El desafío mayor para el país


Liébano Sáenz

Los cuentos de hadas son más que reales: no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que los dragones pueden ser derrotados: G.K. Chesterton

En la evolución del sistema electoral, mucho es lo que se ha conseguido para que los procesos se lleven a cabo con regularidad y orden. El objetivo prioritario era lograr comicios justos. Sin embargo, los incidentes en Michoacán, Guerrero, Querétaro y Guanajuato indican que una amenaza mayor se ha incubado: la interferencia del crimen organizado. La situación exige una respuesta frontal y contundente.

En el pasado no muy lejano, lo que inquietaba era que los grupos criminales violentaran las elecciones; esto es que hubiera incidentes delictivos que alteraran la normalidad de la jornada. En el mismo sentido, preocupaba que los candidatos y los partidos pudieran hacer proselitismo territorial con plena libertad y sin correr riesgos. En ambas situaciones, el balance de los últimos 15 años es positivo, casi siempre con una participación electoral satisfactoria.

El problema que se identifica ahora es distinto, aunque muchísimo más grave. Es evidente que el poder que representa el dinero del crimen está penetrando en las campañas locales. El objetivo es controlar los órganos de seguridad de ayuntamientos y gobiernos estatales, imponiendo, en algunos casos, sus propios personeros para hacer de las policías no un grupo infiltrado, sino algo considerablemente peor. Como ha quedado de manifiesto en Iguala, Guerrero, y en Michoacán, las autoridades se vuelven un brazo armado más al servicio del grupo delictivo que domina la plaza. Preocupa particularmente el hecho de que los vínculos se realicen con anticipación, cuando los criminales influyen en los partidos para la selección de los candidatos a través del financiamiento. El PRD hizo bien en disculparse pero evidentemente, en Guerrero, lo mismo que en Michoacán, el crimen influyó en la definición de los candidatos, en el desenlace de la elección y en la conducta de los funcionarios ya en el ejercicio del poder.

Por esta consideración, fue un acierto del presidente del Consejo General de INE, Lorenzo Córdova, alertar, desde el primer día del proceso electoral de 2015, sobre la interferencia del crimen en las elecciones. El llamado va dirigido especialmente a las dirigencias de los partidos para que cuiden la selección de candidatos y supervisen uno de los aspectos más delicados de la democracia aquí y en todo el mundo: el origen de los recursos aplicados al financiamiento de campañas y actividades partidarias. Aunque la ley establece reglas muy precisas sobre este tema, es un hecho que su cumplimiento supone y exige un sentido de responsabilidad de parte de las dirigencias de los partidos y los mismos candidatos. La verdad es que es poco lo que las autoridades electorales pueden hacer frente a la omisión, la negligencia, el disimulo o la venalidad que pudiera darse al interior de los partidos.

El llamado de atención adquiere la mayor importancia. Hay muchas elecciones concurrentes en puerta; más de 60 por ciento de los ciudadanos votará en la elección federal y en la local. Además, son numerosos los partidos necesitados de buenos candidatos y recursos políticos, materiales y financieros: los grandes por sus aspiraciones de ganar y los pequeños por el propósito de salvar el umbral para mantener registro, 3% de los votos. En este contexto, se requiere un acuerdo o pacto nacional que establezca un compromiso compartido para mantener a raya esta grave amenaza que se cierne sobre la vida institucional y sobre la política. Los delincuentes no tienen partido, simplemente buscan la protección de quien detenta poder gubernamental y hasta parlamentario. Esta circunstancia demanda la mayor atención de todos, incluso de los medios de comunicación, ya que en territorios dominados por el crimen organizado, la amenaza conlleva el silencio y, con ello, el escrutinio propio de la libertad de expresión, elemento indispensable de la democracia.

Las elecciones no solo deben ser contempladas en un sentido defensivo, pues  también tienen un efecto correctivo. Es indudable que las crisis de Michoacán y de Guerrero pueden superarse y resolverse a través de la renovación democrática de los poderes públicos. Los partidos y los candidatos tendrán que entender que antes que ganar elecciones hay cosas más importantes que cuidar, como el sistema de competencia electoral que permite la convivencia civilizada, empodera y da legitimidad a quien gobierna y hace posible el imperio de la justicia. Ganar a toda costa es la mayor debilidad de la democracia representativa.

Vigilar las campañas y las elecciones no solo es cuestión de voluntad; se requiere también que los actores políticos, especialmente las dirigencias nacionales de los partidos, cuenten con los elementos necesarios para contener amenazas y superar riesgos. Los partidos no son Ministerio Público ni agencia de investigación, tampoco lo es el INE. Contener la participación de la delincuencia organizada en la búsqueda de posiciones legitimadoras o de protección no es una tarea sencilla, porque las acciones preventivas pueden dar lugar a exclusiones injustas en la política y afectar derechos a partir de la sospecha interesada o del error. De las autoridades —electorales y gubernamentales— y de los partidos, se esperan las más elevadas cuotas de ética pública, cuidado y responsabilidad social. La selección de candidatos no puede quedar convertida en una subasta pública que ponga en manos del crimen organizado nuestra joven democracia electoral.

La atención eficaz a un problema empieza con su reconocimiento y continúa con el entendimiento y la atención de las causas que lo provocan. La nueva premisa de la competencia electoral implica construir un piso común de compromiso y confianza para impedir que un grupo delincuencial prevalezca y obtenga beneficios a costa de quienes actúan con seriedad y contención. El dinero proveniente del crimen organizado es el principal problema. El nuevo régimen de fiscalización aporta muchos elementos de colaboración con las autoridades financieras y de auditoría. Es fundamental que todos aporten lo que les corresponda para que opere un régimen de previsión y, en caso de sospecha fundada, se emprendan investigaciones ejecutivas y oportunas. También será necesario un régimen de sanción que trascienda el tema electoral.

Frente a la mayor amenaza de la democracia mexicana, no solo se requieren nuevas instituciones y reglas, también actitudes y compromiso de parte de los actores fundamentales del proceso comicial. El próximo 2015 deberá ser un nuevo punto de renovación de la ética social frente al pragmatismo territorial que empobrece a cualquier democracia.

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