Salarios, entre lo deseable y lo posible


Liébano Sáenz

Cuando apenas se está cerrando el ciclo de las reformas estructurales, uno más ya se abrió de manera anticipada, el de la disputa por el voto en 2015. En política, nunca hay tregua. El dirigente del PAN, Gustavo Madero, ha sido el primero en perfilar lo que será su estrategia para intentar ganar elecciones: orientar la consulta nacional hacia el incremento del salario mínimo. La respuesta no se ha hecho esperar y en voz del jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, se ha planteado la exigencia de un mejor salario en un contexto de opiniones calificadas e irrefutables. El PRD se ha inclinado por la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (en la que concurren representantes de los patrones y de los trabajadores), para que sea una instancia política, la Cámara de Diputados, la que defina los salarios.

En efecto, el salario mínimo vigente es inaceptable porque un ingreso basado en ese parámetro difícilmente ofrece condiciones de vida digna, sobre todo si está de por medio el sustento de la familia. Para la izquierda, este asunto ha sido lucha de origen. El salario mínimo es injusto porque es insuficiente. Lo que ahora es nuevo, y quizá singular, es que sea el PAN el primero en abrazar dicho debate.

Es común que los partidos abanderen causas populares a modo de ganar visibilidad y espacio, mucho más en la antesala de las elecciones. No hace falta gran esfuerzo para identificar que la insuficiencia salarial es una inconformidad generalizada; sin embargo, también hay que considerar que el incremento sugerido supone serios efectos colaterales. El salario mínimo es referente para muchos otros aspectos, no solo para las multas a las que ha aludido el jefe de Gobierno del DF, sino como expresión de negociaciones salariales independientes. Bajo tal consideración, como lo ha señalado el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, un incremento al salario que no vaya de la mano de un aumento en la productividad sería fatalmente inflacionario.

Afortunadamente, en México ya no hay debate sobre índices inflacionarios, al menos no con la intensidad de los años 70 y 80 en el siglo pasado. Para bien, las nuevas generaciones de mexicanos desconocen el drama de una inflación descontrolada que se hace acompañar de un ingreso en creciente deterioro. Conjuntamente con la normalidad democrática, México ha ganado estabilidad macroeconómica, y ello ha sido posible fundamentalmente por abrir más espacio a la lógica del mercado y menos al criterio burocrático en la definición de temas esenciales como el tipo de cambio y los salarios.

Esto significa que la indeseable realidad del salario mínimo se enmarca más en lo posible, es decir, derivado de la excesiva oferta laboral respecto de la demanda. Es bien sabido, y ya varios países que han descuidado este aspecto lo han pagado caro, que costos laborales elevados conducen al desempleo. Además, en un contexto como el mexicano, la enorme oferta laboral y las escasas oportunidades de trabajo disparan la informalidad e impulsan la migración interna y hacia el exterior. En otras palabras, las políticas salariales desvinculadas del empleo generan efectos perniciosos, no solo los que tienen que ver con la inflación, de por sí injustos porque afectan a quien menos tiene, sino los asociados a un proceso de descomposición social, económica y legal implícita en el desproporcionado tamaño de la economía informal, y a la pérdida nacional y regional de capital humano producto de la migración.

Las cifras recientes del Inegi sobre la dimensión de la economía informal son preocupantes en extremo. La informalidad es sinónimo de injusticia y, en buena parte, de ilegalidad. Metodológicamente no queda claro cómo se determina la aportación de los informales al PIB. Según algunos especialistas, la cifra presentada por el Inegi es baja frente a la real, porque, a decir de éstos, la proporción de la economía vinculada al crimen del tráfico de drogas y actividades análogas es considerablemente mayor. En tal sentido, esta medición se torna sumamente compleja si atendemos técnicas convencionales como la entrevista o la observación del encuestador.

Considero que el tema de los salarios mínimos está ligado al del empleo y me temo que un incremento que no considere la realidad del mercado laboral complica el avance y amplía la brecha entre los trabajadores formales y los millones de personas que se emplean en la informalidad, no pocas de ellas en condiciones de excesiva dificultad y al margen de numerosos beneficios y prestaciones. También es preciso voltear la mirada hacia los millones de productores del campo que debaten con la miseria, de la misma forma que cientos de miles de unidades productivas en las  ciudades ofrecen salarios muy bajos porque es su única manera de sobrevivir.

La izquierda tiene razones profundas, incluso de carácter histórico, para abordar este asunto, pero el tema es una oportunidad y al mismo tiempo un reto para conciliar remuneraciones justas con aumento de empleo. El desafío requiere mucha más imaginación y elaboración que la simple demanda de mejores salarios. Los trabajadores, al igual que todos los demás ciudadanos, no son tan superficiales como para acogerse con facilidad a una propuesta frágil, hueca y con indudable contenido demagógico. En todo caso, sería interesante reducir el costo del aparato público y político, como manera emblemática para hacer consistente el argumento.

La adhesión del PAN a estas propuestas es novedosa, por decir lo menos. No es lo suyo y abona en terreno ajeno. Y llama más la atención porque el saldo de la reforma fiscal le abrió una oportunidad para abanderar el tema de los impuestos, un asunto natural, ampliamente aceptado (no solo entre empresarios) y congruente con su postura pasada y reciente. La actitud se advierte más como un ardid aconsejado por algún publicista electoral, como se ha visto ya con algunos de los partidos pequeños que proponen exigencias muy populares, pero evidentemente improbables. El tema es propio para los partidos de nicho, aquellos que pueden darse el lujo de desentenderse de su origen y también de su responsabilidad, pero para un partido que ha gobernado al país y que se planta como opción de gobierno nacional, no parece ser lo más conveniente, mucho menos una propuesta seria.

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