Cuidar la democracia


Liébano Sáenz

Uno quiere a García Márquez como a la Luna, porque le pertenece a cada quien de distinto modo y a todos tanto como quieran gozarlo.
Ángeles Mastretta

 

El país no se puede dar el lujo de desgastar sus instituciones electorales. Apenas hace unas semanas, los principales partidos lograron un consenso para la integración del Consejo General del INE y la definición de su consejero presidente, y ya iniciaron los regateos por parte de los dos principales partidos opositores. Los legisladores han sido omisos para aprobar la legislación secundaria, pese a que la importancia del tema y la estrechez de los tiempos electorales obligaban a la urgencia. El hecho es que todavía no hay normatividad para una de las reformas más trascendentales y difíciles que haya habido en la materia.

En el tintero ha quedado la legislación sobre reelección y candidatos independientes de los partidos, entre otros temas igualmente relevantes y complicados. La reelección consecutiva riñe con el principio de equidad pues, bajo cualquier circunstancia, quien ostenta un cargo tiene ventaja comparativa sobre su contendiente. Ésta es una realidad constatable, especialmente en el entorno estadunidense. La diferencia es que allá, el tema de equidad jurídicamente no importa y aquí está constitucionalmente salvaguardado.

De manera similar, la figura de candidatos independientes va a contrapelo de todo el sistema electoral y parlamentario fundado en partidos políticos. En el mundo real, los candidatos independientes poco han contribuido a la democracia, las virtudes de esta figura han sido ocasionales y excepcionales; la realidad de la democracia representativa está cimentada en los partidos políticos, como lo planteó la reforma fundacional promovida por Jesús Reyes Heroles. El riguroso control de medios, las normas de equidad para acceder a ellos y el régimen de responsabilidades en materia de financiamiento y rendición de cuentas, se funda en los partidos, no en los candidatos. Será difícil encontrar cuadratura al círculo y la tendencia a dificultar esas candidaturas independientes se vuelve muy probable como es el requisito de presentar un apoyo significativo ciudadano previo al registro. Otro de los riesgos evidentes es la eventual utilización de las candidaturas independientes por parte de los partidos adversarios con la intención de propiciar el filibusterismo, es decir, la generación de competencia en un partido fuerte para posteriormente debilitarlo a través de la división interna.

Uno de los aspectos ya anotados es el impacto que tendrían los legisladores independientes en el Congreso. La Constitución determinó hace tiempo la organización de las Cámaras con base en grupos parlamentarios, principio consecuente con el sentido y con la esencia de la democracia representativa. Sin embargo, los legisladores independientes quedarían en clara desventaja y eventual exclusión, pues la organización de la Cámara, la integración de comisiones y hasta el orden del día son resueltos y definidos por conducto de los grupos parlamentarios. Aunque es probable que no haya legisladores electos de manera independiente, la ley debe prever esta circunstancia.

Uno de los retos mayores del INE corresponde al ámbito local. El PAN convirtió la lucha contra los órganos electorales locales en causa santa; impuso su agenda en clara oposición al federalismo y a las atribuciones de los órganos de autoridad local. El inconveniente es que el tiempo apremia y el INE no puede proceder a la evaluación, remoción o designación de consejeros locales, precisamente porque los legisladores no han concluido su tarea. Por lo pronto, la determinación, orientada por el sentido común, de no hacer cambios hasta que sea aprobada la ley secundaria, ha sido cuestionada por PRD y PAN. De tal actitud se desprende no solo el prejuicio, sino una actitud de irresponsable presión contra un consejo que está quedando obligado a actuar sin el soporte de una legislación que precise funciones, procedimientos y responsabilidades.

Si ocurre que PAN y PRD tienen reserva sobre los consejeros locales o cualquier funcionario electoral, la tarea obligada es documentar las razones y, especialmente, las pruebas que sustentan su resistencia. Los vetos no pueden ser fundamento para la defensa de los votos. La actuación de autoridades electorales firmes, sin la presión de partidos o medios, es premisa obligada para una función electoral confiable. La firmeza de las autoridades electorales suele ser causa de fricción con los partidos, la opinión publicada y los múltiples intereses que su función los obliga a encarar. Un funcionario riguroso, que no hace concesiones indulgentes a partidos y autoridades gubernamentales, es susceptible de señalamientos críticos y descalificaciones. Algunos actores que inciden en las elecciones han preferido autoridades frágiles y a modo, con todo y que eso sea la causa profunda del malestar y de la polarización que hemos padecido desde la elección presidencial de 2006.

En 2015 se dirimirá el futuro del sistema electoral mexicano y del país; no es solo una disputa por la mayoría en la Cámara de Diputados, por nueve gubernaturas y ocho elecciones locales intermedias concurrentes. Los partidos y el Congreso asumieron el compromiso de llevar a cabo una reforma electoral muy compleja. Ahora que el Constituyente permanente la ha hecho realidad, corresponde a todos acreditar elevadas cuotas de responsabilidad y seriedad política. El PAN, principal promotor del cambio, tiene el deber de la prudencia y está obligado a cuidar que la reforma sirva al país y al sistema político, con todo y que ese partido vive, y en cierta medida padece, un proceso de elección interna que ha derivado en la polarización de posturas y la descalificación hacia el adversario.

Por su parte, el PRD encara el desafío de una nueva fuerza política: Morena, que le disputa su base social y electoral invocando causa semejante. La competencia del PRD es más radical y crítica, sin embargo, esto no puede significar que la izquierda se aparte de un código básico de institucionalidad, fundamental para la democracia y para la toma de decisiones compartidas. Morena ya decidió descalificar al Consejo General del INE; el PRD no puede darse el lujo de la ambigüedad. Lo que más requiere este país es una izquierda responsable, y el cumplimiento de esta misión no implica declinar en la exigencia de democracia y mayor equidad social. A la larga, lo que habrá de prevalecer y lo que habrá de triunfar será la institucionalidad.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s