Política en 2015


Liébano Sáenz

¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio: Albert Einstein

Las dificultades y resistencias que invariablemente acompañan al cambio no deben hacernos regresar al punto de partida. Es mucho lo que se ha logrado en estos últimos años; sería lamentable retroceder cuando hay mucho por preservar y por avanzar. En realidad, no hay camino de regreso, aunque es posible que en el afán de intentarlo se malogre lo alcanzado y se inhiba la fuerza que acompaña la voluntad de cambio. Lo importante es consolidar lo positivo, modificar lo negativo y corregir las insuficiencias.

El año que inicia plantea las complicaciones propias del calendario político. El gobierno del presidente Peña Nieto llegará a su punto medio teniendo como marco la  renovación de la Cámara de Diputados y las elecciones locales en 17 entidades. Los comicios en puerta no serán una reedición de los anteriores por los cambios profundos que han sufrido las reglas, las instituciones y los actores. Los ciudadanos han cambiado; no solo por la dinámica demográfica, también por hábitos informativos, actitudes hacia los demás y perspectivas sobre pasado, presente y futuro. Hay razones profundas para el humor social que oscila entre la indignación y la incertidumbre, y que inhibe el reconocimiento de logros, oportunidades y nuevos retos.

El desafío de la elección es dar cauce a esta energía social. El proceso no será ni sencillo ni tranquilo, pues la elección es, en esencia, terreno de disputa y debate. Las autoridades y los partidos que gobiernan serán objeto de riguroso escrutinio, como  ocurre en todas las democracias. También la oposición está bajo estricta observación ciudadana. Es objetivo de todos que las elecciones transcurran entre candidatos, partidos y ciudadanos con la mediación de una autoridad electoral imparcial, profesional y eficaz.

En toda democracia eficaz debe existir un consenso fundamental entre los actores de la política sobre el terreno de disputa, las reglas y las instituciones que las aplican. En lo primero, el espacio es la comunicación y el debate; lo segundo tiene como marco toda la normatividad existente y las determinaciones de los órganos jurisdiccionales y electorales; y, para lo tercero, están el INE, los órganos electorales locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A partir de ello es necesario que todas las instituciones y los actores de la política mantengan una posición común para contener las amenazas al desarrollo normal de los comicios. Los riesgos más graves provienen de dos frentes: la interferencia del crimen organizado y el radicalismo magisterial que, en su resistencia a la reforma educativa y la consecuente afectación de sus intereses, pretende impedir elecciones en sus territorios de influencia con un calculado objetivo de desestabilización política.

Pese a ser esta última circunstancia la más visible y aparatosa, la amenaza más perniciosa y peligrosa es la que plantea el crimen organizado. Los partidos y candidatos son los responsables más inmediatos de impedir que se cumpla pues, en estricto sentido, el régimen de fiscalización del INE no está orientado a ello. Al no haber una policía electoral especializada, la comunicación de los candidatos con sus partidos y la de sus dirigencias con las autoridades competentes debe ser estrecha, permanente y fluida. La labor de inteligencia del Estado, propia de estos menesteres, deberá manejarse con extremo rigor y cuidado. Si bien la simple sospecha no será suficiente, sí habrá que actuar cuando obren indicios suficientes. El pasado nos enseña que el Estado no ha tenido capacidad suficiente para proteger a todos los candidatos; por lo que sí servirá de disuasión que las instituciones de seguridad y procuración de justicia operen con eficacia, oportunidad y contundencia en los casos en los que existan elementos que comprometan la integridad y la seguridad de candidatos y partidos.

El radicalismo magisterial ha encontrado en la indignación de todos tierra fértil para justificar indebidamente su activismo. Aunque los hechos de Iguala le resultan próximos por el origen de los estudiantes, el objetivo de su embestida no está vinculado a la justicia por los hechos, como lo prueba la modificación de su exigencia sobre el regreso con vida de los desaparecidos para dirigirla ahora al presidente Enrique Peña y también al Ejército mexicano. Los daños que estos maestros radicales han ocasionado a la economía de Guerrero es significativo y su movimiento, por sus expresiones de violencia y desafío al orden público y a los derechos de terceros, compromete el sentido de autoridad del gobierno local y, nuevamente, en un calculado propósito de convertir un problema local en asunto nacional, obliga a intervenir a las autoridades federales.

La diferencia crucial para la política consiste en distinguir la oposición legítima de aquella que busca la ruptura institucional y pretende elevar la crisis a una situación de polarización mayor. Lo peor es que los radicales no están solos, pues también están los grupos criminales que por razones diferentes comparten el objetivo de someter al Estado mexicano y de llevar al país a una situación de crisis extrema.

La sociedad mexicana ha probado su capacidad para superar adversidades mayores. No es la primera ocasión que el país enfrenta circunstancias de incertidumbre. Es explicable que la memoria colectiva se redireccione a momentos complejos del pasado y que eso genere temores que se funden a partir de la historia, pero lejos de la realidad actual. Dos décadas de estabilidad nos han hecho olvidar que la crisis de 1994-95 fue considerablemente más grave en todos los sentidos y que obedeció a circunstancias muy distintas a las que hoy prevalecen. Entonces, el retorno de la normalidad y la estabilidad económica y política pudieron conseguirse porque, entre otras causas, las elecciones sirvieron de vía para canalizar la indignación y la esperanza de los ciudadanos. La competencia política se incrementó y cambiaron las instituciones electorales para otorgar mayor equidad e independencia a los órganos electorales, y para garantizar derechos políticos plenos a los habitantes del Distrito Federal. El país cambió y los resultados fueron exitosos. En estricto rigor, con voluntad política nada debiera evitar que se alcancen ahora los objetivos, a pesar de tener en puerta desafíos como el combate a la impunidad y a la corrupción, y el mejoramiento del sistema de justicia penal.

Es explicable la persistencia de incertidumbre en un sector de la población. También es comprensible que muchos insistan en atribuir al gobernante todo lo bueno y lo malo que suceda; sin embargo, el cambio democrático distribuyó el poder: a los partidos los sometió a la prueba de los votos y a los ciudadanos les confirió el poder del sufragio. Ayer, el país superó la adversidad. Hoy, también puede lograrlo.

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