Pasivos laborales y sociales


Liébano Sáenz

Una de las dificultades más agudas de las economías contemporáneas se refiere a los pasivos laborales y sociales. Es un tema que atiende a diversas causas. En los países desarrollados se asocia al envejecimiento de la población sin que se haya modificado de manera equivalente la “edad laboral”, situación que se complica cuando aumenta el desempleo. España es un caso paradigmático: un país con una amplia red de protección social, con una población que gracias a la inmigración ilegal no envejece al ritmo de otras economías, y que al mismo tiempo presenta una muy elevada tasa de desempleo.

En México el problema es distinto. El llamado bono demográfico es el efecto (temporal) de elevadas tasas de crecimiento de la población en las décadas previas y su disminución en años recientes. Comparado con otros países, México es una nación de jóvenes; en consecuencia, la proporción o tamaño de la población en edad de trabajar, respecto a los mayores o menores, es envidiable respecto a lo que sucedía en el pasado o en relación con otros lugares. Incluso, una de las ventajas comparativas de México respecto a países industrializados de Oriente como Japón, China o Corea es que por la disminución de la oferta laboral, los salarios muestran una tendencia estructural de incremento.

Esta circunstancia para el país es una oportunidad, pero también expresa una doble tragedia. Del lado positivo está lo que actualmente acontece con la industria automotriz: México se revela como una potencia por los bajos costos laborales, acompañados de vecindad con el principal mercado, así como vocación y competitividad de los trabajadores mexicanos. El lado negativo está en que parte de la historia se explica por los bajos salarios, efecto de una economía incapaz de ofrecer empleo suficiente y de calidad en condiciones de formalidad. El otro aspecto, poco discutido, es que solo una proporción pequeña de la totalidad de la fuerza laboral tiene condiciones de empleo a la altura de cualquier economía desarrollada; éste es el caso de los trabajadores petroleros.

Algunos asumen, sin razón, que los mexicanos tienen una postura negativa al sindicalismo y a los derechos laborales. No es tal. Sí es el caso de los abusos y el desprestigio que ha acompañado a algunos dirigentes, pero en general los estudios muestran una opinión pública favorable a los sindicatos y a los derechos laborales. Incluso casos como el SNTE, el Suterm y el mismo Sindicato de Pemex tienen buena aceptación en la población. No está por demás señalar que es un exceso o una postura parcial imputar a sus trabajadores o al gremio los problemas de la educación pública, de la CFE o de Pemex. En todo caso es la deficiente dirección o la imposibilidad estructural para adecuarse a las nuevas circunstancias lo que explica la crisis de fondo de estas áreas, particularmente la del sector energético.

Una de las grandes debilidades del país se refiere a los pasivos laborales. Mucho se ha avanzado al respecto, pero es insuficiente, como lo revela la polémica respecto al traslado de deuda soberana parte de los pasivos laborales del sindicato de Pemex. Hay casos de singular éxito que debieran ser considerados para convertir una debilidad, en una fortaleza. Es el caso de la reforma al sistema de pensiones de Chihuahua, en el que se lograron objetivos que benefician a los trabajadores al servicio del Estado, particularmente los que tenían condición histórica de contrato por honorarios y, por la otra parte, al modificar la edad de jubilación y las aportaciones de los trabajadores incorporados al sistema por la reforma, se generaron recursos suficientes para darle fortaleza financiera no solo al régimen de pensiones, sino a las finanzas públicas de la entidad en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo.

Situación semejante puede proyectarse para el Sindicato de Pemex. Como se hizo en Chihuahua, se respetan los derechos adquiridos de jubilados y de los trabajadores actuales, pero se modifican las condiciones de jubilación y prestaciones de los nuevos y futuros trabajadores. Así, las aportaciones de los trabajadores y de la empresa serían suficientes para resolver los pasivos laborales históricos que no serán incorporados a la deuda soberana y, por la otra parte, se da viabilidad y fortaleza al sistema de pensiones actual.

La reforma energética plantea un nuevo paradigma: la competencia. Para cualquier empresa es obligado transformarse cuando el escenario que deberá enfrentar es el de la concurrencia de otros y nuevos competidores. Hay historias recurrentes de grandes entidades privadas que han colapsado por no saber adaptarse. Corresponde a los legisladores, no solo a los administradores de las empresas públicas del sector energético, realizar los cambios de fondo para habilitar a Pemex hacia el futuro.

Son múltiples los retos para dotar a Pemex de competitividad: el régimen fiscal y financiero, los pasivos laboral y financiero, ingeniería y tecnología competitiva y una administración y gestión moderna. Quienes desde la izquierda desean que Pemex tenga éxito y sea el eje de la economía en materia de energía deben ser los primeros en apoyar los cambios para que la paraestatal pueda cumplir tal cometido. Las explicables resistencias a la apertura del sector energético no deben llevar a disminuir la capacidad empresarial y productiva de Pemex. El dogma conspira contra la razón.

El debate sobre los pasivos laborales en Pemex debe llevar a una reflexión mayor sobre el sistema de protección social en el país. México tiene un compromiso ineludible con sus trabajadores. Sin embargo, este aspecto debe contemplarse en amplia perspectiva, como lo está haciendo la Secretaría del Trabajo en su programa para atraer a la formalidad a millones de trabajadores al margen de los beneficios que acompañan esta condición. En otras palabras, las soluciones financieras y de política pública no solo deben contemplar la expresión gremial y a los empleados en el circuito de la economía formal, sino atender a ese enorme sector al margen de la protección social. Ése es el gran pasivo social del país y un reto mayor de política social y económica.

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