El poder y la fiscalización


Liébano Sáenz

“El corazón de una madre es un espacio infinito de amor y comprensión”

En la lucha por el poder, el dinero siempre juega su parte. La democracia no está exenta de esta difícil relación entre dinero y política; de ahí que uno de los mayores retos sea el definir reglas que impidan que quienes detentan el poder económico se apropien también del gubernamental y del legislativo. Y es que el riesgo es claro: una democracia sin esta regulación puede derivar fácilmente en oligarquía.

Salvaguardar el interés general, la soberanía y la independencia nacional, objetivos del Estado, es una tarea que debe iniciar manteniendo los poderes fácticos, incluido el económico, en su respectivo lugar. Así que no está por demás señalar la amenaza que representa el dinero de origen ilícito, sean recursos públicos o de grupos criminales.

En el sistema electoral mexicano, la fiscalización del gasto, tanto en su origen como en su destino, busca también favorecer elecciones equitativas. Para este propósito, que no es menor, se destinan cuantiosos recursos públicos para financiar las actividades regulares de los partidos y otro tanto para las campañas. Además, los partidos no gastan en tiempo aire para su publicidad en radio y televisión, pues en México se ha creado un singular sistema a cuenta de los tiempos del Estado y de la industria de radio y televisión. Como consecuencia, los partidos y sus candidatos se promueven gratuitamente sin que ello haya mejorado la calidad del debate ni el diálogo con la ciudadanía. En su lugar se realizan campañas publicitarias superficiales y excesivas hasta la saturación, algunas de ellas atentan abiertamente contra los principios democráticos y son un descarado engaño en el afán de ganar votos fáciles.

Aunque de manera accidentada, el país ha ido avanzando hacia un sistema de fiscalización. Sin embargo, hay que advertir que una mala legislación puede ser contraproducente para el objetivo; particularmente preocupa la reciente reforma electoral que tiende a la centralización. El nuevo artículo 41 constitucional determina que esta importante tarea será facultad del Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, existe el consenso en torno a un sistema de fiscalización paralelo al desarrollo de las campañas y no a la poselección, como se aplicaba en el pasado. Adicionalmente, la reforma reciente ha determinado la nulidad cuando se exceda el gasto de campaña en 5% del monto autorizado o en los casos en los que se reciban o utilicen recursos públicos ilegales o de procedencia ilícita.

Todo lo anterior significa que serán las direcciones nacionales de los partidos, a través de sus representantes ante el INE, las que tendrán la responsabilidad de presentar los informes periódicos de todas y cada una de las campañas en curso, tanto del ámbito local como del nacional. Como es de suponer, desentenderse de tal responsabilidad conlleva el riesgo de perder la elección, con la sanción subsecuente de que el candidato responsable o afectado no pueda volver a ser postulado.

En la práctica política en general es difícil que la fiscalización, tal como es planteada, logre sus objetivos, pues no todo gasto de campaña ni todo origen de recursos es verificable. Esto adquiere mayor relevancia si, como en este caso, los topes de campaña no son realistas. Los sistemas más eficaces de fiscalización son los que se apoyan en la transparencia y no en los topes de gasto.

Los pronósticos de la fiscalización centralizada y en tiempo real, con sanción de nulidad electoral, en su combinación pueden ser un atentado contra nuestra democracia. Es posible que partidos y candidatos se ocupen más de construir el argumento de nulidad para ganar en tribunales y no en los votos; experiencias  que ya hemos vivido.

Por otra parte, los partidos deberán realizar una costosa inversión tecnológica para que los reportes de origen y gasto de las campañas sean presentados en tiempo y forma; un desafío muy difícil para los múltiples municipios y distritos rurales del país. El peor escenario es que los candidatos y los partidos se concentren en cuidar las cuentas propias y ajenas para convertir el financiamiento en el objeto de la disputa electoral, en lugar de construir propuestas y conseguir la preferencia ciudadana.

La fiscalización de candidatos independientes debe estar en el centro del debate. De alguna forma, los partidos son instituciones que imponen orden y autoridad a los candidatos en campaña; el régimen de sanciones económicas así lo promueve. El problema radica en los candidatos que no son postulados por partido alguno. El derecho a ser votado debe ser salvaguardado pero no subvertido por candidatos financiados con dinero ilícito, cualquiera que sea su origen.

Otra posibilidad es el perjuicio al derecho a ser votado a causa de errores o negligencias de las direcciones partidistas. Pongo un ejemplo, un candidato puede atender las normas en materia de financiamiento ante su partido, pero un error o la impericia de los partidos pueden traducirse en la anulación de su eventual triunfo y cancelarle la posibilidad de volver a ser postulado en la elección posterior.

La existencia de un sistema centralizado de información sobre el financiamiento alienta este tipo de supuestos. Insisto, los partidos deberán aplicar un sistema moderno de informe de campañas sustentado en las herramientas más modernas y confiables de las telecomunicaciones y de la informática, no exentos de riesgo por una tecnología mal seleccionada u operada.

Por su parte, el INE también tendrá que transformarse y facilitar la fiscalización a partidos y candidatos. Es aconsejable evaluar lo que han hecho los estados y la Federación en la materia. Basta revisar el caso del sitio web de la SHCP, donde se puede consultar el gasto del gobierno federal y, mejor aún, el sistema de gobierno abierto en materia de gasto público que existe en Chihuahua por conducto de la Auditoría Superior del estado.

Es deseable que esta semana el Senado de la República proceda a la aprobación de las diversas leyes que integran la reforma político electoral. Como se anticipa, uno de los temas de mayor controversia y más difícil consenso tendrá que ver con la fiscalización, particularmente en lo que toca a asuntos como el prorrateo de campañas y las aportaciones de particulares. Lo fundamental es que las normas que se definan sean consecuentes con el texto constitucional y con los objetivos propios de un régimen moderno de fiscalización de campañas en un entorno democrático y de certeza de derechos.

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