asociación se ven coartadas por una ley que atenta contra la naturaleza propia de la política. A la vista, y durante casi un mes y medio, sólo hay candidatos presidenciales amordazados e impedidos para realizar su proselitismo, lo que se traduce en terreno fértil para todo tipo de descalifaciones indirectas, sin que los ciudadanos podamos escuchar propuestas concretas y conocer a quien, con nuestro voto, habrá de gobernarnos.

Se equivocan quienes ubican el origen de las dificultades en el IFE o en el Tribunal Electoral. En realidad los responsables son los partidos, que, aunque ahora disconformes, fueron ellos los que no alcanzaron a ver o minimizaron el error que entrañaban muchos capítulos de la reforma de 2007. Es así como aquellos que aprobaron y que ahora reclaman no pueden sentirse sorprendidos ni desestimar las voces que han señalado los errores, bajo el inquietante e injusto argumento de que son consecuencia de los intereses económicos lastimados por el cambio legal.

Lo que acontece actualmente saca nuevamente a la luz un hecho: se legisló en función del agravio y de la culpa asociada al desenlace de la elección de 2006. También ondeó la bandera del oportunismo al vaivén del deseo de definir reglas funcionales para los legisladores con pretensiones presidenciales y que al mismo tiempo constituyeran un obstáculo a las aspiraciones de los gobernadores, el jefe de Gobierno y AMLO. La intención fue amordazarlos y la estrategia fue la simulación. Los medios de comunicación fueron responsabilizados pese a que la inequidad previa había sido generada en la elección de 2006 por la conducta de los propios partidos y del gobierno. Al amparo del anhelo por unas elecciones justas y equitativas afloró, desafortunadamente, la ancestral cultura estatista y restrictiva de las libertades.

La reforma de 2007 infligió un severo golpe a la autonomía del IFE y estableció un modelo comunicacional con fuerte tufo autoritario y un claro corte antiliberal. El saldo está a la vista: la confrontación de las autoridades electorales con la industria de la radio y tv, la debilidad de un órgano electoral desvirtuado en su tarea de organizar elecciones, la incertidumbre jurídica, el dominio del espotismo, el centralismo electoral, el dispendio ofensivo, la partidocracia, el recurrente fraude a la ley y, especialmente, la merma de derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación.

Resulta interesante que ahora sean los senadores quienes reclaman al IFE y al Tribunal por la mala ley que ellos mismos aprobaron. En la Junta de Coordinación Política del Senado, han llegado al exceso de solicitar la elaboración de un documento que explique claramente los objetivos de la ley reformada en 2007 y las intenciones del Poder Legislativo al momento de aprobarla. El documento, cuyo destinatario es el IFE, busca ofrecer lineamientos para la interpretación de la ley, ignorando que corresponde al Poder Judicial interpretar la norma, y no a los senadores.

El desencuentro entre los permisionarios de radio y tv y las autoridades electorales a nadie beneficia. Es necesaria la prudencia de ambos. Los directivos de los medios no pueden pretender que el IFE incumpla las responsabilidades que le asigna una mala ley, pero tampoco el IFE puede convertir la vía judicial en estrategia primaria para la salvaguarda de derechos, porque en materia electoral el amparo no procede y los tiempos son fatales. Finalmente, ambos deben tener presente que el origen es una legislación deficiente. De esta forma, los consejeros del IFE no pueden ser complacientes defensores de un modelo comunicacional bajo la premisa de que los medios son una amenaza a la democracia o, en el peor de los casos, intrusos con el poder de distorsionar la voluntad popular.

Las exigencias de claridad, incluida la de los promotores del cambio legal, son consecuencia de una ley ambigua, confrontada con los derechos constitucionales y con la naturaleza propia de la política; una ley que reniega de la realidad cuando su función es regularla. La interpretación que de ella hace el IFE, aun bajo el supuesto de un consenso del Consejo General, no favorece la claridad o la certeza; en todo caso, estas determinaciones constituyen una opinión que sólo compromete al IFE; la tarea corresponde al órgano jurisdiccional.

A partir del jueves pasado, el proceso electoral ingresó a una etapa de confusión e incertidumbre; un momento que además es crítico por su proximidad a la elección. Hay candidatos presidenciales inmovilizados para hacer su tarea. Los medios de comunicación y los mismos periodistas enfrentan una situación incierta. Es un lapso que obliga a las autoridades federales y locales a desempeñarse con prudencia para no alterar las premisas de una elección justa. El absurdo impasse de silencio debe ser resuelto con un compromiso compartido que honre y acredite a la democracia.

Hay una serie de actividades de corte electoral y partidario en curso, derivadas de la elección de legisladores federales, así como de los comicios locales que se celebrarán en 12 entidades. No parece quedar claro en la interpretación que hace el IFE a la legislación en la materia el impacto que tienen estos procesos electorales concurrentes a la elección presidencial. Los partidos y los candidatos pueden actuar a partir del calendario de las elecciones concurrentes.

Una competencia democrática virtuosa requiere actores formales y colaterales del proceso político que entiendan que hay un terreno común por salvaguardar. Malas leyes no dan licencia para desentenderse de ellas; tampoco se puede invocar razón superior por encima de lo que establece la Constitución. El sistema judicial electoral ha mostrado más virtudes que defectos, es una vía estrecha que, sin embargo, otorga margen para superar muchas de las diferencias que la realidad y la misma ley plantean. No existe norma ni institución a prueba de candidatos, partidos y autoridades que carezca de sentido de responsabilidad y de compromiso. Eso es lo que debe quedar claro.

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