Deseos, retos y compromisos


Liébano Sáenz

“No temo a las tormentas porque estoy aprendiendo a navegar mi barco”. Esquilo

2015 será un año complejo para todos. El saldo será resultado de las capacidades particulares y colectivas para enfrentarlo, especialmente en sus momentos más adversos. El año no será el más difícil del pasado reciente ni del no muy reciente, pero es previsible que se requieran cuotas mayores de responsabilidad y de compromiso por parte de todos. La economía internacional hace prever un impacto serio en las finanzas públicas. Como contrapunto, las reformas conseguidas presentan oportunidades inéditas y dotan al país de fortaleza estructural.

Además, el país vivirá los efectos políticos de un año electoral intenso. El debate se acentuará e, inevitablemente, lo mismo ocurrirá con el escrutinio crítico de quienes buscan recuperar o ganar el poder. Miles de candidatos realizarán todo su esfuerzo para prevalecer y muchos partidos harán lo propio por retener el registro. En este contexto, destacan también los asuntos pendientes en materia de seguridad y de estado de derecho; nada se debe ignorar. El último tercio de 2014 muestra que cuando los problemas se entreveran, se potencian y generan mayores efectos negativos. Las respuestas deberán darse en dos órdenes: el cumplimiento de lo establecido en la norma y la reforma de instituciones que muestran insuficiencia. Un tema en la mesa es el fortalecimiento de los Estados y municipios para que puedan cumplir sus responsabilidades en materia de seguridad y las condiciones para la intervención de la Federación en caso de incapacidad de las autoridades municipales.

Como sociedad en democracia, el reto mayor será diferenciar la oposición propia de una sociedad abierta de aquella que, por la razón que sea, apunta más a desestabilizar al régimen de libertades y de legalidad, pulsiones autoritarias, califica el presidente del INE, Lorenzo Córdova. Los problemas que se padecen no son pocos y habrá que responder a ellos fortaleciendo a las instituciones, el sistema de justicia y el marco de legalidad. La indignación no debe llevarnos a  destruir lo mejor del régimen. Ya se ha dicho: no hay derecho contra el derecho. El agravio debe encontrar cauce en la institucionalidad propia de la democracia, esto es, el sistema de justicia o el ejercicio del voto.

Es deseable, aunque no imprescindible, un productivo periodo de sesiones del Congreso. La agenda pendiente y el reclamo nacional demandan la atención de partidos y legisladores. En esta ocasión, el trabajo no se limita a la aprobación en el pleno de las cámaras; requiere consulta y elaboración de dictámenes basados en un sentido de la realidad y del porvenir deseable, más allá de lo que la sociedad política determina. Las definiciones legislativas en materia de economía, seguridad y régimen de justicia requieren un consenso nacional ampliado. No se trata solamente de legitimidad, sino de compromiso compartido y equitativo para enfrentar los desafíos del mañana. Un reto nada menor consiste en lograr que los actores del proceso decisorio se sustraigan de la inercia electoral que mucho ha complicado los acuerdos.

Un objetivo común deberá ser que las elecciones transcurran en normalidad, es decir, que los comicios sean ordenados, participativos y apegados a la norma. En caso de inconformidad, allí están las instancias jurisdiccionales para dar certeza a derechos y aplicar justicia. Deberá quedar claro que los enemigos no se dan en la batalla electoral, sino en el frente de la legalidad, particularmente la amenaza a todo y todos por el crimen organizado. Los partidos y los candidatos tienen la responsabilidad para mantener esa amenaza a raya.

La lucha electoral es vehemente y apasionada. La competencia por el poder no es tema menor; sin embargo, debe darse en el marco de la institucionalidad aprobada por el Congreso. El INE tiene el gran desafío de organizar las elecciones en un nuevo marco normativo, pero la tarea no le es exclusiva y mucho pueden contribuir a ella las autoridades, los medios electrónicos de comunicación y, todavía más, los partidos y sus candidatos. También los ciudadanos tienen compromisos: votar y participar en la preparación de los comicios en los términos que la ley y la Constitución determinan.

Más que un problema, el nuevo régimen de fiscalización es una oportunidad para promover una nueva ética en la contienda electoral. Los partidos y los candidatos tendrán que asumir tareas de rendición de cuentas durante las campañas; las obligaciones son importantes al igual que las sanciones por incumplimiento. Otra novedad son las restricciones en materia de publicidad y proselitismo. Las elecciones requieren profesionalismo y disciplina. Será labor del INE salvaguardar el cumplimiento de la norma.

Lamentablemente, algunas de las insuficiencias o deficiencias que plantea al régimen comunicacional para las elecciones no han sido resueltas, como es la saturación mediática a través de promocionales que poco informan, pese al ruido excesivo que implica una inversión tan irracional como desproporcionada. En este nuevo sentido de ética es importante que partidos y candidatos dispensen más espacio al debate y menos a la propaganda, como una manera de contener el abuso en la comunicación que ocurre, por ejemplo, en las campañas de manipulación y denuesto del adversario.

Al inicio del año los partidos formalizarán candidatos; 62% de la lista nominal tendrá elecciones federales y locales concurrentes. El reto no solo será ganar la elección, sino hacerlo en términos tales que ofrezcan el piso de legitimidad anhelada e imprescindible para enfrentar los problemas, responder a los anhelos públicos y capitalizar las oportunidades que presenta el futuro.

Con el desenlace electoral de junio, el país deberá emprender una seria reflexión sobre la relación entre el gobierno nacional y el de los estados, entidades y municipios. Es posible que esto tenga lugar en un contexto difícil por el deterioro de los ingresos públicos a causa de la caída del precio internacional del petróleo. Asimismo, a partir de una nueva expresión de la pluralidad e integración de la Cámara de Diputados, habrá que dar curso a las reformas, un proceso que nunca concluye. Un reto mayor será la construcción de una nueva unidad a partir del equilibrio político definido por el voto ciudadano. Cualquiera que sea el sentido, hay un objetivo común: el bien del país y de quienes lo habitamos.

 

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