Elegir Presidente


Liébano Sáenz

Cada sistema político tiene sus propios principios y reglas. No hay método o teoría universal porque es la historia de cada país lo que define y da identidad a las instituciones políticas. La Constitución mexicana tiene fuertes influencias de la norteamericana, principalmente por el régimen presidencial. Sin embargo, el presidencialismo mexicano, por historia, es significadamente distinto al de Estados Unidos. Allá se le concibió, de origen, como un mal necesario; acá, como la esperanza, como una autoridad suprema que condujera los destinos de la Nación en un país convulso, amenazado y disminuido. La pluralidad, la división de poderes y la democracia electoral de fines del siglo anterior desdibujaron el diseño original, pero la Presidencia continúa siendo la institución eje del sistema político nacional.

Elegir Presidente es el evento más relevante del calendario político y para muchos aspectos, a veces en exceso, se hace referencia a los periodos sexenales como etapas que van más allá de la política, a semejanza de los regímenes monárquicos. La teoría de la representación, propia de la democracia liberal, por mucho se queda corta respecto a lo que un gran número de mexicanos ven y anhelan de quien es Presidente de la República. El país ha evolucionado y también las instituciones políticas, pero la Presidencia requiere de transformaciones en el marco de la gobernabilidad democrática. Por ello es fundamental darle eficacia bajo los principios democráticos, esto es, que el acotamiento o contrapeso al Ejecutivo sea funcional al buen desempeño del gobierno. Este debe de ser un capítulo fundamental de la transición democrática: un sistema político eficaz para las personas y para el conjunto del país.

En tiempo de elecciones se presentan dos tensiones fundamentales vinculadas a la naturaleza del régimen presidencial mexicano: por una parte, la que existe entre el candidato presidencial y el partido que lo postula; por la otra, la que se presenta en el partido gobernante, entre partido, presidente saliente y candidato presidencial. En esto, recurrir al precedente norteamericano, donde existe reelección presidencial y legislativa (consecutiva), con un sistema político realmente desconcentrado y donde los partidos (sólo dos) son mucho más maquinarias electorales que organizaciones de identidad ideológica, puede llevar a soluciones falaces, como es el equiparar los términos de imparcialidad de la Presidencia en periodos electorales.

En estricto rigor teórico el candidato debe estar sometido al partido, toda vez que es representante de éste y su tránsito es pasajero; el partido es permanente. Los partidos son mediaciones fundamentales para la democracia, en descrédito ahora, pero no en desuso. Sin embargo, por la naturaleza del mismo régimen presidencial, en la realidad mexicana es inevitable que la atención pública y la oferta se centren en la persona del candidato y no en la institución que lo postula. Cada organización política lo resuelve a su manera.

En el caso del PRI, con una larga tradición presidencialista, el candidato prevalece sobre el partido en un entendimiento que ha probado ser útil en función de la unidad que se requiere al momento de la contienda.

En el PRD, heredero en muchos sentidos de inercias presidencialistas, las que, incluso han derivado en caudillismo, ahí la relación candidato partido es mucho más tensa y esquiva. EL PRD es la suma de muchos movimientos, corrientes y grupos. El equilibrio se ha construido de manera muy compleja, lo que hace más difícil la relación. Así sucedió en 1988 con el Frente Democrático Nacional, antecedente del PRD, y así ocurre hasta hoy día. Por ejemplo, en Jalisco, el candidato presidencial hace campaña por el candidato a gobernador de PT y Movimiento Ciudadano, no con el del PRD. En Morelos, se vuelve factor para que las izquierdas se unifiquen frente a su candidato a gobernador, quien representa una corriente distinta a la de López Obrador. En el Distrito Federal, el candidato a jefe de Gobierno expresa el entendimiento del PRD y AMLO con Marcelo Ebrard y los demás candidatos en el juego de fuerzas y grupos dentro de la entidad.

Para el PAN la situación actual es muy difícil de solventar por su exigua historia en el ejercicio del poder. Las dificultades de la candidata se hacen presentes respecto al Presidente y con la misma dirigencia partidista. Los electores requieren claridad en su dilema para definir si votan por la continuidad del régimen que concluye o si están ante una nueva opción, disyuntiva que adquiere mayor peso cuando el ánimo de alternancia es elevado, como sucede ahora. En este caso, el partido se vuelve toral para resolver tal disyuntiva. Estimo, y así lo he sostenido en previas colaboraciones, que la dificultad mayor para la candidata del PAN es acreditar el liderazgo y la autoridad política que ganó a pulso con la ejemplar elección democrática interna. Al definir candidatos a las diferentes posiciones políticas que se juegan este 2012 en el PAN se han dado, desde la Presidencia de la República, expresiones de ambigüedad que mucho han dañado a su candidata. Ejemplo de ello es que sea el mismo dirigente nacional quien anuncie que habrá ajustes en el equipo de campaña. La decisión atañe a la candidata, no al partido.

Las campañas han dado inicio y las inercias de origen definen rumbo y cadencia. La pausa de casi mes y medio afectó seriamente a la candidata del PAN e impidió que el candidato del PRD emprendiera un reposicionamiento para avanzar en la reinvención de sí mismo. A su vez las diversas encuestas publicadas recientemente muestran que el candidato del PRI se pudo sobreponer a las dificultades de inicio y concentrar su atención a la negociación interna para unificar a su partido al momento de elegir candidatos, así como planear con rigor y cuidado su campaña. La oferta de gobierno eficaz de Peña Nieto se convalida por la forma en que está efectuando su proselitismo.

Una vez que concluya la elección, el Presidente electo será el actor político fundamental, pero también lo serán los coordinadores parlamentarios, especialmente los de la oposición, así como sus gobernadores. De ellos dependerá que un nuevo gobierno sea el inicio de una cultura política renovada que acredite a la democracia y a las instituciones republicanas por sus resultados y por su eficacia para responder a los anhelos de las personas y a las necesidades del país.

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