Elegir o decidir, esa es la cuestión


Liébano Sáenz

Si hay un tema donde sobran los argumentos es, sin duda alguna, el de la democracia electoral. La democracia representativa es un modelo imperfecto hasta en los países de elevado desarrollo político. Están quienes pretenden prescindir de sus componentes básicos como los partidos políticos o los que buscan introducir expedientes de democracia directa como la iniciativa popular, la revocación de mandato, el plebiscito o el referéndum. Sin embargo, esta modalidad de democracia, con todas sus limitaciones, defectos e inconsistencias, resulta ser la fórmula más eficaz, justa y viable para renovar autoridades.

En México, la democracia es reciente. No se llegó a ella a partir del totalitarismo, la dictadura militar o la anarquía, sino desde un régimen que si bien no podía ser considerado democrático sí tenía un piso básico de legitimidad y consenso, además de civilidad en la disputa por el poder o en el control social. El régimen anterior mostraba capacidad para transformarse y renovarse. Así se llegó a la democracia, por la vía de la gradualidad y del acuerdo con factores de poder y actores políticos. No fue un régimen construido para los ciudadanos, sino para los actores políticos fundamentales, esto es, los partidos.

El motor del cambio de régimen no fue la crisis política, fue la económica. Lo que motivó el cambio no fue la rebelión ciudadana electoralmente empoderada, sino la incapacidad de los presidentes para proveer la estabilidad económica y bienestar que caracterizaron al periodo entre 1950 y 1975. Un modelo de presidencia fundado en la verticalidad y discrecionalidad dejó de ser factor de unidad y confianza, para volverse justamente lo contrario: factor de incertidumbre. La legitimidad ya no podía construirse con un presidencialismo providencial; el ogro filantrópico debía abrir espacio a la pluralidad y a una fórmula de poder compartido.

Todo lo anterior para decir que las dificultades de la democracia mexicana tienen que ser reconocidas por los actores fundamentales que son los partidos, los cuales deben  entender que los ciudadanos no pueden quedar marginados o condicionados por el proceso político. Los partidos representan el mayor problema pero también engloban la solución. En la democracia no hay coartadas; la alternancia, la pluralidad, el gobierno dividido, el parlamentarismo o el gobierno de gabinete serán soluciones insatisfactorias mientras no consideren un aspecto fundamental: los partidos y su relación con la sociedad.

El desprestigio de los partidos, todos, es abrumador. Antes, la crítica severa y las críticas se dirigían al PRI porque era el partido gobernante. Ahora que todos han accedido al poder, los señalamientos y el disenso se han generalizado y diversificado, incluso el rechazo alcanza a las nuevas formaciones políticas y al Congreso en su conjunto. Las crisis de la democracia representativa han propiciado algunas de las peores experiencias políticas: Hitler, en el colapso de la República de Weimar; Alberto Fujimori, en Perú o Hugo Chávez, en Venezuela.

Los partidos son permanentes; los gobiernos, pasajeros. Por ello, en la pluralidad se debe asumir que la iniciativa del cambio no vendrá del gobernante, cualquiera que éste sea, sino de los mismos partidos. Un desafío nada menor, fruto de las inercias que mueven a las dirigencias hacia el oportunismo electoral, el chantaje político y el tráfico de influencia. El sistema actual debe renovarse, y no solamente a través del cambio legal, también se requiere el acuerdo para cuidar y proteger la institucionalidad que da existencia y poder a los partidos. La vinculación con la sociedad, aspecto fundamental, deberá ser resuelta por cada partido, diferenciados por sus propuestas políticas e ideológicas; el pragmatismo es un mal que debe acotarse.

La cuestión fundamental es si en la democracia se elige o se decide. Una postura minimalista asume que el poder del voto no es para escoger gobierno, sino para resolver quién no debe llegar al poder. La realidad es que los electores perciben  candidatos y difícilmente alcanzan a distinguir las causas asociadas a la contienda.

En un entorno de descrédito, lo importante no es la propuesta como tal, ni siquiera los atributos del candidato; lo relevante es castigar a quien gobierna, de ahí que su derrota sea objetivo central, sin importar costos, riesgos o alcances del posible empoderado. Es uno de los riesgos de las democracias en circunstancias de crisis. En tal entorno, la figura del candidato carismático, populista o independiente puede representar un salto al vacío; paradójicamente, las más seducidas son las clases medias, y no tanto las  populares.

El proceso en Nuevo León es muy revelador. El candidato independiente ha superado al partido opositor, el PAN, no por lo que representa ni por lo que es, sino por presentarse como el cauce más acabado para rechazar el orden de cosas, por oponerse al régimen bipartidista que ha caído en descrédito de la ciudadanía. No importa que el candidato fue priísta hasta hace apenas unos meses, con todos los defectos reales e imaginarios que se asocian al PRI; tampoco interesa que su enriquecimiento se haya conseguido al amparo del poder ni que exista evidencia de violencia intrafamiliar o de un evidente doble estándar entre lo que predica y su pasado en el servicio público. A pesar de que Nuevo León es uno de los estados del país con mayores logros de gobierno en los frentes económico y de seguridad, algunos están dispuestos a aprovechar la oportunidad de cobrarle afrentas pendientes a los dos partidos grandes, aunque ello implique una apuesta que ponga en riesgo lo alcanzado. Al menos el PAN y el PRI han presentado opciones muy dignas y no es casual que ambos candidatos decidieran desde el principio suscribir la iniciativa “#3de3”, candidato transparente. Está por verse la madurez de la sociedad para diferenciar proyectos y advertir el riesgo que implica una opción ajena a lo deseable.

Frente a problemas actuales como la inseguridad y la falta de oportunidades, los supuestos escándalos de corrupción y la incapacidad para acreditar las recientes reformas constitucionales (uno de los mayores logros de la pluralidad), se ha perdido aprecio por una edificación tan sublime como la democracia electoral. Sí, es cierto, tiene insuficiencias, pero eso no le quita el mérito de ser una de las mayores realizaciones del México contemporáneo. Los partidos, los actores más importantes y los primeros beneficiados, deben comprometerse con su mayor obra, con lo mejor que han construido.

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