Coordenadas del primer Informe presidencial


Liébano Sáenz

Nueve meses ofrecen un perfil de un gobierno que tiene todavía mucho por delante. El presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt fue el creador del concepto de los primeros 100 días. Desde entonces ha sido característico que los regímenes presidenciales se remitan a ese periodo para definir lo que será, como dijera don Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar. En realidad, la situación es más compleja. Un presidente al iniciar su gobierno enfrenta dilemas claramente distintos a los que vendrán a lo largo de la gestión. La Presidencia tiene su ciclo y, para el caso mexicano, el periodo de realizaciones transcurre entre el segundo y el quinto año.

Uno de los desafíos de todo Presidente es el pasado inmediato. La tentación a la vista es cobrar legitimidad a partir de la agenda que haya quedado pendiente en la administración que concluye. Esto ocurre incluso sin alternancia. La continuidad nunca ha sido la premisa y eso tiene que ver con la esencia misma de la institución presidencial y el carácter de quien la encabeza. Habrá de recordar que Enrique Peña Nieto como presidente electo, hizo su parte —y buena que fue— para que las iniciativas del presidente Calderón, presentadas en los últimos meses de su mandato, fueran aprobadas con los votos del PRI. Rasgos estos de civilidad política que atienden a una estrategia y objetivos claros.

En un régimen presidencial con gobierno dividido, es decir, cuando el Presidente no tiene una mayoría afín en el Congreso, debe construirse un piso de confianza y colaboración con las principales fuerzas políticas opositoras. Este proceso depende no solo del gobierno y del partido en el poder, sino también, fundamentalmente, de la madurez y disposición de las oposiciones.

La relación constructiva entre el Ejecutivo y el Legislativo necesariamente transita por el diálogo entre el Presidente y las dirigencias nacionales de los partidos políticos. Así ocurrió, y así se dio cauce al Pacto por México, un acuerdo inédito por sus alcances y contenido. Sin embargo, las divisiones en los partidos opositores han significado, en el caso del PAN, una postura diferenciada y en ocasiones contradictoria entre la dirigencia y sus senadores. Para el PRD la situación se volvió más compleja; por una parte, el activismo magisterial lo ha orillado a planteamientos contradictorios como su demanda de retirar del periodo extraordinario la votación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (imprescindible para la reforma educativa) y su rechazo a cualquier modificación a la Constitución en materia de energía.

El hecho es que este periodo de nueve meses está determinado por el objetivo de hacer realidad las reformas sustantivas. Esta meta estratégica conlleva una táctica de cuidado en todos los temas en aras de facilitar el acuerdo sustantivo. Así, la gestión presidencial del PAN de 2000 a 2012 ha sido tratada con singular comedimiento. Contrario a lo que fue práctica recurrente durante los 12 años de gobierno panista, el Presidente y sus colaboradores han sido cuidadosos en sus señalamientos al pasado inmediato. El gobierno se ha mantenido ajeno al juicio crítico del pasado. El mismo PRI ha sido mesurado en sus expresiones al gobierno de su adversario. El PRD se ha inclinado por mantener la alianza con el PAN y le ha llevado a evitar expresiones o referencias críticas a la manera como su adversario a la derecha gobernó al país.

Se ha dicho que el juicio de un sexenio en materia económica debe hacerse sobre el periodo que corre del segundo año al primero de la siguiente administración. Así debe ser porque las definiciones en materia de presupuesto y de su ejercicio se concretan antes de que se integre el Gobierno, incluso preceden por mucho a la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Se sabe que la economía evolucionará favorablemente con las reformas energética y hacendaria, y que también mejorarían el control del gasto y la rendición de cuentas. Todo esto cobra forma, no solo por voluntad del gobierno y del PRI, también por la determinación de una mayoría legislativa que necesariamente incorpora al PAN y, eventualmente, al PRD. Y de manera semejante debe entenderse el tema de seguridad. Los resultados no son inmediatos; una redefinición de objetivos y medios deberá reflejarse hacia el segundo y tercer año de gobierno.

Esto significa que el juicio sobre el primer año de gobierno, aún a tres meses de cumplirse, no aludirá solamente al Presidente y a su partido, sino al conjunto del sistema político, toda vez que el tema de las reformas será el eje de la evaluación del primer tramo de gobierno y su realización depende, desde luego, de quien gobierna y de su capacidad de negociación, pero también, necesariamente, de los partidos opositores.

Queda claro que el esquema incluyente para las reformas que plantea el Pacto por México muestra sus límites en el supuesto de cambios legales que polarizan posturas ideológicas o que plantean resistencias por parte de sectores de la población. Así ha ocurrido con la aprobación de las leyes ordinarias de la reforma educativa, con el debate sobre la reforma en materia de energía y, posiblemente, así sucederá con la aprobación de la reforma fiscal a presentarse públicamente el 8 de septiembre. Esto significa que en lo sucesivo las reformas tendrán como referencia el acuerdo mayoritario suficiente para su aprobación y no, como había ocurrido, el consenso entre las tres fuerzas políticas mayores.

La democracia es un ejercicio de didáctica permanente. El país y los actores aprenden y construyen nuevos caminos a partir de los principios y los valores propios de esta forma de gobierno. La mayor dificultad del régimen presidencial en un entorno de pluralidad y gobierno dividido es el procesamiento de las reformas que el país requiere. Esto es consustancial a la política y al régimen de representación. Por ello debe estimarse como un logro trascendente, no solo para el Presidente, también para la oposición, el transitar al futuro con cambios que vayan más allá de lo que a los políticos interesa y concierne, con genuinas transformaciones que signifiquen un país más justo y más próspero en un marco de libertades y corresponsabilidad. Ahí se ubican hoy las coordenadas del primer Informe de gobierno.

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