Yo soy la verdad


Liébano Sáenz

La renovación de los poderes federales invariablemente se da en el marco de una expectativa de los electores para que las cosas mejoren. En la democracia esto tiene lugar a partir de tres aspectos insustituibles: libertades públicas, elecciones justas y participación ciudadana. La democracia electoral aquí y en todas partes es imperfecta, pero, sin duda, el país cuenta con instituciones confiables y procedimientos que permiten determinar tanto el equilibrio político parlamentario, como quién alcanzó los votos suficientes para llegar a la Presidencia de la República. Adicionalmente, existe un sistema judicial electoral que permite atender y resolver las inconformidades o quejas que surjan en el contexto de la elección. El ejercicio de las libertades y las condiciones de participación ciudadana en nuestro país se apega a los estándares de toda democracia. Las deficiencias o insuficiencias no ponen en entredicho la realidad de la democracia mexicana.

Insisto en lo que he señalado aquí en varias ocasiones: cuestionar al IFE y su desempeño, como ardid electoral, no solo supone una amenaza para la institución eje de la democracia electoral, sino también para el conjunto de la sociedad. De ahí lo cuestionable de la actitud de López Obrador, al descalificar el valor del voto de las mayorías en el caso de que no le sea favorable, y regatear a las instituciones la confianza que les corresponde.

López Obrador está en su derecho de pronunciarse por los cambios que considere pertinentes e, incluso, invocar una transformación radical de las instituciones, aun cuando los beneficios que su cruzada reporte a la nación sean del todo inciertos. Lo que no puede ser aceptable es cuestionar las reglas e instituciones cuando se está participando en un proceso, al tiempo en que se asume una actitud de superioridad moral que le permite, a sus propios ojos, juzgar y descartar todo aquello con lo que no esté de acuerdo, ya sean sus propios adversarios, la legislación vigente, los medios de comunicación, las casas encuestadoras e incluso la ciudadanía. Andrés Manuel parece estar, más que en campaña, en una misión de orden superior que le confiere el monopolio de la verdad y la moralidad absolutas: así, el IFE le haría trampa; los contrincantes, guerra sucia; los medios de comunicación, un cerco informativo, las casas encuestadoras le “copetearían” las cifras y la ciudadanía sería masoquista si no lo elige. Un hombre así, que se percibe a sí mismo como elegido por el más allá para una misión, difícilmente aceptará una derrota, como ha quedado probado no solo por sus dichos más recientes, sino por sus hechos del pasado, concretamente el asalto a la avenida Reforma en 2006.

La elección de 2012 acontece en un entorno distinto al del pasado. A los problemas nacionales de viejo origen, como la pobreza y la corrupción, se suma la amenaza que indudablemente plantea la violencia vinculada al crimen organizado. Frente a los problemas de la economía internacional, es positivo que el país haya logrado un periodo importante de estabilidad macroeconómica, aunque el crecimiento sea, a todas luces, insuficiente.

Por otro lado, no deja de llamar la atención la campaña adoptada por la candidata del partido gobernante. El apoyo público al presidente Calderón es elevado; el PAN continúa con una buena aceptación ciudadana, y el país ha podido sortear con éxito grandes problemas económicos. Sin embargo, la inconformidad de los electores con la situación actual es mayoritaria, y la candidatura de Josefina Vázquez Mota, en vez de enfocarse en una renovación, en el marco de la continuidad, rescatando lo positivo de la administración actual, ha optado por una ambigua diferencia que le ha llevado a actuar como oposición de la oposición, emprendiendo una campaña negativa contra Enrique Peña Nieto. El resultado es evidente: que el PAN se ubique hoy en el tercer lugar de las preferencias, solo se explica por los errores estratégicos de su campaña electoral, mismos que han tenido como beneficiario al candidato de la supuesta “supremacía moral”, Andrés Manuel López Obrador.

Los electores tienen frente a sí cuatro opciones claramente diferenciadas. La primera, del PAN, de renovación en el marco de la continuidad, como mencionamos anteriormente; la segunda, de un cambio sustantivo sin rupturas, representada por el PRI; la tercera, una transformación radical, y de consecuencias inciertas, de todo y de todas las instituciones, planteada por López Obrador y, finalmente, la opción ciudadana por Gabriel Quadri.

Menos de tres semanas nos separan de la elección. Las encuestas públicas, incluida la del diario Reforma, coinciden en que Enrique Peña Nieto lleva delantera, aunque, también, casi todas, concuerdan en que el aspirante del PRI ha visto disminuir su ventaja y en que el candidato López Obrador sigue estando, hoy, a dos dígitos de distancia, en un alejado segundo sitio.

Las opciones electorales son cauce para expresar la inconformidad por la situación actual, pero también para canalizar la esperanza de un mejor porvenir. El anhelo para estos comicios no solo es que se desarrollen en condiciones de normalidad, sino que el próximo gobierno cuente con el mandato y la legitimidad suficientes para corresponder a la expectativa de cambio que plantea la renovación de los poderes nacionales. Para ello es fundamental que los candidatos, todos, asuman desde ahora con madurez su responsabilidad ante los electores y ante el régimen electoral que les da la oportunidad de participar. En estos tiempos, más que una supuesta “supremacía moral”, la nación demanda compromiso y lealtad a las instituciones de la República. El discurso mesiánico e intolerante no tiene cabida en el México democrático, mucho menos la amenaza de desconocer el voto ciudadano mayoritario. De alguna manera, el contendiente que lo practica ya está anunciando una derrota anticipada. México merece caminar hacia el futuro a partir de la certeza.

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