Noticias del frente de batalla


Liébano Sáenz

Una de las necesidades más apremiantes de la política ha sido la recuperación del Estado como garante del interés general y de los derechos de las personas. El saldo de una transición accidentada, gradualista e incompleta condujo al deterioro del Estado. Un país más democrático, con mayores libertades formales, no llevó a un país más justo y con ciudadanos más libres, en este caso, de mayor seguridad para ellos. Hay más competencia, equilibrio de poderes y alternancia en los gobiernos, también espléndidas reformas políticas e institucionales, pero a pesar de ello, los cambios no resuelven muchos problemas con impacto directo en las personas.

Las dificultades en las que se debate la sociedad mexicana se centran, principalmente, en la economía y la seguridad. Ambas aluden a una misma cuestión: el déficit en la legalidad. Sin duda México ahora es mejor, considerablemente mejor que en el pasado, pero hay insuficiencias sobre las que es urgente actuar. Que lo hiciera un solo partido, proyecto político o líder era, en un escenario de una democracia en consolidación, inviable. Se requería de construir un terreno común entre las fuerzas políticas y de allí partir con un proyecto de reformas que refleje propuestas de origen diverso, pero que converjan en un mismo propósito: México.

El largo y sinuoso camino de las reformas se puso en pausa por más de 15 años, periodo que inicia con la ausencia de una mayoría parlamentaria afín al Ejecutivo. Desafortunadamente para el país, generaciones de políticos y gobernantes de todos los partidos no encontraron la fórmula para conciliar oportunidad política con responsabilidad. Se desconcentró el poder, se creó un régimen privilegiado de estímulos para altos servidores públicos, se distribuyó el poder político, los partidos contaron con prerrogativas sin precedente ni paralelo, pero el ejercicio de gobierno no mejoró y quedaron lejos de las expectativas ciudadanas.

Uno de los mayores logros del México contemporáneo, la democracia, no ha cobrado aprecio en la conciencia pública, porque mucho de lo realizado se hizo por y para la política y poco para la sociedad o los ciudadanos de carne y hueso.

Frente a la batalla que debe dar el país para transformar sus leyes e instituciones, así como para el rescate del Estado frente a los poderes fácticos, las reformas alcanzadas son un paso necesario. La polémica y las resistencias naturales de todo proceso de cambio no deben inhibir el juicio positivo sobre lo realizado ni confundir a la opinión pública. Sea dicho de paso, siempre será positiva la crítica y la alerta juiciosa sobre insuficiencias y amenazas de lo que se va construyendo; sin embargo, éstas deben contribuir en función de ser un ejercicio de razones y argumentos libre de dogmas y fobias.

También en el frente de batalla por la recuperación de la seguridad hay noticias que proyectan un mejor panorama. La lucha contra la violencia y el crimen habrá de librarse por mucho tiempo, en muchas partes y de diversas formas. Debe quedar claro que no hay propiamente un pasado de gloria en esta materia, pero tampoco puede ocultarse que se ha agravado la inseguridad y violencia en zonas del país en las que gobiernos locales perdieron capacidad para cumplir su responsabilidad elemental de proveer seguridad.

La gravedad del problema nos remite a un pasado lejano de impunidad y negligencia en el fortalecimiento del sistema de seguridad y de procuración de justicia, también a causas profundas que se asocian a la desigualdad, la falta de oportunidades y al deterioro de los valores y de las instituciones fundamentales para la cohesión social.

Todavía hay mucho por hacer y roles que asumir por parte de los ciudadanos. Por donde se quiera ver son positivas las expresiones de inconformidad y las exigencias por una mejor justicia. Gracias a ello no hay margen para regatearle algo a la realidad y esto reafirma la presión a los gobiernos para hacer más. En todo esto destacan las expresiones sociales que vienen de medios y de organizaciones cívicas que auditan cifras, acciones y compromisos.

En este marco se ofrecen datos alentadores en materia de seguridad. La atención de ahora no está en las acciones del gobierno, sino en los resultados. Poco a poco las cifras nos muestran que se va ganando la batalla, a pesar de que en algunos lugares del país bajan los homicidios y aumentan los robos violentos. Hay territorios más complicados como Michoacán, otros más funcionales para avanzar. En muchos lugares se le ha dado vuelta al tema, se podría decir que han sido exitosos y ya vienen de regreso, como sucede en Tijuana, Ciudad Juárez o Monterrey. En otros, baja la incidencia delictiva de lo que genera mayor impacto. El mapa nacional en la batalla por la seguridad es vasto y complejo, no da lugar a generalizaciones. Tampoco a la confianza, pero no deben ignorarse los avances, porque así se puede identificar lo que sí funciona y qué debe seguir impulsándose.

El camino de la legalidad tiene varios planos y expresiones. No solo se ofrece ante lo obvio, en los lugares donde la violencia y el delito se entreveran para llevar a una crisis severa a la sociedad y a cuestionarse sobre la existencia del Estado y la eficacia de los gobiernos y las instituciones. También se presenta en otros espacios de la vida pública y económica.

La corrupción, la impunidad y la misma inequidad producto de la injusticia y la indolencia deben apreciarse como problemas a superar. Las cifras recientes del Inegi sobre la informalidad son un signo alarmante sobre lo que tiene que hacerse en materia de legalidad y en las políticas públicas para generar estímulos que lleven a la formalidad a los productores agrícolas, al comercio o a las pequeñas empresas. Cumplir obligaciones es el inicio de la ciudadanía y punto de partida para la exigencia de derechos.

Las reformas que se aprobaron en los meses recientes fortalecen al Estado frente a los grupos de interés y la concentración económica. Su indebida interferencia en la política y en el gobierno, precisamente por su propio poder, impedía que las autoridades cumplieran su responsabilidad y que la economía de mercado acreditara sus fortalezas. Esto está cambiando, como también gradualmente se gana terreno en la tarea de abatir el delito y la violencia, lucha que demanda una voluntad compartida de autoridades, poderes y sociedad. Para alcanzar a ver la luz al final del túnel, había que encontrar el túnel. Buenas noticias, finalmente vamos por una ruta correcta.

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