El vía crucis de las reformas


Liébano Sáenz

Sobra decir que el país requiere con urgencia cambios profundos. Las reformas institucionales y legislativas son expresión política de las transformaciones esperadas. El país tiene un largo trayecto pendiente en el curso de los cambios constitucionales. La actual Carta Magna inició una tradición al incorporar principios nacionalistas y garantías sociales, medidas sin precedente en la práctica constitucionalista. Los cambios legales no modifican la realidad como tal, particularmente en lo que atañe a los derechos sociales y al anhelo de una sociedad más justa e igualitaria, pero sí constituyen la base para la regulación y determinación de responsabilidades del Estado y de los gobiernos, así como referencia privilegiada de las garantías y derechos de las personas.

La pluralidad y el poder dividido que cobraron realidad en 1997 interrumpieron el impulso reformador que caracterizó la década previa. Los cambios generan resistencias por parte de los beneficiarios del orden prevaleciente, pero también es real el amplio consenso sobre la responsabilidad que tiene el poder público de hacer valer el interés general. La concentración de poder político y económico debe ser resuelto a través de la ley. No hay mano mágica del mercado o de la sociedad civil que puedan garantizar el bienestar del conjunto, pero las libertades y la participación social son fundamentales. La idea de la supremacía del interés general y, particularmente, de la responsabilidad del Estado para hacerlo valer, ha llevado al extremo de confundir al gobierno y al Ejecutivo con el Estado y con el interés nacional. Afortunadamente, el régimen de separación de poderes, el federalismo y la pluralidad misma contribuyen a consolidar un concepto más amplio e incluyente de la República, como ocurre en toda democracia.

La mayor virtud política de los años recientes es la construcción, a través del diálogo, de un terreno común para hacer realidad transformaciones sustantivas. Es muy encomiable que los cambios hayan sido avalados por las tres principales fuerzas políticas, lo que indica, por una parte, el consenso en torno al contenido de las reformas y, por la otra, la madurez de las oposiciones, cuya actitud de  corresponsabilidad que no fue obsequiosa, toda vez que los cambios incorporan capítulos significativos de sus propios postulados políticos e ideológicos.

Ante el impasse actual de las reformas secundarias, llama poderosamente la atención que las dificultades mayores para consumar los cambios no provienen de los sectores afectados, los que han hecho valer sus intereses con prudencia e institucionalidad, sino de las dinámicas al interior de los partidos de oposición. Vale decir que el PRI ha mostrado una actitud de lealtad y disciplina propio de su larga experiencia en el ejercicio del poder nacional. También allí, en mayor o menor grado y según el tema, hay reservas sobre algunos aspectos de las reformas, pero esto no compromete su sentido de disciplina colectiva,
fundamental para la democracia representativa y para garantizar al negociador el capital y el poder suficiente para llevar a cabo los acuerdos y establecer una agenda incluyente de compromisos.

Los procesos que el PAN y el PRD viven en su interior y en el entorno de su base social natural han complicado las reformas más en lo menor (las reformas secundarias) que en lo mayor (las reformas constitucionales). Es evidente que el gobierno tiene disposición para el acuerdo y que, eventualmente, no se cancela la posibilidad de ajustar las iniciativas en función del consenso y sin perder el fundamento del cambio constitucional. Sin embargo, en uno y otro lado de la oposición, hay una creciente actitud vergonzante ante el acuerdo con el poder y los cambios legislativos.

El periodo de sesiones está por concluir y aún hay proyectos legislativos relevantes pendientes de aprobación. Algunos son urgentes y todos son importantes. Los pocos días que restan al período ordinario no dan para cumplir el propósito de aprobar los temas fundamentales de las reformas antes del receso. Los tiempos apremian y es importante el acuerdo para un periodo de sesiones extraordinarias a fin de concluir la agenda en al menos tres temas: la reforma político electoral, la de telecomunicaciones y la energética. Quizá la primera pueda ser resuelta en este mismo periodo de sesiones ordinarias, objetivo útil toda vez que es necesario realizar los ajustes institucionales de cara a las elecciones locales y federales del próximo año.

Las negociaciones no han sido interrumpidas; de hecho, en todos los temas hay avance y las diferencias están claramente identificadas. Los grupos de trabajo encargados de redactar las nuevas normas también cuentan con textos ya perfilados. Para el caso concreto se precisa la voluntad política de todas las partes para llegar a feliz término. Como ocurre con todos los cambios importantes, los acuerdos no podrán satisfacer a todos, en todo. Las partes deberán hacer un compromiso que exprese el equilibrio político. Lo deseable es que el consenso acompañe todas las normas que están por aprobarse, pero el sentido político y la realidad advierten que algunos cambios podrían lograrse con una mayoría menor pero suficiente para su aprobación en el Pleno de las cámaras. En este sentido, las reformas también deben dar espacio para que las dirigencias de las fuerzas opositoras salven cara frente a los grupos internos más intransigentes o frente a sus competidores próximos como es el caso del PRD y el partido promovido por Andrés Manuel López Obrador.

Los tiempos no son lo único que importa, también es fundamental el contenido de los cambios. Si es preciso ampliar el periodo de trabajo en el Congreso, así debe procederse; incluso, podría ser recomendable revisar algunos objetivos de tiempo, como el de anticipar el inicio del proceso electoral de 2015 para dar más espacio a las deliberaciones legislativas en materia de reforma electoral. De cualquier manera, los cambios deberán resolverse en un lapso breve. La posposición tiene consecuencias y, al menos para el caso concreto de la reforma electoral, el cambio que ha de procesarse en el seno de la nueva autoridad electoral es lo suficientemente urgente y trascendente como para consentir demoras o menosprecios.

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