Desafío continuo de Estado


Liébano Sáenz

“Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no sería necesario ningún control externo ni interno sobre el gobierno”: James Madison (The Federalist Papers).

En este momento hay una clara agenda en búsqueda de la transparencia, particularmente en un asunto que se ha vuelto clamor generalizado: combatir el tráfico de influencia a través del conflicto de interés. Hay claramente  tres exigencias públicas; la más visible es la investigación sobre un supuesto conflicto de interés; en segundo lugar está la actualización de la respuesta institucional preventiva y correctiva mediante la designación del secretario de la Función Pública y la rehabilitación de esa dependencia; y, como tercer y más relevante punto, los cambios legislativos para un marco legal consecuente con la seriedad del problema.

Desde hace tiempo, el país oscila entre el escepticismo y el prejuicio en lo que se refiere a sus autoridades, la clase política y, por ende, la confianza en las instituciones. Es un problema con causas diversas que a todos afecta; y, en estas condiciones, es explicable la reserva sobre lo que dicen y hacen las autoridades, los magistrados, los legisladores o los partidos políticos. La crisis de confianza alcanza también a instituciones privadas como la Iglesia, la empresa, la universidad o los medios de comunicación. El regateo de logros es reiterado y sistemático. Dos ejemplos lo muestran: la actitud pública respecto a las reformas y el desdén frente al hecho de que México tendrá uno de los crecimientos económicos más elevados de la región; un dato, este último, si bien insuficiente, revela que en el contexto latinoamericano —y hasta cierto punto global— la situación de México es considerablemente mejor.

Algo similar sucede con la percepción de los avances para revertir la violencia en el país. Hechos trágicos y singulares como los de Iguala, en Guerrero, o los de Michoacán propician una idea errónea sobre la situación general. Eduardo Guerrero, un especialista en la materia, analista independiente y reconocido por su profesionalismo, presenta en la revista Nexos del mes de febrero un ensayo que expone una baja considerable en los delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión. No se ha alcanzado una meta final, pero sí es un logro relevante. Percepción no siempre es realidad.

Lo anecdótico se impone sobre lo fundamental. El tema de la adquisición de la llamada casa blanca pretende volverse la medida de un Presidente y de sus acciones de gobierno. Un medio de comunicación internacional, The Economist, impone su criterio de que nada tiene valor en la lucha contra la corrupción si “el presidente antes no limpia su nombre”. El Presidente da pasos para que el nuevo titular de la Función Pública haga una investigación exhaustiva, que será avalada por un grupo de especialistas independientes; empero un sector de opinión lo descalifica de antemano con el argumento de que es un subordinado.

Debemos profundizar en el análisis, el tema de investigar al Presidente es uno de los asuntos críticos del sistema presidencial. En el régimen estadunidense, como resultado del caso Watergate que llevó a la renuncia de Richard Nixon, el Congreso aprobó la ley Ethics in Government Act, que plantea un mecanismo para investigar al presidente, vicepresidente y altos funcionarios, incluyendo al director de la CIA. Para tales efectos, el procurador, en el supuesto de considerar que hay un caso digno de investigarse, traslada el expediente a un fiscal especial independiente u absolutamente autónomo, designado por una terna de jueces. La figura no escapa de controversia como quedó acreditado en la investigación del fiscal Ken Starr del presidente William Clinton.

A pesar de las reservas que puedan existir en el imaginario colectivo, es obligación ciudadana observar que el presidente Peña Nieto ha emprendido acciones. La activación de la Función Pública se deriva de la demora del Congreso para aprobar la reforma constitucional en la materia que ha sido discutida en el espectro mediático, mas no en el legislativo. El funcionario designado ha sido un eficaz colaborador del presidente Peña Nieto; pero eso no lo descalifica, simplemente explica el nombramiento. En todo caso, es el desempeño lo que debe considerarse, observémoslo en el proceso. La instrumentación de una investigación independiente depende del Congreso, con los límites que la ley y la Constitución imponen.

En la investigación de los casos de supuesto conflicto de interés, debe quedar claro que se trata de un tema jurisdiccional, esto es, que debe cumplir con las formalidades y que será la ley la que sustente las indagatorias y las conclusiones, no la opinión, ni el prejuicio y menos la oportunidad política. De antemano se advierte que las limitaciones del marco legal, no la voluntad del investigado o del investigador, definen los alcances de la indagatoria. El panel de especialistas deberá ser integrado por expertos en materia legal.

El debate y la solución al conflicto de interés son asuntos de la mayor trascendencia. De concretarse, el planteamiento presidencial llevaría al país a contar con una de las legislaciones más avanzadas en la materia. Efectivamente, deben ampliarse los supuestos legales para acreditar la ética en el servicio público, no solo como una decisión individual o personal, sino como una expresión de lo definido y determinado por la ley.

Las deliberaciones del Congreso acerca de este tema y con relación al sistema nacional anticorrupción deben emprenderse con sentido de Estado, es decir, por encima de intereses personales, de grupo o políticos. Al gobierno le corresponde tomar las providencias y acciones para mejorar la auditoria y la fiscalización internas, pero el Congreso debe ampliar la perspectiva para estos casos y definir no solo los supuestos legales, sino los cauces para que las instituciones actúen e investiguen a todos los servidores públicos sin excepción, los legisladores incluidos, una tarea delicada en extremo y que, por lo mismo, debe acometerse en un marco de estricta legalidad, imparcialidad e independencia.

En este sentido debe precisarse que la fiscalización de los altos servidores públicos, particularmente la investigación sobre hechos concretos, es tarea jurisdiccional que debe llevarse a cabo bajo los principios de un debido proceso. La Constitución ha concedido una protección a la función en materia de procesos de corte penal. Deberán revisarse los alcances, así como los supuestos bajo los cuales se les puede juzgar. Estos cambios solo serán efectivos si se realizan con perspectiva de Estado y se asume que es un proceso continuo, nunca cuando provienen del prejuicio o de la presión de la opinión pública.

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