La nueva realidad


Liébano Sáenz

Puede ser que la vida no sea la alegre fiesta a la que esperábamos llegar, pero ya que estamos aquí, bailemos: anónimo

En el país se dibuja de manera consistente una nueva realidad. Lo mismo ocurre en el terreno de la legalidad que en el de la economía. Y los acontecimientos toman a muchos por sorpresa. Nos propusimos actualizar las instituciones y las formas de la política frente al rezago que significó un periodo de 15 años sin reformas sustantivas y lo logramos. Mucho se conquistó en los dos pasados años, pero la realidad, una vez más, nos ha rebasado.

He señalado que la crisis de 1994-95 fue considerablemente más grave, perniciosa y delicada que la que ahora se enfrenta. Quiérase o no, la democracia mexicana, con todo lo que implica: poder compartido y desconcentrado, libertades y, especialmente, estabilidad económica, ofrece una fortaleza mayor frente a un régimen de frágil legitimidad y a un sistema político vertical emanado del Presidente y de su partido. En mi opinión, una de las mayores virtudes del régimen anterior a 1997 fue la capacidad de reforma que le permitió irse transformando frente a las recurrentes crisis económicas o políticas, para abrirse plenamente a la democracia y al manejo responsable de la economía, objetivo que se logró al cierre del siglo pasado.

Las reformas estructurales logradas durante este par de años han puesto al país al día en muchos aspectos, pero los problemas de hoy revelan que todavía hay mucho por hacer y que las respuestas exigen visión y sentido más allá de la superficialidad que con frecuencia permea los diagnósticos de los problemas nacionales y que conduce a buscar soluciones por los efectos y no por las causas.

Así, por ejemplo, se pretende combatir el problema de la inseguridad y violencia con más y mejores policías, asunto válido, pero parcial y evidentemente insuficiente. La cuestión es que el problema tiene raíces sociales (crisis de valores, de expectativas y de posibilidades reales para los jóvenes, desigualdad social extrema, etcétera) e institucionales asociados a la legalidad, lo que se traduce en dramáticas expresiones de impunidad. De no haber mejoras en el sistema de justicia criminal, aun teniendo a los mejores policías, difícilmente se va a revertir el problema. No está por demás señalar que la eficiencia de policías, jueces e instituciones debe garantizarse en la base, en los municipios y estados. México padece un centralismo que no ofrece elementos a los responsables de dar las mejores respuestas, por eso todo recae en el gobierno federal y en el Congreso.

En lo económico, la baja de los precios del petróleo modifica las coordenadas no solo del debate, sino de la estrategia económica, así como la visión que ha dominado durante medio siglo. Esta caída no es un tema coyuntural. Su efecto es de largo plazo e impacta no solo a las finanzas públicas, sino a las expectativas de crecimiento basadas en la inversión derivada de la apertura energética. En sentido político y económico, el petróleo tendrá ahora otro significado. La discusión pública y las perspectivas sobre la materia parecen eludir la realidad que ahora se presenta.

La reducción de los ingresos asociados al petróleo obligará a un ajuste importante del gasto público. La política ha ido en sentido contrario. México, un país pobre, desigual y con ingresos públicos asociados a los elevados precios del petróleo, propició que muchas de sus transformaciones institucionales se hicieran al amparo de la abundancia de recursos públicos. Los órganos autónomos son buen ejemplo. No se discuten sus bondades, pero sí su elevado impacto sobre las finanzas públicas. Ya sea Inegi, CNDH, IFAI, Ifetel u otras entidades, su costo es muy elevado y tengo la impresión de que mucho de lo que hacen podría materializarse con un menor régimen de gasto.

Lo mismo ha ocurrido en materia electoral con el INE y el régimen de financiamiento de los partidos. México es, por mucho, el país que más recursos públicos destina directa e indirectamente al gasto electoral y al subsidio de organizaciones políticas. Y algo similar sucede con las Cámaras federales y el Poder Judicial Federal, cuyo gasto es ubicado entre los más elevados del mundo por los referentes comparativos.

En forma paralela a la transición democrática, las bondades de la desconcentración de poder, de mayor pluralidad y alternancia han sido acompañadas por políticas de gasto derivadas, entre otros factores, por el ascenso de los precios del petróleo que, de poco más de 25 dólares por barril al final de siglo, se incrementó consistentemente hasta superar los 100 dólares en los años subsecuentes. Ahora, la cotización de 40 dólares, monto significativamente superior al que estaba vigente cuando el PRI perdió la Presidencia, es contemplada como un problema grave, un síntoma más de la adicción presupuestal a los elevados precios del petróleo.

La cuestión es si hay preparación y disposición para autorregular la política y para establecer una obligada racionalidad en el gasto público. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha anticipado que el gobierno lo hará, aunque esto puede también afectar la inversión pública y el gasto social, además de las transferencias a estados y municipios, dependientes en extremo de estas partidas como resultado del régimen hacendario que los privó de recaudación propia.

La racionalidad del gasto debe, obligadamente, alcanzar a todos, y no solo al gobierno federal, al estatal y a los locales, también al sector público en su conjunto. Esto exige un debate muy complicado y elevadas cuotas de responsabilidad, especialmente si se parte de la premisa establecida por el secretario de Hacienda de que no habrá nuevos impuestos.

Vale la pena recordar que uno de los mayores logros de la política, además de la transformación democrática, ha sido la estabilidad macroeconómica que mucho ha favorecido al país, aunque también es obligado reconocer que no ha logrado atenuar la desigualdad ni la inequidad social y regional. Democracia y economía responsables son la herencia del cierre de siglo. Las reformas recientes actualizaron al país, dieron vigencia a la economía de mercado y fortalecieron al Estado para hacer valer el interés general. El país tiene un nuevo rostro, vive una nueva realidad, pero enfrenta nuevos y serios desafíos. A ellos tendrá que avenirse la política, tendremos que volver a vivir con la austeridad republicana con que el país despidió el milenio.

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