La representación de los senadores


Liébano Sáenz

En la doctrina, la llamada Cámara alta ha tenido diversas funciones. Por una parte, fue concebida como instancia moderadora del quehacer legislativo, ante la eventualidad de que la Cámara de Diputados, como expresión de la representación popular y de renovación permanente, tuviera un desempeño ligero o irresponsable; y, por la otra, en particular para el sistema federal, el Senado es garantía de representación igualitaria para las entidades que componen la Federación. En sentido simple, los diputados representan al pueblo, los senadores a los estados y al Distrito Federal. En el modelo que prevaleció en México por más de un siglo, después de la restauración en 1874, se elegían dos senadores por cada entidad.

La representatividad por estado genera una desproporción entre los asientos que puede tener un partido y su votación. Por tal consideración, durante mucho tiempo, en el Senado solo el PRI estaba representado. Fue hasta 1976, con Jorge Cruickshank, del PPS, cuando hizo su arribo un legislador de diferente bandera. En 1988, ingresaron al Senado cuatro opositores y en 1991, por primera vez Acción Nacional consiguió tener, con  Héctor Terán Terán, un representante en esta tribuna.

La exigencia de abrir el Senado a la pluralidad encontró cauce en la reforma política del gobierno del presidente Carlos Salinas. Para no alterar el principio de representación igualitaria de los senadores se determinó que habría tres por entidad: dos para el partido con mayoría relativa y otro más para el que quedara en segundo lugar.

De esta forma, para 1994 había 95 senadores del PRI, 25 del PAN y 8 del PRD. La reforma de 1996 alteró el principio federalista de la representación estatal al determinar la elección de 32 senadores bajo el principio de representación proporcional. En 2000, por primera vez hubo un Senado sin mayoría absoluta; el PRI consiguió 60 asientos, el PAN, 47; el PRD, 16 y el PVEM, 5. Actualmente, el PAN ha visto disminuir su presencia, ya que en 2006 obtuvo 52 escaños y ahora solo ocupa 38; mientras que el PRI pasó de 33 a 52 y el PRD de 26 a 27, en esos mismos periodos.

El desafío mayor de todo partido es la cohesión al interior de sus fracciones. El PRI tuvo divisiones importantes en las legislaturas de 1994 y 1997. En un primer momento, la oposición se generó en su propio seno, a través del llamado grupo Galileo; y en la segunda mitad del sexenio, con la pérdida de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el contrapeso al gobierno provino de la coalición opositora que se integró en la Cámara baja.

Para algunos, la unidad en torno al partido no es más que una inercia autoritaria, pero la realidad es que la democracia moderna depende de instituciones fuertes. En el mundo, los hechos muestran que los parlamentarios que se ubican al margen de la línea partidista con frecuencia caen en riesgo de corrupción o cooptación. Además, tanto el sistema electoral mexicano como la organización interna de las Cámaras consideran a los partidos como los sujetos centrales de la representación política. Si bien, como tales, los legisladores son electos por distrito o entidad, su condición es la de representantes de la Nación, como lo determina explícitamente la Constitución para el caso de los diputados.

El tema de la representación ha alcanzado niveles críticos por la actitud de un grupo de legisladores del PAN, quienes han asumido una postura no solo al margen de la posición partidaria, sino contraria y reticente a los acuerdos para las reformas. Llama la atención que los líderes más visibles y activos de este grupo sean ex miembros del gabinete del gobierno anterior, razón por la cual han sido calificados como el “grupo calderonista”. No es sorpresa que la oposición a la reelección del dirigente Gustavo Madero sea liderada por el ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien fue removido de la coordinación del PAN por no seguir la postura del partido.

En uno de los capítulos más ominosos de la historia contemporánea del Congreso, el país ha atestiguado la actitud de los senadores del PAN de condicionar su participación legislativa por la reforma energética a los resultados de la indagatoria de la PGR sobre Oceanografía, empresa proveedora de Pemex que incrementó significativamente sus finanzas durante los pasados 12 años. El asunto que detonó el revuelo fue originalmente un fraude entre particulares: Oceanografía y Banamex; sin embargo, la información pública alude inevitablemente a un caso emblemático de la corrupción en la paraestatal, no imputable al PAN, sino a los funcionarios que, presumiblemente, se coludieron para obtener ventaja económica.

El hecho es singularmente desventurado no solamente por no haber precedente de legisladores que aprovechen su representación y condicionen el cumplimiento de su  responsabilidad para lograr un objetivo de interés particular, sino porque interfiere en una acción judicial y expone al Congreso y al gobierno frente a la complicidad y el encubrimiento. La delicada responsabilidad de la PGR debe ser respetada, mucho más cuando el procurador y el gobierno han acreditado seriedad e imparcialidad.

Llama la atención que una de las propuestas del PAN ha sido la de conceder autonomía plena a la entidad responsable de la procuración de justicia. La idea ha prosperado y ahora es letra constitucional. Resulta impensable que un grupo de senadores, al margen de su deber, pretenda ahora que el Congreso y el mismo gobierno se vuelvan medios de presión para que la justicia se oriente a derroteros afines a sus intereses particulares. Ello sería una negación elemental del Estado de derecho, de la democracia y de la representatividad de los propios senadores.

Por otro lado, la oposición a tal acción expresada por otros legisladores panistas, incluidos muchos diputados y el senador Javier Corral, significa un acierto, al igual que el pronunciamiento en semejante sentido del dirigente nacional bajo licencia, Gustavo Madero. Lo que procede es respetar el trabajo de la PGR, no interferir en su indagatoria ni prejuzgar las intenciones de la acción legal o presuntas responsabilidades. La tarea de los senadores es legislar, para ello fueron seleccionados por su partido y electos por los ciudadanos. Que la PGR haga su trabajo y, en su momento, que las instancias judiciales determinen las responsabilidades y sanciones a las que hubiere lugar.

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