Legislar entre la urgencia y la mesura


Liébano Sáenz

El Congreso ha concluido periodo de sesiones ordinarias. No son pocos los temas que quedan pendientes ni leves los reclamos sociales contra los legisladores por el incumplimiento. La expectativa apuntaba a la aprobación de iniciativas relevantes como las referentes a la desaparición de las policías municipales, las atribuciones de los poderes federales para encarar la crisis de municipios penetrados por el crimen organizado, la desindexación del salario mínimo, la reforma política del Distrito Federal, el sistema nacional anticorrupción y la designación de los fiscales anticorrupción y el de delitos electorales.

Desde la perspectiva anual (2014), el Congreso ha cumplido; pero sucede que la crisis de seguridad en el país y el debate nacional sobre un nuevo régimen contra la corrupción no solo incrementaron la agenda legislativa, sino la presión social para su aprobación. Un juicio basado en el cierre del periodo de sesiones llevaría a la conclusión, desde mi punto de vista, de que se ha regresado al inmovilismo legislativo que caracterizó al periodo comprendido entre septiembre de 1997 y agosto de 2012. No creo que eso esté ocurriendo, lo que sucede es que el país y la política en su conjunto están ingresando a una nueva etapa.

Son tres las consideraciones que explican la mora y el aplazamiento de diversas iniciativas y nombramientos. En primer término, la proximidad de las elecciones intermedias y locales en 17 entidades. Los acuerdos para las reformas entre las dirigencias de los partidos y el gobierno federal fueron posibles porque las condiciones estaban alejadas del oportunismo electoral. En el periodo de 2012 a 2014, hubo una elección de gobernador e intermedias en pocos estados. Sin embargo, la situación cambia ante la proximidad de la elección de 2015. Solo como ejemplo, Carlos Navarrete, dirigente del PRD, anunció que no se encontraría con el presidente Peña Nieto, actitud que corresponde a un cálculo electoral al interior y exterior de su partido. La diferenciación, el debate, la crítica y la oposición son naturales y propios de un ambiente de contienda por el voto, pero necesariamente afectan, en forma y en fondo el proceso de negociación. Si bien no lo impiden, sí lo complican; y no solo por la oposición ante quien gobierna, sino por la propia disputa entre partidos. El PAN no apoyó la postura del PRD en la reforma política del DF, porque no estaba en su interés electoral y político ceder en temas de importancia. Y no está por demás señalar que no es lo mismo que el PRD negocie como opositor al gobierno federal, que como partido gobernante del Distrito Federal.

Un segundo aspecto se refiere a la calidad y trascendencia de los cambios propuestos. En su mayoría, además de su complejidad, plantean un reto diferenciado para todos los partidos. Así, por ejemplo, el PAN ha abanderado la causa municipal desde el origen del proyecto partidista, por lo que resulta explicable su renuencia a aprobar una reforma constitucional que amplía las facultades de los órganos federales frente a los ayuntamientos en supuestos particulares. Situación semejante se presenta con la desaparición de las policías municipales.

Un tercer elemento que impacta el ritmo legislativo tiene que ver con el relieve que ahora adquieren la sociedad civil y sus organizaciones. En la etapa del Pacto por México, la negociación se dio en las entrañas del sector político, especialmente entre el gobierno federal y los principales partidos representados por sus dirigencias. La situación ha cambiado y la crisis obliga a integrar a la negociación a grupos, intereses, perspectivas y representantes de la sociedad civil. Esto vuelve más difícil y lento el proceso de reforma, aunque también propicia que los cambios se enriquezcan y tengan aval social, no solo político. Ilustrativas son aquí las iniciativas del Presidente que se integran en el decálogo de la lucha contra la inseguridad que merecieron la petición de varias organizaciones civiles de que no se legislara de inmediato sin un diagnóstico compartido con quienes han trabajado en el tema y que fueran integradas respuestas prácticas y eficaces que, trascendiendo el voluntarismo, definan mecanismos y presupuesto para asegurar los objetivos.

Las dificultades para la negociación y el logro de acuerdos en el proceso legislativo no necesariamente implican la cancelación del proceso de reformas, simplemente lo transforman en la medida en que el ciclo político ingresa a una nueva etapa. Como señalé, el país y la política en su conjunto han transitado a una nueva e incierta circunstancia por la convergencia de las crisis económica, política y de confianza en las instituciones. No será fácil, pero sí es posible que se alcancen los cambios propuestos. El mayor reto radica en la capacidad de los partidos para superar la polarización propia del momento electoral. No será la imposición, tampoco el sometimiento, lo que determine la viabilidad de los cambios; su lógica será la negociación horizontal que permita acomodar las posturas y posiciones de los actores en el proceso de reforma.

La presión social y mediática es útil y conveniente para que el Congreso resuelva la agenda de cambios; sin embargo, también hay que considerar el tiempo adecuado para la negociación política y el necesario y conveniente diálogo con la sociedad. Los temas por resolver son delicados y también urgentes, pero se requiere mesura, juicio ponderado y la incorporación de la sociedad y de sus organizaciones para que las respuestas trasciendan la estrecha perspectiva que con frecuencia se presenta en los acuerdos entre partidos, gobernantes y legisladores.

El primer trimestre de 2015 será una delicada prueba para el gobierno y para la política en su conjunto. El Ejecutivo deberá plantear una estrategia renovada para enfrentar los nuevos retos que la realidad le plantea. Insisto, el país cambió y, por su parte, los partidos y los legisladores deberán atender la agenda de cambios con responsabilidad y apertura hacia la opinión y considerando la perspectiva social. La crisis no es exclusiva del Presidente o del gobierno federal, es el conjunto del sistema político el que está en jaque.

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