Pacto por México o cómo desarticular grupos de interés


Pero recordemos que el Estado es
sagrado, que no puede ser tratado con
insignificancia. Jonathan Mayhew

Liébano Sáenz

Es paradójico que uno de los efectos de la alternancia en la Presidencia de la República haya sido el debilitamiento del Estado, y con éste el deterioro del sistema de representación y el fortalecimiento de los factores reales de poder. De esta forma, la pérdida de la autonomía del Estado ha tenido efectos significativos, entre estos, la incapacidad para hacer valer el imperio de la legalidad y el interés general. Hemos estado frente a un problema de Estado, no solo de gobierno.

Ejemplo de las dimensiones de esta dificultad es la afectación ocurrida en los últimos doce años, inclusive en el Congreso. Tan es así que en la actualidad difícilmente el Legislativo puede encarar la influencia de los poderes fácticos, lo que lleva al descrédito de los partidos y de los órganos electorales, a una preocupante distancia entre representantes populares y ciudadanos, y a una Presidencia de la República asediada por casi todos los frentes; consecuentemente, las instituciones públicas, al perder autonomía, resuelven su fragilidad mediante una relación de creciente dependencia de los poderes fácticos.

La situación se ha vuelto crítica por tres consideraciones: la incapacidad del Estado de cumplir su responsabilidad básica de proveer seguridad a las personas, el deterioro de la soberanía nacional, resultado de la expresión global y bilateral del problema de inseguridad y, finalmente, la pérdida del poder legitimador del voto mayoritario derivado de la incapacidad de aceptar resultados electorales por parte del candidato derrotado a pesar de una diferencia en millones de votos.

En este sentido la crisis de nuestro tiempo es muy distinta a las del pasado; no es económica, al contrario, hay estabilidad en el nivel macro. Tampoco es una crisis política, porque el modelo en su evolución no se distanció de las formas de participación democrática. Lo de hoy día es significativamente diferente y si se puede resumir en una frase esta es: crisis del Estado mexicano. Un hecho sin precedente inmediato, sumamente grave y que involucra a todo el sistema político y de representación.

En este orden de ideas, la detención de la lideresa del poderoso gremio de los trabajadores de la educación es emblemática y por demás trascendente; instaura un parteaguas, no del gobierno hacia los poderes fácticos, sino de la supremacía de la ley y su aplicación igualitaria. Su motivación no es política en términos de revanchismo o algo parecido, sino que es una definición sobre el valor de la ley. Esto, en sí mismo, constituye la reforma más trascendental para el México de hoy día: nada ni nadie por encima de la ley

Otro aspecto a destacar es que las decisiones y su procesamiento sobre esta reforma de la que hablamos no son unilaterales sino que resultan del acuerdo del gobierno con las tres fuerzas políticas fundamentales. De esta forma, el diagnóstico y la propuesta de cambio es compartida por la pluralidad y con ello se construye una fórmula democrática que da viabilidad legislativa a los cambios (a pesar de las reservas de algunos senadores del PAN); por otra parte, de esta manera se crea también un blindaje para que las decisiones no sean saboteadas por la resistencia natural y esperada de los intereses lastimados por el cambio. Así, el gobierno, los partidos y el Congreso actúan de manera concertada para un cambio que signifique el rescate y, por qué no, el fortalecimiento del Estado mexicano.

En este sentido, la aplicación estricta de la ley es uno de los supuestos que dan eficacia y credibilidad al gobierno y también al Pacto por México, en relación con recuperar la autonomía que requieren el gobierno, el Congreso, los partidos y el conjunto de las instituciones públicas respecto a los intereses en juego. Insisto, la aplicación de la ley es el paso necesario para la transformación del país; el hecho de que una de sus expresiones se haya presentado ante uno de los sectores de mayor poder en el ámbito social y político es muestra de cambio sustantivo y de determinación de la Presidencia de la República. Todavía más, el escrúpulo y cuidado con el que se fundamentó legalmente la acción por las autoridades hacendarias y la PGR dan cuenta de un gobierno capaz y eficaz para cumplir sus responsabilidades en función del interés ciudadano y no de grupo, todo un contraste con el rosario de fracasos y omisiones del gobierno anterior.

Para hacer valer la ley, la política también cuenta y cuenta mucho, pero no lo es todo. Por una parte, está el sustento del gobierno basado en su desempeño y el que se deriva del acuerdo con la pluralidad a través, en este caso, del Pacto por México. Pero no es suficiente el entendimiento político entre políticos. Recordemos que el domingo el movimiento obrero organizado comprometió su apoyo público no solo al Presidente, sino lo más relevante y sustantivo: al Pacto por México. Otro acontecimiento de la mayor trascendencia ocurre el lunes cuando, en un evento con motivo de la promulgación de la reforma educativa, sus actores fundamentales fueron la pluralidad a través del consejo rector del Pacto por México y el Presidente de la República. Hecho inédito que uno de los discursos más importantes vino del presidente de dicho consejo, un opositor, el líder del PAN, Gustavo Madero.

En este mismo propósito de dar fortaleza a una decisión jurídica fue el encuentro del Presidente con los gobernadores del país el pasado miércoles. Ese mismo día el presidente Peña Nieto comparece ante el país en cadena nacional para explicar la estricta motivación legal de la acción contra la dirigente del gremio educativo. El mensaje es inequívoco y claro, es un tema de legalidad a la cual todos estamos obligados.

Las preocupaciones sobre la secuela de disipan. El SNTE actuó de manera institucional, consciente de que su función no es la defensa legal o política de su dirigente. En el mismo tenor actuó el Panal y su representación parlamentaria. Lo que corresponde ahora es dar curso a la reforma educativa, una de las necesidades más apremiantes del país.

El capítulo de esta semana es un paso necesario de un proceso que continúa y que va más allá del Pacto por México. Por ahora el acuerdo plural es garantía sólida y ha probado dar resultados muy positivos. Un paso histórico en la tarea de recuperar al Estado.

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