Superar el dolor


Liébano Sáenz

Superar el dolor nacional es también una tarea nacional. Hay lecciones que deben ser retomadas, particularmente las derivadas de los desastres naturales. El terremoto de 1985 marcó profundamente a generaciones de mexicanos, especialmente en la Ciudad de México, donde el fenómeno se ensañó en destrucción y daño humano. Igualmente hemos aprendido de los colapsos económicos que, aunque con menor severidad, también han marcado su influjo. Siempre hemos salido adelante y nada hay que impida que así suceda nuevamente. De lo trágico, algo hemos asimilado, quizá no lo suficiente pero sí lo necesario para avanzar; ahora hay una cultura de protección civil, además de un mayor aprecio por la estabilidad de la economía, como valor per se, independiente de la tasa de crecimiento o la distribución de la riqueza.

El desafío es hacer de la adversidad virtud, y no simplemente dejar atrás los procesos traumáticos o superarlos a fuerza de olvido y espíritu de supervivencia. Los trágicos acontecimientos de Iguala trascienden lugares y tiempos. La herida es profunda y se extiende a todo el cuerpo nacional, impulsada por múltiples historias próximas y no tan próximas que facilitan la identificación con las víctimas. Es un problema que se ha ido acumulando durante años de avances y retrocesos, de triunfos y derrotas en la lucha por la seguridad. Por ello no es suficiente la acción de justicia sobre el hecho concreto, aunque sobra decir que las autoridades deben presentar las conclusiones de lo allí acontecido, con base en elementos de convicción y no en las presiones que impone un hecho tan lamentable y cruel como la suerte de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que ahora cobra elevada factura al gobierno, a las instituciones y al país en su conjunto.

México no puede detener su marcha y, por ello, es necesario proceder a la agenda de cambios y acciones que impidan que ese tipo de acontecimientos vuelvan a presentarse. El decálogo del gobierno federal es punto de partida para una discusión extensa que trascienda la formalidad política y el proceso legislativo. Una amplia puerta se abre ahora para el CIDE y para el mismo Congreso, encargados de elaborar una propuesta que dé eficacia a la justicia criminal y, de esta forma, abata lo más urgente: la impunidad. Ya están en curso cambios gestados en este gobierno y en anteriores administraciones, pero hay que robustecerlos y complementarlos, no desecharlos a partir del prejuicio infundado de que nada de lo que hay sirve.

En política debe reconocerse la importancia de ganar y recuperar confianza. La tarea no solo corresponde al Presidente o a las autoridades, sino a todo el colectivo nacional. Lo anecdótico o particular debe resolverse en ese sentido y no distraer las respuestas fundamentales. Es por ello que una estrategia de control de daños resulta inútil. En muchos sentidos, el problema del déficit de legalidad es estructural y, por lo mismo, insisto, requiere respuestas estructurales. No son ni la inmolación ni el linchamiento los caminos que llevarán al país a buen destino, sino la capacidad de todos para participar en un cambio necesario y urgente.

Las personas y las siglas en el poder son transitorias, no así las reglas y las instituciones. Aun así, es imprescindible, desde ya, una nueva ética en el servicio público y en la sociedad toda. La legalidad implica derechos y garantías, pero también obligaciones. Las mejores explicaciones son las acciones; la mejor lección, el ejemplo. Por ello es preciso un reencuentro entre autoridades y gobernados, donde cada quien, en su propio espacio, cumpla con su responsabilidad y construya, de esta forma, un futuro más esperanzador y menos culposo. Sí, se necesitan leyes, políticas públicas e instituciones, pero además resultan imprescindibles nuevas actitudes que convaliden el apego a valores y a principios. Reitero, es tarea de todos, de gobernantes, de políticos o instancias superiores del poder local y nacional, así como de actores relevantes de la sociedad civil.

No hay duda, el país saldrá adelante; sin embargo, lo que importa es cómo y hacia dónde lo hará. ¿A cuál destino estamos dispuestos a dirigirnos? Un destino que no debe ser visto como deseo, sino como voluntad comprometida. Considero que el punto de partida para superar la crisis actual es el virtual consenso social de que las cosas no pueden seguir igual. Debemos encontrar la forma de que el cambio involucre a todos, empezando por uno mismo. Se trata de formas, pero también de sustancia, de esa íntima convicción que los mexicanos tenemos sobre el sentido del deber.

Son lamentables las reacciones violentas —espontáneas o planeadas— que, disfrazadas de reclamo, pretextan la irrefutable exigencia de encontrar con vida a los desaparecidos. Más lo son cuando lastiman la economía de las ya muy afectadas zonas en conflicto. Oaxaca y Guerrero son campo fértil para los provocadores por naturaleza y de oficio. Queda claro que lo que a ellos mueve no es la tragedia, sino el deseo de polarizar al país, con el calculado objetivo de mantener privilegios e impunidad. Para ellos, las víctimas son el pretexto para dirigir su embestida a las autoridades federales y convertir a la población en el rehén de su acción. En el DF, las autoridades locales y federales han obrado con prudencia y, así, han conseguido mitigar esa parte enferma que acompaña a la protesta, aun cuando sigue cobrando visibilidad y dañando la causa de los manifestantes pacíficos.

Para superar el dolor es condición que nos reconozcamos en un porvenir compartido. El reclamo de los más lastimados debe apreciarse en perspectiva y ha de tomar curso para que todos podamos construir respuestas genuinas y de fondo. El enemigo a vencer no es la impotencia ni la indiferencia de políticos y gobernantes, es la magnitud del reto y la indecisión para enfrentarlo. El reclamo y la crítica pueden parecer incómodos, pero no son inútiles frente a la dificultad. De hecho, la unidad, imprescindible para transitar con mayor agilidad hacia un mejor mañana, se vuelve más genuina cuando parte de las diferencias y define así espacios y objetivos comunes, los territorios idóneos para canalizar las coincidencias.

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