La reconstitución del poder


Liébano Sáenz

Algunos observadores y analistas de los asuntos públicos pronostican difíciles y adversas circunstancias para los cuatro años que restan a la presidencia de Enrique Peña Nieto. El elemento en el que estos radican su argumento es el impacto de Ayotzinapa y la revelación sobre la casa adquirida por la esposa del Presidente y lo ubican como punto de inflexión adverso para la imagen del mandatario y de su gobierno. A ello suman las dificultades en el escenario económico y el impacto que la combinación de todos estos factores podría representar para el PRI y para sus candidatos en los comicios de 2015.

Las decisiones del Presidente en esta circunstancia serán relevantes para el país y para el gobierno. También lo es, como lo acreditan diversos estudios de opinión, que los eventos recientes han afectado la percepción sobre el desempeño del gobierno. La misma oficina de la Presidencia ha reconocido la situación y la necesidad de cambios y de una estrategia de comunicación acorde con la coyuntura y con la nueva dinámica de la opinión pública nacional.

Los problemas son reales, como también lo es el impacto de las dificultades presentes en la percepción pública. Sin embargo, difiero de quienes desde ahora asumen una posición fatalista con respecto al futuro de la administración en caso de no haber respuestas o decisiones a la medida de quienes hacen tal vaticinio. Si bien es verdad que el margen de maniobra de la Presidencia se ha estrechado al compás de la democratización del país, del debate público y de la desconcentración de las decisiones también subsiste una realidad que pocos ponderan: la capacidad del poder para reconstituirse a sí mismo.

Esta habilidad no se da en automático; incluso, decisiones erróneas en un escenario adverso pueden significar daño adicional. Lo cierto es que la Presidencia tiene atribuciones y responsabilidades que le dan una fuerza importante, además de un poder simbólico derivado de la representación del Estado y de la nación. Adicionalmente, para el caso particular, no se puede desdeñar la fuerza que simbolizan el PRI, sus gobernantes y legisladores. Se trata de una amplia estructura política con sólida vocación de ejercicio del poder; disciplinada y entendida de los principios que entraña el gobierno en su dimensión política, entre éstos, la probada cohesión en momentos de adversidad o incertidumbre.

Lograr el consenso hacia el futuro posiblemente sea un reto; más si persisten las dificultades en la economía. Un sector de opinión insiste en que nada avanzará el Presidente y su gobierno en términos de credibilidad si no resuelve, aclara y supera el tema relacionado con la casa blanca. Incluso hay quienes señalan que las crisis provocadas por el tema de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa habrán de superarse con mayor facilidad que el asunto inmobiliario. Considero que el tema tiene que ver, fundamentalmente, con la eficacia en el ejercicio del poder y la percepción pública que ella genera. Sobre esta base, podemos considerar acertada la manera como el secretario Videgaray ha encarado la observación mediática sobre la adquisición de una propiedad antes de ser funcionario hacendario.

Más que el juicio sobre los atributos del gobernante, aspecto inevitablemente discutible en toda democracia, la recuperación de la confianza y la credibilidad es por lo que éste hace en beneficio de las personas y las familias. Lo simbólico y lo emocional cuentan ¡y mucho! Pero más todavía pesa la economía. En otras palabras, el poder se reconstituye en el encuentro de dos aspectos: las atribuciones relacionadas con el ejercicio del gobierno y la economía en sus dimensiones nacional y personal.

Seguramente la perspectiva fatalista en torno a la imagen del gobierno del presidente Peña es alimentada por la suposición de que no habrá cambios relevantes. En efecto, de no haber decisiones que respondan a la realidad, es probable que la percepción sobre la persona y sobre la gestión se mantenga sin cambio; sin embargo, este prejuicio deberá matizarse en función de lo que pudiera ocurrir y del resultado de las elecciones venideras. Y es que el proceso intermedio federal no se derivará de una suerte de referendo, sino de la suma de dinámicas locales, especialmente en los 17 estados con comicios para renovar gobernador y ayuntamientos. No está por demás señalar que el simple hecho de que los comicios se realicen con normalidad, independientemente del resultado, será un éxito desde la perspectiva del Estado y también de la democracia, al convalidarse la vía electoral como medio para la disputa por el poder.

Con respecto al desenlace de la elección, no cambia el escenario adelantado hace algunos meses en este mismo espacio: el PRI y sus aliados se encaminan a un resultado electoral con bajo porcentaje de votos y muchos triunfos territoriales, esto es, gobernadores, ayuntamientos y, especialmente, distritos electorales. En la aritmética de la integración de la Cámara de Diputados, esto significa que el PRI requiere que sus aliados tengan una diferencia mayor 5 por ciento de la votación respecto a su más inmediato competidor y, particularmente, que puedan ganar distritos en una cantidad mayor a 10. Así, en coalición con otras dos fuerzas políticas, el PRI podría alcanzar la mayoría absoluta.

Por su parte, el PAN ha solventado la adversa circunstancia mejor que sus competidores, aunque también presenta heridas, algunas autoinfligidas y otras que resultan del desgaste en el poder que se hacen patentes desde hace 14 años. El PRD presenta un escenario más adverso: una izquierda y un partido divididos que con apuros han resuelto sus dificultades. Sin embargo, la designación de buenos candidatos puede redituarle triunfos en las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

La percepción sobre el desempeño del gobierno y sus logros muestra importantes disparidades regionales. La ciudad de México se diferencia cada vez más del resto del país. La percepción sobre la situación y el gobierno es claramente más negativa en el centro. ¿Qué impacto tendrá en el resto del país? Poco, precisamente por la dinámica política local. En este sentido, la reconstitución del poder que incide en el Presidente favorece a la estructura política con mayor presencia regional. Por lo mismo, uno de los aspectos estratégicos que el Presidente debe recuperar se ubica en su mismo partido y en la amplia alianza regional que apuntaló su proyecto político.

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