La satanización de los acuerdos


Liébano Sáenz

Con la democracia plural México ingresó, sin proponérselo, a la gobernabilidad de la incertidumbre: un poder dividido en el que se diluye la responsabilidad. Para algunos los buenos resultados son cuestión de valores y destreza de los actores políticos; se dice que no hay régimen eficaz si quienes lo encabezan no cumplen con los atributos propios de un sistema que asume y requiere corresponsabilidad. Para otros, tiene que ver con las reglas, habrá malos resultados si no hay incentivos ni un régimen de derechos y obligaciones que resuelva virtuosamente lo que no dan las debilidades propias de la condición humana. Allí está la cita sabia de James Madison en El Federalista, en la que afirma que si los hombres fueran ángeles, el gobierno sería innecesario, lo que le llevó a argumentar sobre la necesidad de la división de poderes como fórmula idónea para resolver institucionalmente el innegable deseo de la naturaleza humana de maximizar poder e influencia.

Un balance honesto de lo acontecido en los últimos 15 años, desde que surgió el poder dividido, hace despertar la mayor de las reservas sobre lo que viene, precisamente, porque el país continuará, al menos por otros seis años, en condiciones tales en las que el Presidente tendrá que acordar con la oposición las reformas legales. El Tribunal Electoral ha cerrado el capítulo en lo referente a la elección de legisladores de mayoría relativa. A reserva de lo que ocurra con la representación proporcional, ninguna fuerza o coalición electoral tendrá mayoría en el Senado de la República. En la Cámara la situación es distinta, una precaria mayoría del PRI, PVEM y Panal conseguiría la mitad más uno de los diputados.

El país requiere de transformaciones profundas y éstas exigen cambios a la Constitución, proceso que tiene que darse, por razones de números, con una amplia participación de la oposición. Hay reformas de régimen urgentes para que el Presidente cuente con los instrumentos y la capacidad para cumplir el mandato democrático que le ha sido otorgado. El PAN en la Presidencia ha padecido esta circunstancia; el PRI en el gobierno ha promovido cambios con los que no ha sido consecuente cuando está en la oposición. El PRD tiene una cultura presidencialista que no ha honrado en su desempeño legislativo. La realidad es que el régimen presidencial debe ser actualizado a las necesidades de un México plural. Para ello será fundamental atender temas como la iniciativa preferente, el veto parcial por el Ejecutivo, la reconducción presupuestal y la creación vía ley de la Oficina Presidencial que lleve la elaboración del presupuesto, ciertas responsabilidades en materia de Seguridad Nacional, la comunicación social del Ejecutivo y la negociación con el Congreso y los poderes locales.

También son urgentes las reformas en materia de cambio estructural. Tres son las materias que se perfilan: energía, laboral y hacendaria. Los cambios no solo requieren del acuerdo y concurso de los partidos y sus representantes en las Cámaras, también será necesario escuchar la opinión y posición de los sectores interesados. Las decisiones deben ser resueltas a partir del interés general y es previsible que una reforma profunda y trascendente no sea aceptada por todos, incluso, puede tener rechazo. Sin embargo, lo importante es que los cambios atiendan las necesidades del país, no los intereses de quienes los procesan y suscriben; tampoco de los intereses particulares de por medio. Por su parte, el candidato ganador, Enrique Peña Nieto, también se ha pronunciado por avanzar en reformas que mejoren la transparencia en la contratación de publicidad, un cambio institucional para combatir la corrupción y un régimen de transparencia y rendición de cuentas para los tres órdenes de gobierno.

La satanización del acuerdo es uno de los obstáculos mayores. Sin embargo, se advierte que los partidos han aprendido y tienen presente los costos de la no colaboración. El PAN y el PRI lo han experimentado en el ejercicio del gobierno; el centro izquierda ha padecido marginalidad en varias ocasiones, particularmente en 1988 y 2006, por no actuar proactivamente en la negociación; queda claro que los coordinadores parlamentarios de las tres principales fuerzas políticas acumulan experiencia, capacidad y voluntad para superar el infantilismo político que lleva a la condena al acuerdo.

Un aspecto a superar será trascender el oportunismo electoral. La izquierda ha logrado un notable avance electoral en los pasados comicios. Tiene el reto de mantener el voto en el que tuvo mucho que ver su candidato presidencial. El desafío no es menor, ya que lo que sigue para 2013 son 14 comicios locales intermedios, con la excepción de Baja California que elegirá gobernador. El PAN tiene posibilidad de recuperar plazas, pero esto se dará en la dinámica local, más que en la nacional. El PRI tiene el compromiso de honrar el voto mayoritario que le llevó a ganar la Presidencia y ser la primera fuerza en las dos Cámaras.

Así, pues, la situación plantea la posibilidad de que la pluralidad convalide, por primera vez, su capacidad y voluntad de reforma. El país lo requiere y es deseable que la agenda legislativa las atienda, con la dificultad propia del inicio de legislatura, que conlleva tiempo para la integración de las comisiones de dictamen. Por esta consideración, los partidos y sus legisladores deben iniciar desde ahora el acercamiento para hacer realidad un primen paquete de cambios legales. Hay apremio, pero también necesidad de que los cambios sean profundos y congruentes a los propósitos que los animan.

El debate es propio de la política, la confrontación de ideas y proyectos es su condición de existencia. Por eso existen los partidos políticos y por eso hay competencia para ganar el cargo ejecutivo o la representación legislativa. Pero también la política es acuerdo y entendimiento; esto es posible porque hay un piso común que da lugar al encuentro y las coincidencias. No es tarea fácil, pero es imprescindible para acreditar a la política por los resultados. La declaración de validez de la elección presidencial por el Tribunal Electoral debe dar lugar a un nuevo momento de la política, que convalide a la diversidad política y su compromiso con el país al hacer realidad las reformas que la Nación demanda.

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