Midamos bien las consecuencias


Liébano Sáenz

“Old soldiers never die, they just fade away”

En estas horas difíciles, cuando muchas instituciones públicas y privadas padecen el descrédito o desconfianza, las fuerzas armadas se mantienen como motivo de genuino orgullo. Su lealtad, su origen y esencia popular, y su profesionalismo han sido acreditados en circunstancias críticas, lo mismo en desastres naturales que en el mantenimiento de la paz y seguridad interior o la asistencia a autoridades civiles en materia de seguridad pública. El Ejército y la Armada cumplen, como lo ha señalado el general secretario Salvador Cienfuegos, sin protagonismos ni estridencias.

Frente a la crisis de seguridad suscitada por el embate del crimen organizado desde hace décadas, las autoridades civiles se han visto obligadas a recurrir a las fuerzas armadas. No es lo deseable, pero por la gravedad de la situación resultó inevitable. Esto a su vez genera dos preocupaciones que están presentes en el propio Ejército: la salvaguarda de los derechos humanos y el mantenimiento de la integridad institucional frente al poder corruptor del crimen organizado.

Rendir cuentas es obligación de toda autoridad; y las fuerzas armadas cumplen con tal cometido. En una sociedad libre y abierta el escrutinio al poder también viene de la sociedad, y el Ejército ha actuado en consecuencia. Así, por ejemplo, la respuesta oportuna del general secretario Cienfuegos con motivo de los hechos de Tlatlaya, Estado de México, contrasta con la actitud tardía y vacilante de las autoridades locales de Guerrero ante los hechos de Iguala.

Ni las incidencias ni los casos de excepción deben ser la medida de un Ejército que cumple con lealtad y eficacia. Una sociedad que se mantenga alerta sobre lo que hacen sus autoridades, especialmente en los temas referentes a la legalidad de su desempeño y a la observancia de los derechos humanos, es tan útil como conveniente. Sin embargo, también debe valorar el significado del vacío de autoridad propiciado por la ausencia de policías locales y municipales o, lo que es peor, como sucedió en Iguala y en otros municipios de Guerrero y de Michoacán, por su colusión y subordinación ante la delincuencia organizada.

Las autoridades civiles han contado con el apoyo de las fuerzas armadas, pero lo que debe contemplarse como un recurso provisional obligado por la emergencia y por la gravedad de la situación corre el riesgo de prolongarse más allá de lo conveniente. Frente a las dificultades que supone la inseguridad, no puede responderse imponiendo al Ejército y a la Armada funciones que corresponden a las policías, sino formando cuerpos de seguridad a la altura del desafío que representan los nuevos términos de la lucha contra el crimen y la violencia. Las fuerzas armadas tienen responsabilidades insustituibles que no pueden demeritarse por una tarea propia de las policías.

Por cierto, tampoco la creación de una policía nacional centralizada es la mejor respuesta. Quizás sea indispensable para combatir ciertos delitos y organizaciones criminales, pero la solución al problema delictivo descansa más en las policías locales y en la policía de contacto con la población. De hecho, la información disponible revela que se ha revertido la tendencia de crecimiento de los delitos de alto impacto (ver “¿Bajó la violencia?” de Eduardo Guerrero Gutiérrez,Nexos, febrero 2015), pero aumentan otro tipo de delitos como el robo, el asalto y la extorsión.

La lucha por la legalidad tiene amplio horizonte y muchos frentes. En este espacio hemos reiterado la necesidad de actuar no solo sobre los efectos, sino también en las causas; ésas que remiten a un problema estructural que implica por igual un precario aprecio social por la legalidad que impunidad generalizada y deterioro de las instituciones más relevantes en la formación de valores como son la familia, la iglesia y la escuela; así como expectativas de éxito condicionadas a lo material y a sinuosos caminos hacia el bienestar y la realización personal. Para muchos, la coartada para evitar las dificultades presentes es la ilegalidad y, para algunos, muchos de ellos jóvenes, el atajo es la actividad delictiva.

Para todos es importante que las fuerzas armadas tengan aval y reconocimiento social, pues no es exagerado decir que forman parte de lo mejor de nuestro patrimonio institucional y que su presencia en bien del país en los momentos más difíciles es altamente apreciable. Su lealtad es una de las fortalezas del México, de la civilidad y de la democracia; y su compromiso, el factor que ha permitido al país solventar no solo las crisis, sino la transición política y la alternancia en términos de estabilidad y solidez institucional.

No preocupan —ni deben preocupar— las voces críticas hacia las fuerzas armadas o la exigencia de que éstas o su comandante en jefe rindan cuentas. Lo que sí es motivo de inquietud es la persistente provocación por parte de grupos radicales que tienen el calculado propósito de desprestigiarlas para desencadenar una respuesta que sirva a sus intereses y propósitos de cambio político. Todavía no sabemos si hay polizontes agazapados usufructuando el genuino dolor de los que sí tienen causa para el duelo. En Guerrero se libra una añeja batalla frente a estos sectores. Lo de menos es su opinión y sus expresiones contra todas las instituciones, incluyendo al INE, al Congreso y a los partidos políticos; la cuestión es que la tolerancia y la prudencia (las mejores medicinas ante el provocador) con el tiempo suelen ser percibidas como complacencia o indiferencia, con el consecuente desgaste de las autoridades civiles y la indebida idea de ausencia de autoridad. La insurgencia en esa zona no es un fenómeno nuevo, lleva más de 40 años.

Por ello, es de la mayor importancia que los comicios en Guerrero tengan lugar de manera normal. Que sea la decisión libre y democrática de la mayoría la que determine la integración de la representación popular y quiénes serán los responsables de las instancias de autoridad. Los radicales se oponen al Ejército, pero también a toda la institucionalidad democrática. Pretenden impedir la reconstitución de las autoridades por la vía democrática, precisamente porque su aspiración es la lucha callejera favorecida por autoridades sin piso de legitimidad.

Insisto, las fuerzas armadas conforman una de las mayores fortalezas del poder civil y de la democracia mexicana. Es responsabilidad de todos fortalecerlas y reconocer el servicio que en conjunto ofrecen a la Patria.

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