PGR y elecciones


Liébano Sáenz

La dinámica del cambio democrático procede de tiempo atrás. Uno de sus momentos más significativos está representado por la reforma de 1977, coordinada por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, la cual favoreció el reconocimiento de los partidos Comunista de México y Demócrata Mexicano, de ideología sinarquista, además de propiciar la legalización de otros proyectos partidistas de origen reciente. Fue una transformación política si consideramos que a la pluralidad se le garantizó su espacio en la Cámara de Diputados. Once años después, vendría la modificación constitucional que dio lugar a la creación del IFE, como resultado de una singular negociación entre el PAN y el entonces presidente.

Las reformas política, electoral y al régimen de justicia han sido frecuentes. Así, un episodio relevante fue la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las primeras semanas del gobierno del presidente Ernesto Zedillo y, significativamente, la de 1996 que otorgó derechos políticos fundamentales a los ciudadanos del Distrito Federal para elegir a sus gobernantes y representantes al órgano legislativo local, así como normas en materia de equidad electoral y la concesión de autonomía plena al IFE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aunque la virtud del cambio ha prevalecido, en el encomiable afán de lograr otros objetivos como es la equidad, ha habido reformas contradictorias o polémicas como la de 2007, explicable por el sentimiento de agravio de quienes por poco margen perdieron la elección presidencial, y con la que se han restringido libertades ciudadanas, como es el acceso a los medios electrónicos. Otro de los costos mayores fue haber acabado con el principio de la inamovilidad de los responsables del Consejo General del IFE, en una clara actitud revanchista de unos y de complacencia y oportunismo de otros. La reforma de 2007 no pudo reducir el costo electoral ni dio satisfacción a los inconformes sistemáticos, además de que eludió una cuestión todavía vigente: la democracia interna en los partidos.

Ahora, se ha dado nuevo impulso a los cambios, con el restablecimiento de la reelección consecutiva para legisladores y presidentes municipales, la instauración de las candidaturas independientes, la creación del Instituto Nacional Electoral que habrá de coordinar los órganos electorales locales, la previsión de nuevos supuestos de nulidad de una elección, la integración de candidaturas igualitarias por género y nuevas restricciones para publicidad y proselitismo en tiempos de campaña, entre  otras propuestas. Más allá de lo electoral, dos temas adquieren relieve: la reducción del periodo entre la elección y la toma de posesión del presidente de la República y, el otro, la autonomía de la entidad responsable de la procuración de justicia y, concretamente, del ejercicio de la acción penal.

La procuración de justicia es una de las tareas más difíciles. Por la institución responsable de ésta ha desfilado una variedad de profesionales, algunos, de singular talento, probidad y lealtad institucional. Aún así, los resultados no han sido del todo positivos por consideraciones que trascienden a quien desempeña esta delicada tarea. La realidad es que existe una desproporción considerable entre los delitos que se cometen y aquellos que se denuncian, y, consecuentemente, los que conducen a la detención y sentencia del culpable. Todo esto ocurre por la falta de confianza ciudadana en el Ministerio Público.

Jesús Murillo Karam es un político y jurista que cuenta con las credenciales necesarias para conducir la transformación profunda de la PGR y modernizar el sistema de representación social. Por las circunstancias desastrosas del pasado inmediato, los nuevos funcionarios han dedicado buena parte de su energía y de su tiempo a corregir errores, revertir inercias y modificar viejos precedentes. La procuración de justicia federal vive un buen momento y el cambio estructural implícito en la reforma constitucional representa una espléndida oportunidad para lograr el cambio tan anhelado como necesario.

Aquí, en este espacio y en muchos otros, se ha manifestado la preocupación por la reforma electoral. La perspectiva de la dirigencia del PAN sobre la parcialidad de los órganos electorales por interferencia de los mandatarios estatales no corresponde a la verdad. La dinámica de alternancia en estados y municipios se explica por las acciones y obras de partidos y candidatos, así como por el desempeño de las autoridades, y no por la buena o mala operación de los órganos locales. Además, existe la instancia judicial federal para revertir cualquier acto de abuso de autoridad de naturaleza electoral. El centralismo no es opción, mucho menos si su motivación es insostenible y falaz.

Es responsabilidad del Congreso resolver las dudas y ambigüedades de la reforma electoral reciente. Debe ser un cambio para bien. No se trata de alterar el sentido de la reforma constitucional, sino de darle un curso virtuoso y de aprovechar los numerosos aciertos en la materia,  lo que incluye a instituciones y personas tanto del ámbito federal como del local. Entre los diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias hay suficiente conocimiento y experiencia para asegurar una reforma que potencie las bondades del cambio institucional en materia política y electoral.

Las transformaciones del país han adquirido renovado impulso en los tiempos recientes. Los términos de entendimiento y compromiso entre las fuerzas políticas y el gobierno hacen de México un ejemplo, independientemente del costo del cambio, de las dificultades en la población y de las reservas en ciertos sectores de la economía que se sienten afectados. Insisto, las reformas son un medio imprescindible para que el país mejore. Los resultados no serán instantáneos en ningún ámbito; tomarán tiempo y, ante ello, lo mejor es persistir por la senda de las transformaciones, sin bajar la guardia.

Hoy, México y sus instituciones tienen una fortaleza sin precedentes y discurren en un entorno de libertades, pluralidad, ejercicio democrático y urbanidad política. Las bases han sido sentadas para que la economía crezca y genere beneficios a las mayorías y a muchas regiones que, pese a su potencial, se han mantenido rezagadas. Sí, los cambios deben ser para bien y así han sido. Por ello, el interés nacional habrá de ser la referencia para las reformas subsecuentes.

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