El precio de la demora


Liébano Sáenz

El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha resuelto retrasar dos meses y medio el calendario para la licitación de dos cadenas de televisión abierta. En mayo de 2013, hace ya más de un año, el proceso se formalizó en el nivel constitucional. Es evidente que los partidos en el Congreso han demorado injustificadamente el estudio y aprobación de las leyes secundarias. Nuevamente los intereses mezquinos de quienes dirigen los partidos se imponen sobre el presente y futuro de los mexicanos. El propio dirigente del PAN lo ha aceptado al decir que los tiempos son lo de menos, y que lo importante son los qués y los cómosde las leyes secundarias.

Como se advierte, el desentendimiento sobre los intereses de México se agrava, precisamente porque ya hay reforma constitucional; es decir, lo que antes estaba a discusión ahora no solo es cosa juzgada, es parte del texto constitucional. Corresponde entonces al Congreso asumir su obligación de legislar en aras de dar expresión e instrumentación a lo que ellos mismos incluyeron en la Constitución.

Los partidos que votaron contra las reformas no tienen derecho de sabotearlas mediante tácticas dilatorias. Tampoco es aceptable que pretendan cumplir compromisos privados con sectores que fueron afectados por los cambios constitucionales y que lo hagan con el fin de desvirtuar los objetivos y el contenido del nuevo texto constitucional. También habrá quien pretenda que las reformas secundarias no estén al servicio del país, sino de un grupo estrecho. Es tarea de las autoridades y de los legisladores garantizar el interés general sobre el particular, aun si es el de los partidos.

No es éste el único tema entrampado por las negociaciones. La reforma en materia de energía atraviesa por una situación similar. Los calendarios legislativos se posponen o se ajustan en función de las agendas partidarias. En una inaceptable actitud de chantaje, la dirigencia del PAN y sus coordinaciones parlamentarias han impuesto su criterio centralista en la reforma electoral a cambio de participar en una reforma energética (propia, según el criterio de su presidente Gustavo Madero). Además han resuelto supeditar el trabajo en el Congreso a las decisiones partidarias vinculadas con su elección interna.

Hay evidencia de que algunos partidos asumen que hacer realidad las reformas es interés exclusivo del PRI y del gobierno. La agenda es nacional y los costos de la mora legislativa en las leyes ordinarias o secundarias también se cargan a la cuenta de México. La oposición se regocija por las dificultades en la economía pese a que está claro que las reformas darían mayor competitividad y dinamismo al país. Nadie en su sano juicio puede aventurarse a ganar el futuro a partir de la desgracia de todos.

La circunstancia preocupa porque a pesar de que ellos mismos han sido víctimas de esa postura cuando han sido gobierno, la oposición pretende regresar al esquema de intransigencia y posturas irreductibles frente al Ejecutivo y su partido. No es un asunto de siglas, sino un modelo que ha pervertido a la democracia y a la pluralidad. Así sucedió con los panistas y perredistas durante el gobierno de Ernesto Zedillo y después, con los priistas y perredistas, cuando gobernaron Vicente Fox y Felipe Calderón; ahora se intenta romper el proceso de entendimiento, acuerdo y corresponsabilidad impulsado por el Pacto por México.

La postura de la oposición evidencia su dificultad para actuar más allá de sus intereses personales o de grupo. Lo que se advierte es que los significativos e importantes avances alcanzados no fueron resultado de un compromiso con el país, sino de concesiones a cambio de beneficios concretos y de corto plazo. Así se llegó a las reformas constitucionales y por ello, una vez que los temas han sido resueltos y definidos, un nuevo catálogo de posturas irreductibles dificulta los acuerdos hacia las normas secundarias, con una injustificada e indeseable mora legislativa como consecuencia.

Insisto, los costos de la demora son cobrados al país, pero también desacreditan a la democracia y a la pluralidad. Las reformas en materia de energía y telecomunicaciones son fundamentales para la economía nacional, al igual que para el bienestar de los mexicanos y de muchas regiones que se integrarían a la dinámica de la economía global. El retraso de la licitación de las dos cadenas nacionales de televisión es una muestra de los efectos de la indefinición legal. La mayoría de los integrantes del órgano superior del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha entendido que se requieren precisiones legales, aun cuando la Corte ha determinado que la sola definición constitucional habilita a los órganos de autoridad para actuar en consecuencia. Sin embargo, la complejidad del tema y todo lo que éste entraña justifica la decisión de suspender la licitación. Además, independientemente de las consideraciones de la Corte, constitucionalmente es discutible que los órganos administrativos puedan actuar en ausencia de una ley proveniente del Congreso que determine con claridad los derechos y las obligaciones, así como las atribuciones de cada autoridad.

La impunidad conlleva irresponsabilidad, sin duda el incentivo perverso que más afecta la vida nacional en todos los órdenes. Mientras los partidos no asuman un costo más allá de la sanción social o la crítica pública, difícilmente actuarán de manera comprometida con el país. De hecho, parte del problema se debe a que las trascendentes reformas concretadas en 2013 no tuvieron ascendiente en la población, de manera que el hecho de oponerse abiertamente a éstas, diluirlas, desvirtuarlas o postergarlas, como está sucediendo con los partidos políticos, no les significa mayor costo. En otras palabras, son el país y la democracia representativa los que pagan el precio del retraso en las reformas, no los legisladores ni sus partidos.

La responsabilidad no se invoca ni se exige, se tiene o no se tiene. Asumirla no significa que los partidos declinen sus posturas o principios, simplemente implica que cumplan con la tarea que les corresponde. Su presencia en el Congreso debe servir para hacer realidad lo que ya ha sido resuelto en la Constitución. La parálisis legislativa no es una opción, como tampoco lo es tender la trampa de desviarse de la ruta y de todo lo alcanzado. Ha llegado la hora de que las Cámaras procedan a la construcción de un acuerdo mayoritario y concluyan, de una vez por todas, el proceso legislativo iniciado con la reforma constitucional.

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