Un paso histórico


Liébano Sáenz

La aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la Cámara de Diputados reviste la mayor importancia. Será necesaria la ratificación del Senado. Son cuatro los aspectos fundamentales que esbozan el estilo de gobierno que estará emprendiendo el próximo Presidente de la República, primero, la reintegración de las tareas de seguridad a la Secretaría de Gobernación; segundo, la creación formal de la Oficina de la Presidencia; tercero, la creación de un órgano independiente que vele por la transparencia en el actuar gubernamental, y cuarto, la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y que responden a la realidad nacional actual. Ya en alguna otra ocasión abordaré el análisis de estos dos últimos casos.

Los resultados y las bochornosas experiencias recientes con la Secretaría de Seguridad Pública hacen que la reintegración de las tareas de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación sean un paso obligado al hacer necesaria la recuperación política del tema en al menos dos sentidos: en primer término, corresponde al gobierno civil y a la dependencia responsable de la política interna la dirección de las instituciones de seguridad. Por otra parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia que requiere del entendimiento y acuerdo político de quien representa al presidente y de los mandatarios locales, por lo que es necesario fortalecer la coordinación con y entre los estados, municipios y el Distrito Federal, tarea política fundamental que no puede dejarse a los mandos de perfil operativo.

Lo anterior cobra mayor importancia ante la situación actual en materia de seguridad pública, que registra una preocupante distancia entre la federación y los estados. En esta área la coordinación debe ser estrecha y fundada en el respeto y la dignidad de todos; no hay espacio para la recriminación o búsqueda constante de culpables, ni para la desconfianza, sino para la construcción corresponsable de soluciones con fundamento en el diálogo y el entendimiento político. Así, una nueva estrategia en materia de seguridad pública plantea dos exigencias: primero, el mando civil de la fuerza pública y, segundo, la sensibilidad política para entender que existe un pacto federal y un régimen de municipio libre. Este no solo es un tema de doctrina o de legalidad, también es de sentido común que debe atenderse, necesariamente, desde los municipios y los estados; asimismo es fundamental tener claro que sus representantes no son los jefes de seguridad pública, sino funcionarios democráticamente electos, con responsabilidades políticas y jurídicas que la Constitución determina.

En mi opinión, la parte más trascendente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública en proceso consiste en la responsabilidad que se le concede a la Secretaría de Gobernación en términos de coordinación de las demás dependencias del gobierno federal, ya que resuelve un aspecto fundamental de la coordinación entre ellas. De esta forma y aunque la ley determina la igualdad entre las secretarías, se evitarán dificultades de las dependencias federales para entenderse con los otros órdenes de gobierno y con el Poder Legislativo. Asimismo, se podrá impedir el desorden o las iniciativas aisladas, por excelencia, en materia de gestión de recursos ante la Cámara de Diputados o la de campañas o acciones en materia de comunicación.

El paso histórico de la reforma lo constituye la formalización por la vía legal de la Oficina de la Presidencia de la República. Para tales efectos, el artículo 8 reformado de la Ley Orgánica determina que el presidente contará con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la República para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica. Asimismo, la oficina contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el presidente determine.

En realidad, lo que hace la reforma es dar un piso legal a una entidad que siempre ha existido y que ha cobrado la importancia que cada presidente le ha decidido otorgar. Conceder carácter legal a la oficina presidencial no solo es un tema de orden y jerarquía para una dependencia de la mayor importancia, también lo es para determinar el estatus legal de quien desempeña tales funciones. Su integración explícita a la administración pública federal centralizada le concede el carácter de alto servidor público con todas las responsabilidades derivadas de dicha condición.

La reforma a la Secretaría de Gobernación y la creación de la Oficina de la Presidencia ratifica un sentido de la conducción del gobierno y coordinación de las dependencias del gobierno federal con base en una de las secretarías del gabinete y no desde la misma oficina presidencial. Este fue el esquema por el que se optó en 1958, cuando el presidente López Mateos creó la Secretaría de la Presidencia, la que fue modificada en 1976 por el presidente José López Portillo, al transformarla en Secretaría de Programación y Presupuesto, y que habría de desaparecer e integrarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1992.

Así y con estas modificaciones, continuará en el gabinete la preparación y negociación del presupuesto, así como el Plan Nacional de Desarrollo y la preparación de los informes presidenciales. Como lo determina el artículo 8 de la Ley Orgánica, la Oficina de la Presidencia es una instancia de apoyo directo al presidente, aunque la norma precisa que actuará en la evaluación y seguimiento periódicos de las políticas públicas que emprenda el titular del Ejecutivo federal.

Los cambios en la ley definen una manera de organización del gobierno en función no solo de quien será presidente, sino también del momento del país y de la atención a los grandes retos nacionales. Es una muestra de madurez y de corresponsabilidad que la pluralidad de la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma sin cambios mayores; también es un compromiso para el nuevo gobierno, como lo ha señalado el presidente electo al reconocer la aprobación por los diputados. Corresponde ahora al Senado cerrar el círculo de una decisión histórica y de un positivo precedente en la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Federación.

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