La disputa por el crédito de las reformas


Liébano Sáenz

Las reformas todavía no concluyen y ya se hacen sentir los efectos propios del cambio. El equilibrio político del país que resultó de la elección de 2012, particularmente, la pluralidad en las dos cámaras del Congreso, implica que las transformaciones legales deben procesarse a través de acuerdos para así lograr mayoría. Esto que hoy parece un proceso sencillo, ha sido la dificultad política mayor en los últimos 15 años.

Los acuerdos plurales no solo son complejos para quienes los suscriben, también son difíciles de procesar para la opinión pública y la sociedad organizada. De quien gobierna se espera que todo sea resuelto por la investidura, más en una cultura presidencialista, lo que no se advierte es que

en democracia y bajo nuestros sistema político, nadie cuenta con todos los elementos para, por sí solo, llenar esa expectativa.

Gobernar requiere mucho más que consenso, se necesita también de construir mayorías que si el voto no las proporciona, sea entonces a través de los acuerdos que se logren. Las dirigencias del PAN y del PRD, así como el presidente Peña y la dirigencia de su partido, lo tienen claro. El Pacto es ejemplo de ello al referirse a temas de consenso, por ello la reforma energética y la hacendaria se resuelven en el Congreso, ya que fue imposible el acuerdo de las tres grandes fuerzas políticas.

Señalábamos hace una semana que las dirigencias de los partidos opositores enfrentan una fuerte presión interna por la relación con el gobierno y los acuerdos del Pacto por México. Las diferencias son expresión de la lucha del poder por el poder, enmarcada en las respectivas disputas por la renovación de sus dirigencias. Quienes pelean el liderazgo ven la oportunidad de convocar a la militancia de sus partidos rechazando el acuerdo con el gobierno y satanizando los cambios necesarios. Lo mismo sucede con el senador Cordero que con el ciudadano Marcelo Ebrard; es el juego propio de la política; lo importante es que el PAN y el PRD han avanzado de manera significativa en sus agendas, a la vez de que el PRI y el gobierno también han hecho valer sus objetivos políticos, todo en el marco de concesiones y acuerdos plurales.

Gustavo Madero está trabajando por lograr lo que sería un éxito histórico para el PAN: la reelección consecutiva. Esto lo ubicaría como el dirigente de Acción Nacional más eficaz y hábil de la historia reciente. Cordero y asociados lo saben y por ello demandan su salida inmediata de la dirigencia. Aunque Cordero ha hecho todo para obstruirlas, en realidad es una disputa por el crédito de las reformas. La mezquindad con la que se conduce daña al partido que quiere dirigir y al entendimiento que, hasta ahora, ha generado importantes cambios. Madero también puede llevar la reforma energética a un esquema más próximo a lo que el PAN demanda con el consecuente beneficio para su liderazgo, un logro sustantivo más que Cordero y su grupo no están dispuestos a dejar pasar. Por esta razón el ex secretario de Hacienda pretende continuar retrasando el crecimiento económico y llevar la reforma hasta el año próximo y así obligar al gobierno, desde el Senado, a que sea él y no Madero el factor para el cambio.

Las reformas ahora que son realidad encaran un nuevo elemento: la disputa del crédito, no por el PRI, el PAN o el PRD, sino por el pequeño, pero poderoso grupo de legisladores que más se ha opuesto.

Es mucho lo que se ha alcanzado en pluralidad política, incluso se ha superado la dificultad de hacer realidad una reforma hacendaria y la aprobación del presupuesto por la Cámara de Diputados. Se hace lo que es posible a partir de la responsabilidad y voluntad de las fuerzas políticas. Los cambios conllevan resistencias y ha sido fundamental que las fuerzas políticas, el Congreso y el gobierno hayan cerrado filas para enfrentar la provocación y los intentos por frenar o desvirtuar las nuevas normas. La negociación y el diálogo con los contestatarios no significan ambigüedad ni vacilación, tampoco traición a las reformas.

La dinámica de la negociación ha obligado dar atención a la reforma política y electoral. Son muchos los temas y hay voluntad compartida para mejorar el marco legal. Insisto, es muy probable que una de las demandas históricas del PAN se vuelva realidad: la reelección consecutiva de legisladores; tanto el PRD como el PRI han modificado su postura de hace tiempo, cada vez son más quienes se adhieren a este cambio. Otro de los aspectos a regular, resuelto en instancia judicial, es el referente a las candidaturas independientes, lo que implica una regulación específica. También un sector del PAN ha promovido la creación de un Instituto Nacional Electoral y la segunda vuelta en la elección presidencial. Sin embargo, el análisis subsecuente ha hecho evidente los riesgos de una autoridad electoral única, así como los efectos aviesos sobre el sistema de representación derivados de la segunda vuelta.

La reforma energética es un capítulo relevante para la política y la economía nacional. El PAN de Madero se anticipó a Cordero, entonces presidente del Senado y coordinador de su bancada, con un planteamiento audaz. Por su parte, la iniciativa del gobierno se centra en crear un régimen de utilidad compartida a manera de estimular la inversión de particulares en el sector petrolero, además de cambios al sector eléctrico que propicien la inversión privada. El PRD, por su parte, ha mantenido una postura claramente contraria a cualquier cambio de la Constitución y un esquema muy reducido de participación privada. La mayoría natural para la reforma que tendrá que ser constitucional se presenta entre el PRI, PVEM y PAN, especialmente por lo irreductible de la postura de la izquierda. Es muy importante lo que suceda antes de la conclusión del periodo ordinario.

El impacto de las reformas  sobre el gobierno, el Pacto o los dirigentes de los partidos, puede ser temporal o permanente. Frente a la embestida del senador Cordero, lo importante de los cambios es su efecto sobre la situación del país y, aunque éstos pueden llevar tiempo en su concreción, ya hay un activo muy preciado y un importante avance de la democracia: actores políticos que sí privilegian en su desempeño el bien de la República.

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