Nos queda el derecho a la esperanza


Liébano Sáenz

Al cumplirse cuatro meses de los hechos criminales de Iguala, el procurador Jesús Murillo Karam presentó ante la opinión pública nacional un informe sobre la indagatoria del caso. A partir de amplios y rigurosos elementos de prueba se concluye que los estudiantes desaparecidos fueron ultimados en las proximidades de Iguala por la colusión de policías municipales con el grupo criminal que domina la plaza. Asimismo, se informa que los criminales dispusieron de los cuerpos de las víctimas buscando imposibilitar su recuperación y lo lograron. La interpretación de las autoridades sobre lo acontecido está sustentada en testimonios y elementos científicos que los corroboran. Lo indeseable cobra realidad. Es natural que los familiares de las víctimas se resistan a las conclusiones; lo que es imperdonable es la actitud de aquellos que las rechazan con un calculado propósito de obtener ventaja.

La PGR no solo informa la llamada verdad histórica de los hechos, también detalla las acciones emprendidas para llevar ante la justicia a los responsables, casi un centenar de detenidos sujetos a proceso, incluido el presidente municipal de Iguala y buena parte de los miembros de las policías de dicho municipio y de Cocula. Pruebas concluyentes sobre la relación entre la autoridad municipal y el crimen organizado y, todavía más, de que las policías municipales eran una especie de brazo armado al servicio de los delincuentes. Una revelación del gravísimo deterioro y la degradación de algunas autoridades. Los hechos no aluden solo al asesinato de los normalistas, sino a una cadena de homicidios, casi todos impunes; una ausencia total de autoridad que obligó al gobernador Aguirre a pedir licencia y a otros más a exigir la declaratoria de desaparición de poderes en la entidad.

Los hechos han provocado la indignación nacional, una experiencia inédita, compartida por todos y en todo lugar. Nadie tiene el monopolio o la exclusividad del sentimiento de agravio. Sí, es del interés de todos convertir los hechos en un punto de inflexión para que esta trágica experiencia no se repita. Los padres de los estudiantes asesinados conforman el eslabón más sensible de este doloroso proceso. En una familia pobre, un hijo que alcanza la posibilidad de una educación superior es una luz de esperanza para el hogar, luz que se extiende a la comunidad, más cuando la opción futura es la de ser profesor, una de las más nobles, humanas y reconocidas tareas en una sociedad que aspira a ser mejor. La indignación sobre la desaparición y la esperanza de un eventual regreso del hijo ausente son sentimientos irrefutables, aunque todo apunte a una pérdida fatal agravada por la incertidumbre.

La verdad es profundamente dolorosa para todos. Las autoridades federales han hecho un gran esfuerzo, como lo constata el informe del procurador Murillo Karam. Las conclusiones son lamentables por la tragedia humana producto del deterioro de las autoridades y de las instituciones supuestamente al servicio de la sociedad. Empero, el reclamo no debe dirigirse al mensajero, sino a los responsables directos e indirectos que deben ser llevados a la justicia. Es evidente que las instancias locales, competentes en el tema, no actuaron oportunamente frente a una situación recrudecida por la colusión de la autoridad municipal con el grupo criminal dominante. La explicación de los hechos no implica que se haya agotado el proceso; al contrario, es la base para que la justicia tome curso y alcance a quienes actuaron, ordenaron o fueron negligentes.

Los deudos tienen el derecho de exigir información y explicación detallada a las autoridades, e incluso de resistirse a aceptar las ingratas conclusiones; la sociedad tiene el derecho de manifestar su indignación y su demanda de justicia, y el Congreso, el de verificar y obtener la información que acredite que las autoridades competentes han actuado con eficacia y que las conclusiones están fundadas en pruebas y evidencias irrefutables y, por lo mismo, concluyentes.

La inmovilidad es la peor respuesta, conjuntamente con el lucro político de la tragedia que hacen patente los grupos radicales que ahora se movilizan para polarizar al país, para trasladar irresponsablemente la sospecha al Ejército y para deteriorar a las instituciones nacionales con acciones como las que pretenden, como es el caso, de que las elecciones no tengan lugar. Guerrero y todo el país deben continuar su marcha, con la consigna de hacer todo lo necesario para que hechos como los de Iguala no se repitan.

Debe darse mayor espacio a la esperanza a partir de varias premisas: una acción judicial ejemplar contra los responsables, incluyendo a las negligentes autoridades estatales y las omisas representaciones federales en la zona; fortalecimiento del tejido institucional en todas las zonas del país en las que se presentan condiciones semejantes a las de Iguala y Cocula; revisión a profundidad del marco constitucional referente a las policías municipales y a las capacidades de la Federación en el supuesto de colusión de autoridades municipales con criminales; fortalecimiento de la capacidad del Estado para monitorear y actuar con criterio preventivo en casos análogos; mayor corresponsabilidad entre partidos, autoridades electorales e instituciones del Estado para evitar el ascenso de personas con vínculos criminales a cargos de elección popular.

Una de las tareas más urgentes e importantes es propiciar que las elecciones de 2015 en Guerrero tengan lugar en condiciones de normalidad. Los comicios favorecen un punto de quiebre para reconciliar a la sociedad con sus autoridades y ofrecen un piso de legitimidad para reconstituir a fondo las instituciones municipales y locales con base en la voluntad popular expresada en el voto y no en las exigencias de quienes pretenden definir el sentido del gobierno a partir de la violencia callejera, la agresión a los particulares y el chantaje a las autoridades.

Una de las voces más probas, respetadas y reconocidas del sector empresarial, don Lorenzo Servitje, ha definido las responsabilidades que todos tenemos para dar vigencia al derecho a la esperanza. Reconocer las dificultades y las circunstancias adversas; y a partir de allí, comprometer nuestra voluntad para fortalecer la capacidad colectiva y el liderazgo republicano del jefe de Estado con el propósito de convertir la adversidad en oportunidad, la incertidumbre en certeza y la dificultad en esperanza.

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