Las elecciones, mucho más que un bálsamo


Liébano Sáenz

No puedes hacer una revolución para tener la democracia. Debes tener la democracia para hacer una revolución: Gilbert Keith Chesterton

Democracia y elecciones no significan lo mismo. La primera, como concepto e ideal, va mucho más allá, pero implica, necesariamente, elecciones justas. Durante un largo periodo de nuestra historia, la democracia electoral fue más aspiración que realidad. Es hasta el final del siglo pasado cuando el país ingresa plenamente a un estándar aceptable de democracia que se consolida con expresiones regulares como la competencia, escrutinio político y social al poder, y las expresiones de alternancia, particularmente en la Presidencia de la República.

Ningún régimen electoral o de representación es perfecto; lo que importa es su funcionalidad. Por ello, considero que el régimen presidencial y el sistema mixto de integración de los órganos legislativos son acordes con las necesidades del país. Son muchas las reformas políticas y de gobierno que se han introducido; algunas ya en marcha, otras de vigencia futura como las referentes al gobierno de coalición y a la reelección consecutiva de legisladores. En el orden electoral, el país estrena normatividad: las elecciones de ahora representan una nueva realidad política e institucional.

En aras de su funcionalidad, lo fundamental de un régimen electoral es que favorezca la competencia civilizada por el poder y pueda construir autoridades legítimas. Lo primero se ha cumplido satisfactoriamente y corresponde al objetivo primario de la reforma política planteada por Jesús Reyes Heroles: “propiciar la inclusión electoral y parlamentaria de las fuerzas políticas históricas, especialmente el Partido Comunista y la Liga Sinarquista y, en tal proceso, atraerlas a las prácticas y valores de la democracia liberal”. La legitimidad ha tenido un trayecto y un destino más accidentados; y ha resultado más complicada cuando quienes no son favorecidos por el voto ciudadano se resisten a reconocer el triunfo del adversario.

En el país han surgido dos movimientos encaminados a interrumpir la normalidad electoral de este año. Por una parte, está la iniciativa de figuras públicas que señalan que la descomposición política es tan profunda y generalizada que —en una posición extrema— debiera plantearse un cambio de régimen total. Para esta corriente, estas elecciones son inútiles y confusas, ya que la democracia es más farsa que realidad. Otra corriente, particularmente la del magisterio radical de Guerrero, no argumenta ni razona, solamente demanda y actúa para impedir y obstruir los actos preparatorios de la elección. La primera postura, aunque discutible, es respetable y merece respuesta y razonamiento por parte de quienes pensamos diferente. La segunda, simplemente se ubica en el terreno de la lucha callejera, de la provocación a las instituciones y de la agresión a particulares; su espacio está alejado de las razones y su apuesta es la polarización de la población para que una minoría impida la expresión mayoritaria.

Considero que siempre, y más en las circunstancias actuales, las elecciones son fundamentales para dar certidumbre y claridad al ejercicio de gobierno y a la construcción de la representación política. Es cierto que el sistema político y sus instituciones pasan por una crisis severa de credibilidad, seguramente la más grave desde que inició el tránsito hacia la normalidad democrática.

Los partidos, todos, han sufrido un deterioro, no solo en su representatividad, sino en su confiabilidad y ascendiente social. Esto no exime a los partidos de reciente creación. Algo semejante sucede con las autoridades y con los representantes legislativos. Y no solo a ellos; el déficit de confianza de las instituciones también alcanza al orden social, particularmente a los medios de comunicación, a las Iglesias y a las empresas. En lo profundo, ocurre un proceso sumamente preocupante: la pérdida de confianza entre las personas que conviven cotidianamente, como lo muestra un estudio realizado en meses pasados por el área de estudios del Infonavit y la Conavi.

Las nuevas reglas del juego abonan a la funcionalidad de la democracia electoral en dos aspectos que representan un desafío mayor para la política convencional: primero, la pluralidad partidaria y, segundo, las candidaturas independientes.

Precisamente por el deterioro de los tres grandes partidos, los pequeños tienen, además de la presión de alcanzar el umbral que les permita mantener el registro, la oportunidad para dar curso a expresiones políticas y ciudadanas al margen de estas tres fuerzas políticas; proceso que ya se presentó en Jalisco, en 2012, con el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, quien estuvo muy próximo a ganar la gubernatura frente a los candidatos de los principales partidos.

Una situación semejante se puede presentar con las candidaturas independientes. Esta fórmula es excepcional y en ocasiones ha sido muy perjudicial para el sistema de partidos, en especial cuando un candidato a un cargo público importante no cuenta con apoyo parlamentario suficiente, precisamente, por la ausencia de un partido o coalición que lo cobije. En la región latinoamericana ha habido crisis severas derivadas de esta circunstancia, pero también hay que reconocer que las candidaturas independientes son una salida democrática cuando el sistema de partidos pierde representatividad y capacidad para articular políticamente la demanda social por el cambio.

Las elecciones de 2015 serán distintas y, en mi opinión, tienen el potencial para renovar, en forma y fondo, el sistema electoral y sus resultados. De esta forma los ciudadanos tendrán opciones claramente diferenciadas y cimentadas en una pluralidad que escapa a la generalización del “todos son iguales”, elemento fundamental de toda democracia. Asimismo, en ciertas circunstancias, este proceso también planteará oportunidades de participación para candidatos independientes, en su mayoría meramente testimoniales, aunque en algunos casos podrían ser cauce para la expresión de ciudadanos insatisfechos con el sistema de partidos.

Por lo pronto, es necesario que los partidos, el INE y especialmente las autoridades propicien las condiciones que faciliten el desarrollo normal de las elecciones y, sobre todo, que éstas sean concurridas —responsabilidad ciudadana—, justas y apegadas a la legalidad. Seguramente muchas de las contiendas serán muy competidas y las campañas reflejarán la pasión y la vehemencia propias de la política. Finalmente, en estas circunstancias, el piso de civilidad es el que determina y permite la ley, bajo la premisa de que el sufragio es la fórmula más razonable, justa y productiva para resolver la disputa por el poder.

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