El cobro de “contribuciones” y la democracia


Liébano Sáenz

Los impuestos son el origen de la representación política y, en cierta forma, de la democracia. El cobro de contribuciones obligó a la autoridad a ceder y a consensuar. El absolutismo fue un impasse circunstancial; y el tiempo confirmó que la modernidad política y la representación van de la mano. Así es porque la tarea más complicada de un colectivo nacional es la de construir responsables de mantener lo que es de todos: los ricos pagaban impuestos, los pobres a la milicia. Las exacciones y la leva eran cuestión de supervivencia: construir un equilibrio razonable entre la guerra y la paz, así como un Estado capaz de proteger a sus nacionales.

En México, la debilidad histórica se explica, en buena parte, por la ausencia de una economía sólida y de un régimen fiscal consecuente. Esta fragilidad nos ha significado muchas derrotas, desde la pérdida del territorio nacional hasta la más oprobiosa de todas: tener un país con más de la mitad de sus habitantes debatiéndose entre la pobreza y la marginación.

México ha conocido la dictadura, la dictablanda, el presidencialismo y la democracia representativa; y después de esta sucesión de experiencias las estadísticas son contundentes: hasta ahora la política no ha sido capaz de revertir esta debilidad estructural.

Los ingresos fiscales en México son notoriamente inferiores a los de otros países con realidades económicas equivalentes. El petróleo ha sido paliativo pero también maldición. Resuelve o mitiga el profundo desequilibrio en las finanzas públicas, pero impide atender a fondo el problema esencial. El déficit de ciudadanía tiene que ver con la práctica de incumplir la obligación de pagar impuestos; un ciudadano libre vota y paga impuestos, y por ello, demanda y exige. No hay argumento para eludir tal responsabilidad.

Una precaria cultura fiscal conlleva una injusticia elemental: la existencia de muchos que, incluso teniendo suficiente capacidad para aportar, no lo hacen; y de otros que no pagan a quien deben hacerlo. Los sectores en la informalidad no solo padecen la incertidumbre, sino el cobro de quienes hacen posible la impunidad y la evasión de las leyes. Corregir a fondo este problema no solo es complicado y difícil, también es impopular.

El impuesto inmobiliario o predial, a cargo de las autoridades municipales, es un buen ejemplo. En los países de la OCDE esta contribución representa un 1.8% del total del PIB, mientras que en México es del orden de 0.3%; esto es, aun si triplicara su ingreso, el país apenas quedaría a la mitad del promedio. Un vistazo a las entradas de los municipios por tal concepto, revela la relación positiva entre bienestar e ingresos por predial. San Pedro Garza García, NL, y los municipios turísticos de Quintana Roo, tienen ingresos per cápita diez o 20 veces superiores a los de la mayoría.

La reforma hacendaria representa un esfuerzo para atender el problema, y fue planteada a partir de la necesidad de construir una mayoría legislativa. Aunque el PAN, como gobierno, asumía la postura en favor de incrementar los ingresos públicos, ahora, en la oposición, su actitud es contraria. Con base en esta realidad hubieron de tomarse las decisiones. El alcance será directamente proporcional a la disposición de los representantes parlamentarios. Las condiciones políticas y las particularidades de la economía nacional volvían intransitable un proyecto fiscal para ampliar de manera significativa la base gravable. El planteamiento del Ejecutivo atiende varios objetivos y entre los más trascendentes están: facilitar el pago de impuestos y cerrar las múltiples puertas que permiten que contribuyentes con suficiente capacidad económica eludan su responsabilidad ante el fisco.

Una reforma hacendaria definitiva, si así puede llamársele, requiere condiciones muy diferentes a las actuales. Lo que es legítimo cuestionar es si los avances que plantea el cambio conducen hacia el objetivo deseado. Para ello hay que despojarse del inevitable agravio de quienes resultan afectados por el cambio en curso. También hay que destacar la necesidad de mejorar el manejo, la operación y el destino del gasto, objetivo que no solo atañe al gobierno federal o a los estatales, sino que también involucra al propio Poder Legislativo, al Judicial, a los órganos autónomos del Estado y a las empresas públicas. Hay una agenda urgente que debe atenderse para dar mayor racionalidad al gasto público.

Con la aprobación de la Miscelánea Fiscal por el pleno de la Cámara de Diputados, la reforma hacendaria ha superado el paso inicial. No es cuestión menor lo acontecido. En estos temas, es común el voto dividido; lo importante es que se logró la aprobación de una reforma que fortalece los ingresos públicos. El rechazo de los afectados es reacción previsible. El PAN decidió encabezar la oposición y su cálculo es claramente electoral; la promoción en 2009 del gravamen del IETU y del IDE, así como el incremento de 1% en la tasa del IVA, le hacen difícil capitalizar políticamente el descontento de los grupos mayoritarios, aunque sí encuentren oportunista y efímera viabilidad en los sectores lastimados por los cambios de hoy.

El PRD participó activamente en las negociaciones; los alcances y límites de lo propuesto y de lo aprobado llevan su impronta. Es evidente que las divisiones al interior del PAN, especialmente las protagonizadas por el grupo de senadores que se opone al dirigente Gustavo Madero, han afectado el poder de negociación de ese partido. Los votos de los diputados perredistas, y muy probablemente de los senadores, devolvieron a la izquierda la condición de interlocutor privilegiado con el gobierno y su partido. El contenido de la reforma fiscal así lo explica, al igual que los nuevos términos presupuestales para el Distrito Federal.

La realidad política del país ha definido los acuerdos en el Congreso. No es revelación que el Pacto por México tiene limitaciones para procesar reformas que son difíciles de consensuar por las tres fuerzas políticas en el ámbito de sus dirigencias y de su representación parlamentaria. El hecho es que ha sido posible transitar con éxito este primer tramo a pesar de los agoreros del desastre y la división.

Ciro Gómez Leyva, MILENIO Tv y Gabinete de Comunicación Estratégica crecieron y caminaron juntos. Frente a la reserva interesada de algunos, GCE contó con la confianza plena y el apoyo generoso de este arquitecto de uno de los proyectos televisivos más exitosos, quien ahora nos anuncia la conclusión de ese ciclo. Nosotros en GCE, como muchos de los televidentes, tenemos razones sobradas de gratitud y de reconocimiento hacia él.

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