Liébano Sáenz
El país se encuentra a cinco semanas de los comicios del 7 de junio. Los cambios de reglas y términos de la contienda son significativos y, más allá del ruido propio de las campañas, mucho de lo que sucede es para bien. Las elecciones serán ordenadas, los ciudadanos podrán sufragar en libertad, los partidos realizan su proselitismo con los instrumentos que la ley les proporciona y, pese al escepticismo de algunos, las elecciones estarán concurridas; según mi cálculo, más que en los comicios de hace seis años, como efecto de la combinación que surge al tener más partidos y más estados con elecciones concurrentes participando.
Aunque la fórmula de integración del Congreso no expresa con exactitud la proporcionalidad del resultado de los votos, es previsible un aumento de la pluralidad en la Cámara de Diputados; también es probable que dos o tres partidos no cumplan el requisito de 3% de los votos y, por ende, pierdan su registro. Una mayor pluralidad es consecuencia del propio debate político nacional y, particularmente, de la suma de contiendas locales concurrentes que representan casi dos terceras partes de los votos a emitir.
La principal minoría, muy probablemente el PRI, tiene la restricción de ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación; esto significa que la diferencia entre el porcentaje de votos y el de diputados tricolores no puede ser mayor a ocho puntos. Un partido con 35% de los votos no puede ocupar más de 43% de la Cámara, es decir, 215 diputados. La cuestión es si el PRI podrá obtener la mayoría legislativa, junto con el PVEM y Nueva Alianza.
La definición de mayoría es relevante porque determina el equilibrio político con miras a la segunda mitad del sexenio. Aunque se ha probado que el PRI y el gobierno actual pueden lograr acuerdos con la oposición para emprender reformas significativas, también es cierto que las condiciones del ciclo político para el segundo periodo del gobierno son diferentes por el escenario de la sucesión de 2018 que implica un cambio en los incentivos a la colaboración. Esto no significa que el acuerdo sea imposible pero sí es de esperarse que la disposición política se encarezca. Los términos para la integración de la Cámara de Diputados determinarán la ratificación o una nueva expresión de la coalición gobernante.
Los términos del debate se asocian al escrutinio sobre el gobierno federal, los estatales y los municipales en la publicidad y propaganda de la oposición que busca maximizar sus posibilidades electorales, exacerbando su crítica al poder y a un entorno en el que la desconfianza y el desaliento son convertidos en humor social adverso al régimen. El debate es propio de la democracia, también lo son la crítica y la oposición. Lo que no es aceptable es dirigir la presión hacia el árbitro o a quien hace valer las reglas por la vía jurisdiccional. Los partidos y los candidatos deben orientar su esfuerzo al voto ciudadano, no al de los consejeros o magistrados electorales. Insistir en esta tradición, además de la resistencia a reconocer los resultados, afecta a la democracia y a sus instituciones, especialmente a los partidos.
En realidad estamos frente a dos elecciones superpuestas, con lógicas y objetivos diferentes pero vinculados: las locales y la nacional. Para los partidos pequeños el objetivo en comicios locales es apuntalar votos para trasladarlos a la elección federal, que es la crucial para efectos de cumplir con el 3%. El partido que tiene más clara esa estrategia es Movimiento Ciudadano y ello lo ha movido a un mayor pragmatismo en la selección de sus candidatos pues lo mismo postula a Marcelo Ebrard para diputado federal plurinominal, que a Fernando Elizondo como candidato a gobernador en Nuevo León, a Ana Rosa Payán para alcaldesa en Mérida o a Enrique Alfaro en Guadalajara. En estos casos, las ideologías y posiciones partidistas previas no parecen importarles, de lo que se trata es de que la competencia local arrastre votos al mismo partido en la elección federal, hipótesis incierta, pero posible.
Para los partidos mayores coexisten y compiten los objetivos locales y nacionales. Es fundamental mantener territorios y gobiernos locales y municipales, pero también lo es maximizar la presencia en la Cámara de Diputados que, además de colegisladora, es el órgano competente en materia de presupuesto y rendición de cuentas públicas de la administración federal, de los poderes públicos federales, de los órganos autónomos y de todas las entidades, poderes y particulares que ejerzan recursos federales.
Más allá de la contienda y de las pasiones a ella asociadas, es relevante que en el Congreso se mantengan el diálogo y la colaboración entre las fuerzas políticas. En este sentido, es meritorio y motivo de reconocimiento el avance actual en la agenda legislativa y el hecho de que las elecciones no se hayan vuelto obstáculo para el entendimiento y la concreción de reformas para el bien del país. Paralelamente a las elecciones, el gobierno, partidos y legisladores siguen cumpliendo sus responsabilidades, circunstancia inédita, valiosa y poco advertida por los encendidos críticos de la política.
Cierto es que será en el mes de mayo y en los primeros días de junio cuando se acentúen la vehemencia y el debate inherentes a la búsqueda del voto. El INE ha establecido precedentes de contención respecto a los alcances de la mal llamada publicidad negativa. Buena parte de los medios escritos también participa, abierta o implícitamente, en el proceso electoral, en el debate y, consecuentemente, en la distribución de las intenciones de voto. Falta la parte más intensa del ruido propio de la lucha por los votos y el sistema electoral debe dar para eso y para mucho más.
Como he señalado, lo más importante es garantizar que la lucha por el poder tenga cauce institucional; que en el anhelo de ganar, los partidos y los candidatos hagan uso de los instrumentos y recursos que ofrece la democracia. Finalmente, los comicios del 7 de junio pueden ser un primer paso, firme y decisivo, en el desarrollo de la democracia electoral.
Liébano Sáenz 