Enrique Peña, Presidente


Liébano Sáenz

En el momento en que se escriben estas líneas, Enrique Peña Nieto inicia su presidencia. Por él y por cada mexicano, es deseable el mejor de los resultados. En el servicio público, la lealtad se mide con resultados; acompañar a un Presidente es una distinción que honra para toda la vida, pero, sobre todo, compromete. El presidente Peña Nieto ha seleccionado a un equipo de excelencia para que le acompañe en el cumplimiento de sus responsabilidades. Llegó el momento de traducir en acciones lo que el Presidente planteó como identidad: un gobierno eficaz; y desde ahora emprender todo para honrar la expectativa mayoritaria de los mexicanos sobre un mejor porvenir que ayude también a despertar la esperanza en quienes poco ven del mañana.

Es fácil la crítica a quien se va. Tarea de otros. El Presidente que inicia debe también emprender un esfuerzo para entender la circunstancia y tiempo de su antecesor. Sobre todo, tener la capacidad para reconocer todo aquello que debe continuar o tomar renovado impulso.

Hay, claramente, una tarea urgente por realizar, común denominador de muchos de los temas y problemas que aquejan al país: el rescate al Estado mexicano. En ello se incluye la economía —estable, pero sin el crecimiento necesario—, las relaciones internacionales —dar un nuevo impulso a México privilegiando su contexto geopolítico—, o en el frente de la legalidad —ejercer un efectivo Estado de derecho. Así, y en este contexto, es particularmente importante tener claridad respecto a que ser Presidente no solo es ser jefe de la administración pública o jefe de Gobierno, también es ser jefe de Estado, representante de la totalidad nacional con fundamento en el interés general. El pasado reciente nos muestra que la realidad, la circunstancia y la política han llevado al debilitamiento del Estado, es necesario recuperar su terreno y, sobre todo, eficacia, esto debe ocurrir siempre dentro del marco de la democracia y las libertades.

No está de más insistir en que no es la de los golpes autoritarios la vía para reivindicar la voluntad general que da sustento y legitimidad al Estado nacional. El respeto a las libertades es un deber, pero la tarea pública también conlleva la obligación de promoverlas y alentarlas. Se requieren también mayores libertades económicas con un sentido social para que el consumidor coexista como un ciudadano exigente y activo, al que mueve más su sentido de pertenencia a una comunidad que obtener una ventaja individual. En breve, se requiere fortalecer la construcción de ciudadanía, y para ello la ley y la justicia son medios obligados.

Ser jefe de Estado y jefe de Gobierno plantea dilemas que adquieren dimensión mayor en la relación con el partido gobernante. Hay compromiso y un origen político que debe reconocerse y actuar en consecuencia. Sin embargo, la investidura demanda claridad sobre la prioridad en las tareas políticas y entender qué corresponde a cada esfera, la del partido y la del gobierno. Para todo Presidente es deseable que su partido obtenga el mejor de los resultados, el camino para ello es cumplir de manera ejemplar la responsabilidad pública y trabajar con eficacia para el bien de todos los mexicanos, sin distinción alguna.

La economía registra una estabilidad y equilibrio que se ha ido construyendo desde la década de los 90, hace ya más de 20 años. Es un punto de partida que no debe comprometerse; sin embargo, también debe quedar claro que no basta con la estabilidad, que es necesario el crecimiento suficiente y que alcance a la mayor parte de los sectores y de las regiones del país. El Estado puede hacer mucho, pero el énfasis es en la conducción y la promoción; las necesidades que plantea un crecimiento con justicia requiere de un gobierno muy activo, que promueva la inversión privada, garantice los derechos sociales, salvaguarde el interés nacional y promueva la participación de todos en los beneficios que se deriven del desarrollo nacional. El tema social es insoslayable; debe quedar claro que todo mexicano, por ese solo hecho, tiene derecho a un mínimo de bienestar que el Estado debe garantizar.

La inseguridad es una afrenta que debe atenderse con resolución y claridad estratégica. El delito debe ser sancionado; abatir la impunidad en todas sus expresiones es el punto de partida. La abrumadora mayoría de los actos criminales es del orden común, por lo que es necesario que la estrategia en materia de seguridad parta de esta premisa. Esto conlleva que el esfuerzo para ganarle la batalla al delito debe iniciar desde la base, del reencuentro de la sociedad con la legalidad y la justicia, lo que implica dar un lugar fundamental a las autoridades municipales y locales. La coordinación debe restablecerse bajo los principios de respeto y trato digno entre la Federación y las entidades del país, al igual que de los municipios.

El federalismo y municipalismo deben cobrar renovada vida como fórmula para mejorar la calidad del gobierno. La poderosa inercia centralista debe revertirse; la calidad de vida de las personas y la respuesta a muchos de los anhelos de los mexicanos por un mejor gobierno requieren de gobiernos locales fortalecidos y eficaces. El país no puede desentenderse de las dificultades que enfrentan las regiones por la fuerza centralista.

La relación de México con el mundo debe actualizarse para que el país pueda acreditar su grandeza y el enorme potencial de sus habitantes. La relación bilateral con Estados Unidos plantea ventajas y retos que deben reconocerse y actuar para atenuar la enorme asimetría entre ambas naciones. La agenda bilateral no debe ser dominada por los problemas, sino por las respuestas, las soluciones y, especialmente, las oportunidades que plantea la coexistencia de dos países claramente diferenciados.

La obra mayor de un gobierno está en el orden ético. Mucho es lo que debe hacerse para dar vigencia plena a los valores de la democracia. La probidad es imprescindible, pero no es suficiente; también se requieren resultados y cumplir con las tareas que la investidura impone. Sea para el bien de todos el inicio de una nueva etapa de la República.

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