La Presidencia, puente de diálogo


Liébano Sáenz

Desde hace mucho tiempo, la reforma electoral estuvo enfocada en construir la imparcialidad, concebida como la retirada gubernamental de la conducción del proceso electoral. Y fue esta misma idea la que condujo a la creación del IFE. En sus inicios, fue planteado como un órgano de autoridad cuya responsabilidad recaería en los ciudadanos o, en forma más precisa, excluiría a los funcionarios del gobierno priista.

La pretendida imparcialidad no obtuvo los resultados propuestos porque desafortunadamente algunos partidos que en aquel entonces ocupaban el rol de oposición, aprovecharon la ciudadanización de los órganos de autoridad para su ventaja y no en beneficio de la democracia. Ahora, muchos de los antiguos consejeros del IFE forman parte de la nómina formal e informal de los partidos. Son varios los ejemplos de funcionarios electorales que han transitado a la condición de políticos partidistas y los casos más recurrentes o de mayor relieve se presentan en el PAN. Paradójicamente, en el PRI ésta no ha sido la tendencia, incluso funcionarios electorales que, sin ser militantes han sido propuestos por este partido, han destacado por su imparcialidad: José Woldenberg, Jacqueline Peschard, María de Lourdes López, Alejandra Latapí, Ricardo Pozas, Mauricio Merino, Virgilio Andrade, Marco Gómez y José Barragán, entre otros, son algunos buenos ejemplos.

La Presidencia de la República es un factor muy importante el día de la elección. Existe una real y efectiva independencia del IFE respecto al gobierno federal, pero la tarea que desempeña el jefe del Estado mexicano tiene una relevancia mayor no solo por su rol simbólico o emblemático, sino por su capacidad de facilitar el entendimiento entre los contendientes en los momentos difíciles que pudieran surgir de la elección.

La aportación de la Presidencia es contribuir a la certidumbre que debe caracterizar al proceso electoral como expresión de la voluntad ciudadana contabilizada por la autoridad electoral, y así facilitar una conducta responsable y positiva entre el partido ganador y los partidos perdedores de conformidad a esa disposición y voluntad de los interesados, en especial, de los partidos distintos al del Presidente. Esta es una tarea que demanda y exige sensibilidad y, sobre todo, un conocimiento preciso de las tendencias de votación en los momentos cruciales de la elección.

Para candidatos y partidos es un desafío monumental recibir con serenidad el informe de las tendencias de la votación. Las encuestas de salida propias y también las de terceros que eventualmente se puedan conocer, permite tener idea, entre las 12 y la 1 de la tarde, del perfil de la votación. Las mediciones deben coincidir en lo fundamental. Esto se simplifica cuando hay una diferencia importante entre el primero y el segundo lugares.

Lo cierto es que la Presidencia de la República es un factor de la mayor importancia. Los partidos y sus candidatos deben entender que una conducta responsable no es una tarea impuesta, sino decisión propia. El mayor reto es para quienes no son favorecidos por el voto. Es tradición de toda democracia consolidada que quien no es favorecido reconozca con oportunidad el resultado. De la misma forma que el ganador debe plantear una relación futura de respeto y concordia hacia la oposición y hacia quienes no votaron por él.

El sistema electoral mexicano de elección presidencial, por mayoría simple, implica que quien gana la elección puede hacerlo con un porcentaje inferior a la mitad de  los votos. En la democracia la diferencia para ganar es un voto. Pero triunfar con diferencia suficiente se ha vuelto necesidad, más ahora por el amago que anticipa López Obrador, quien ha tenido expresiones de reserva si el resultado no le es favorable. ¿Qué diferencia debiera ser suficiente para disuadir la resistencia de Andrés Manuel López Obrador al reconocimiento del resultado? Un voto. Así opera la democracia.

Recordemos un momento particularmente señero en la vida democrática de este país: la elección de 2000 arrojó una diferencia amplia en la votación de Vicente Fox, candidato de PAN y PVEM, respecto a la de Francisco Labastida, postulado por el PRI.  La ventaja obtenida por el primero sobre el segundo fue de 6 puntos porcentuales, en ese entonces consistente en poco más de 2 millones 400 mil votos. Nadie refutó el dato; incluso, el candidato presidencial perdedor, Francisco Labastida, con congruencia y pundonor, públicamente reconoció el resultado la noche misma de la elección. Habrá de recordarse que las autoridades electorales y los medios de comunicación, en las horas en que la ley de entonces lo permitía, ofrecieron información coincidente sobre el resultado de la elección presidencial. El hecho es que es un propósito deseable para la certidumbre electoral tener claridad sobre el resultado con la mayor oportunidad posible.

La Presidencia puede ser un puente de diálogo hacia los distintos contendientes en la medida de la voluntad de éstos. De los cuatro competidores, hay tres con la determinación de reconocer el resultado, cualquiera que sea su sentido; no así Andrés Manuel López Obrador. Aún respecto de este candidato, la institución presidencial está llamada a buscar la conciliación constructiva. Corresponderá al IFE la tarea primaria sobre la certidumbre electoral; el PREP la propicia, pero es entendiblemente lento. De igual manera, un conteo rápido no ofrece resultados hasta después de concluido el escrutinio de las casillas que se ubican en regiones de uso horario distinto al centro del país; por lo que respecta a la encuesta de salida, es útil para perfilar ganador si hay diferencia suficiente. En su calidad de jefe de Estado, al presidente de la República atañe apuntalar el proceso democrático de la nación con el cuidado y la prudencia que la situación exige y así contribuir para que la noche del 1 de julio prevalezca uno de los valores supremos de la democracia: el respeto al sentido de la voluntad mayoritaria que ha sido expresada en las urnas.

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