Fin de una época, principio de otra


Liébano Sáenz

El 1 de septiembre se cumplen dos meses de una elección en la que los ciudadanos definieron con claridad un ganador para el encargo presidencial y la integración plural de las Cámaras. El IFE ha concluido la calificación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional; solo queda pendiente que el Tribunal Electoral haga la declaratoria de validez de la elección presidencial y, de esta forma, otorgue reconocimiento formal al triunfo de Enrique Peña Nieto. Este hecho es esperado por todos, incluso por los propios impugnadores, quienes, en su desesperación, recurren ahora al presidente Calderón, el mismo a quien no hace mucho insultaban y calificaban de espurio. Evidentemente, el país se encamina hacia una nueva época.

El primer día de septiembre también tendrán lugar el sexto y último Informe del gobierno del presidente Calderón y la integración de la 62 Legislatura. Ambos eventos otorgan a esta fecha especial relevancia y significado; es el fin de un ciclo y el inicio de otro. Es probable que para entonces la Sala Superior del Tribunal Electoral haya emitido la declaratoria de validez de la elección presidencial y, con ello, expire una controversia que poco ha contribuido a la certeza jurídica de la elección y con ello se esclarezca una decisión ciudadana precisa y contundente, solo cuestionada por la intransigencia de un mal perdedor.

Los comicios del 1 de julio fueron ejemplares; lamentablemente, la izquierda dejó pasar un punto de inflexión y prefirió transitar hacia un penoso proceso de impugnación carente de pruebas y argumentos legales sólidos, pero profuso en estridencia mediática. Chivos, gallinas, guajolotes y otros animales domésticos dan testimonio de ello y así, paradójicamente, exhiben la seriedad que ellos mismos conceden a su causa. Por fortuna, los signos que, de uno y otro lado, emiten las oposiciones y quienes se perfilan como mayoría gobernante, parecen favorables al acuerdo. El inicio de los trabajos legislativos luce prometedor y la expectativa pública de alcanzar acuerdos en el Congreso es amplia y bien fundada.

Si la izquierda aprendió de los errores pasados y entiende el mandato de su éxito electoral en varias entidades, así como el significado de su fuerza parlamentaria, participará proactivamente en los acuerdos sobre las reformas. La izquierda debe entender que, desde ahora, es necesario sentar las bases para ganar el poder nacional y para ello tiene que elevar la calidad de sus gobiernos estatales, mejorar su desempeño parlamentario y, especialmente, otorgar mayor institucionalidad al PRD y a los partidos aliados. El capital político y electoral de su candidato presidencial debe trasladarse a los partidos de la izquierda. La cuestión principal no es averiguar si López Obrador habrá de aceptar el resultado del Tribunal Electoral, pues de antemano se sabe que lo repudiará, como lo hace con todo lo que no se ajusta a su delirio; el tema de fondo es saber si, en lo sucesivo, participará en la institucionalización de su movimiento y, en tal caso, si lo hará en el marco de los partidos existentes o si intentará convertir a Morena en una nueva opción política.

El PAN ha dado pasos importantes en el entendimiento de las nuevas circunstancias. La derrota electoral, lejos de llevarlo al linchamiento o a la autoflagelación, lo está haciendo reconocer que no fue favorecido por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, pero que lo importante está por venir. Las fracciones legislativas del PAN se integran atendiendo la diversidad y riqueza de su militancia, como sucede en las otras fuerzas políticas. Son muchos los que han comprendido la importancia de actuar con perspectiva de largo plazo, los que admiten que las buenas decisiones legislativas repercuten en la calidad del gobierno y, por ende, contribuyen al bien de la política y del país todo.

Una actitud responsable y propositiva del PAN es fundamental para que la izquierda participe con un ánimo semejante, justamente lo contrario a lo sucedido en el juego parlamentario del gobierno dividido. En este contexto, el gobierno de Peña Nieto y la mayoría priista tienen ante sí una oportunidad inédita para el acuerdo y para el entendimiento. Cierto es que las perspectivas están encontradas y que el consenso no será fácil, pero los problemas nacionales en diversos ámbitos alcanzan tal magnitud que no admiten respuestas a medias o posposición de soluciones, menos ahora que la economía internacional plantea retos serios al país.

Son varias las premisas que deben fundamentar el entendimiento y la primera de ellas es la necesidad de acreditar a la política por sus resultados y a los gobiernos por su eficacia. La impunidad es un problema estructural sobre el que hay que actuar con firmeza y claridad, y su abatimiento constituye uno de los supuestos para la funcionalidad del sistema político y económico. Hacia allí se dirigen las propuestas de Enrique Peña Nieto referentes a ampliar la transparencia en el ejercicio de los gobiernos, a fortalecer la relación del poder público con los medios y a mejorar la rendición de cuentas mediante el apego a normas de probidad en el manejo de los recursos públicos. Es crucial que la normalidad inicie con un compromiso en materia de ética en el servicio público.

Preservar la estabilidad macroeconómica es otro aspecto fundamental para el acuerdo. Las decisiones en materia de finanzas públicas y proyectos de gasto e inversión deben ser consecuentes con el estado de los ingresos. Son muchos los problemas que el país enfrenta. En lo social, es monumental la tarea que hay por delante, numerosas tesorerías locales y municipales presentan situaciones críticas que es urgente reconocer y sobre las que hay que actuar, y, al mismo tiempo, las empresas estratégicas del Estado demandan mayores recursos para sus proyectos de inversión. La tarea es enorme, pero es preciso realizarla dentro de los límites que impone la realidad de las finanzas públicas.

La normalidad hacia la que transitamos debe ser orientada hacia el bien del país. Esto es tarea que concierne al gobierno que habrá de asumir el poder el próximo diciembre, pero también es una responsabilidad que incumbe a todos, a las fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad. Hoy, el panorama es muy claro; el 1 de septiembre un ciclo concluye, otro inicia y en el horizonte se dibuja un mejor porvenir en cuya construcción todos estaremos involucrados

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