Crisis estructural, estrategias estructuradas


Liébano Sáenz

“… no se pueden esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo”:Albert Einstein

Si alguna lección dejan los trágicos eventos de Iguala y su secuela, es la necesidad urgente de fortalecer las instituciones. La indignación por lo acontecido es inmensa y es más que explicable, lo mismo que las muestras públicas de repudio y la exigencia de esclarecimiento y de justicia. No así la manipulación del caso, deliberada y calculada contra las instituciones ni, de paso, convertir el reclamo justo en pretexto para la violencia y el vandalismo. Los hechos demandan justicia, exigen que las instituciones hagan su parte, no solo para sancionar y determinar responsabilidades, sino para aportar un referente que inhiba el crimen.

Hacen falta respuestas y éstas deben ofrecerse en dos sentidos: la manifestación de la justicia en el caso particular y las expresiones de carácter general, esto es, las que a partir del diagnóstico de Guerrero y de todo el país permitan fortalecer condiciones que impidan que estos hechos vuelvan a ocurrir. En otras palabras, imposibilitar que el crimen organizado se imponga por debilidad de las instituciones.

El fortalecimiento de las instituciones se puede dar en varios escenarios: en primer término, partidos y comicios sirviendo de contención para evitar que el crimen se haga de poder. Ya se ha dicho, y con razón, que por las vías de la intimidación y la corrupción, el crimen organizado puede presentarse ante la autoridad en cualquier momento. Si bien esto no solo puede ocurrir en periodos electorales, conviene recordar que evidentemente las dos grandes crisis de seguridad que se han presentado en el país: Michoacán y Guerrero, tienen como referencia la intervención del crimen organizado en tiempo de comicios, entendida como la complicidad entre criminales y autoridades que se construye en esa circunstancia, en la que los partidos reclutan candidatos para ganar votos y éstos requieren dinero para lograr su propósito. En este sentido, mucho es lo que pueden hacer los partidos para prevenir tales circunstancias. Aun así, esta tarea, aunque útil, no es suficiente. Pasar esta acción al INE es un error. La fiscalización electoral promueve la observancia de las normas en la materia, no la contención del crimen organizado.

Otro aspecto a atender es la debilidad de las autoridades municipales y de sus cuerpos de seguridad frente al crimen. La fragilidad municipal es amplia y es estructural. Además de la dependencia financiera de los recursos federales, la brevedad del mandato se ha puesto en contra. Esto no se resuelve con la reelección; al contrario, esta vía podría complicar todavía más las circunstancias, precisamente por el poder económico del crimen organizado. La propuesta más viable es la del mando único estatal, lo que implica cambiar la Constitución para que las policías en los municipios dependan del gobierno estatal.

Otro aspecto pendiente es el fortalecimiento de los estados en todos los ámbitos de seguridad, bajo un esquema coordinado con la Federación, para así atender la inseguridad con perspectiva nacional. Este objetivo motivó desde hace más de 15 años la formación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se ha avanzado mucho, pero no se han logrado objetivos básicos. Es preciso hacer un balance al respecto, indagar las causas y razones de los rezagos y de la falta de resultados y, de esta forma, dar respuestas que conduzcan a soluciones, no a diferencias entre órdenes e instancias de autoridad.

Otro tema a atender se refiere al sistema de justicia en su conjunto. El diagnóstico no puede ser parcial, sino comprehensivo. El desafío central es abatir el altísimo índice de impunidad. Pocos delitos llegan a la sanción plasmada en una sentencia condenatoria y, además, muchas de las cárceles mexicanas son escuelas de delincuencia. La rehabilitación es un anhelo caído, con algunas muy encomiables excepciones. A lo más que se ha llegado es a costosos centros de reclusión para reos de alta peligrosidad. El país demanda una política integral de justicia que incluya una estrategia diferente en materia carcelaria y ahí está Chihuahua como un modelo exitoso a emular.

Los desaparecidos marcan una herida profunda en el cuerpo nacional. Son decenas de miles. Muchos de estos casos han sido denunciados formalmente y constan en expediente de autoridad. El problema está en todo el territorio nacional. Debe crearse una instancia de autoridad con autonomía, presupuesto y facultades constitucionales plenas para investigar y, consecuentemente, hacer justicia, integrar expedientes, esclarecer identidades y la circunstancia de los desaparecidos.

Integrar a la sociedad es un paso fundamental para una justicia eficaz. La denuncia es punto de partida, pero igualmente es toral la aportación de muchas de las organizaciones civiles erigidas sobre el anhelo de justicia. A los medios de comunicación, a la escuela y a las iglesias también les corresponde una tarea importante hacia una mayor participación social, especialmente en el ámbito de la prevención. No se trata de trasladar a la sociedad las tareas y las responsabilidades que corresponden a las autoridades, pero sí de abrir un nuevo camino de atención aprovechando la energía de la sociedad, su poder, su evaluación y sus iniciativas para así dar mejores resultados.

Fortalecer las instituciones implica costos, iniciativa y liderazgo. No es poco lo que se ha hecho desde que la inseguridad aumentó en el país. Los recursos se han ampliado, se han creado instituciones y se han constituido bases de organización. Por su parte, la sociedad se ha organizado y movilizado, se han transformado policías y procedimientos de justicia. Sin embargo, ha faltado una visión global y compartida que asegure continuidad, efectiva coordinación y auténtico compromiso de todos. No existe una cultura de respeto a la responsabilidad de quienes tienen la tarea de construir la seguridad; se llevan a cabo esfuerzos aislados que se ven anulados o disminuidos por la indiferencia en otros ámbitos, territorios o instancias de autoridad.

En las circunstancias actuales, fortalecer las instituciones requiere más que voluntad de quienes las representan. Es preciso entender que la crisis en curso no deriva de un hecho singular, sino que tiene un carácter estructural y, por lo mismo, exige una respuesta igualmente estructural. Más allá de la circunstancia, el difícil escenario abre la oportunidad para transformar profundamente la manera en la que comprendemos y atendemos el tema de justicia. El país lo reclama, el momento lo exige. No es una prueba, sino un reto insoslayable para esta generación.

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