Debido proceso y combate al crimen organizado


Liébano Sáenz

La amenaza que plantean quienes atentan contra los fundamentos del Estado y de la convivencia civilizada es uno de los mayores retos de las democracias. En la actualidad, son dos los fenómenos más evidentes: el terrorismo, cualquiera que sea su motivación, y el crimen organizado; para el caso concreto de México, el vinculado al tráfico ilegal de estupefacientes. Por la gravedad de la amenaza y, especialmente, por los medios que emplean, el Estado debe contemplar respuestas excepcionales. Es preciso combatirlos pero con la ley en la mano y salvaguardando lo fundamental: los derechos de las personas y de la sociedad para vivir en paz y en libertad.

La reciente liberación de Rubén Oseguera, identificado como el presunto número dos del cártel Jalisco Nueva Generación, es un llamado a replantear las atribuciones legales del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado. Desde hace tiempo, por la magnitud del problema, el régimen legal ha sido objeto de revisión para ampliar las facultades de las autoridades y enfrentar con éxito tal lucha. Es evidente que el sistema penal también debe considerar circunstancias excepcionales y especiales como el caso referido.

El Poder Judicial Federal es garante de la legalidad y constitucionalidad en el desempeño de la autoridad, cualquiera que ésta sea. El comunicado del Consejo de la Judicatura precisa que la jueza Nadia Villanueva Vázquez decidió liberar a Rubén Oseguera porque la Policía Federal ingresó ilegalmente al domicilio en el que fue localizado, de acuerdo con el testimonio de dos policías municipales de Zapopan; aunque la versión de las autoridades policiacas federales sostiene que los detenidos fueron ubicados cuando viajaban en un vehículo con armamento. Asimismo, la jueza señaló como elemento adicional de violación al debido proceso el hecho de que el inculpado no fue puesto a disposición del Ministerio Público en forma inmediata, sino después de haber sido trasladado por carretera hasta el Distrito Federal.

La PGR, quien no fue la autoridad responsable de la detención, sino de la consignación, informó que apelará el fallo judicial. En un tono mucho más comedido y cuidadoso al empleado por el Consejo de la Judicatura, la PGR señaló que “no comparte los criterios de valoración que sustentaron la resolución” de la jueza. Señaló que debido a la peligrosidad que representa el detenido era fundamental trasladarlo a la SEIDO. La jueza afirmó que la PGR no pudo acreditar la vinculación de los inculpados con la organización delictiva, esto es, hubo deficiencia e insuficiencia probatoria.

La PGR apela reiterando que sí existen elementos que prueban tal vinculación y que la jueza dio más valor probatorio al testimonio de policías municipales que no estuvieron presentes al momento de la detención que a los elementos aportados por la policía federal, además de desestimar el acopio y la aportación de armas de uso exclusivo del ejército. Cabe señalar que el detenido fue reaprehendido por el cargo de presunta desaparición de personas en Michoacán.

El relato de desencuentro entre las autoridades de la fiscalía y el Poder Judicial Federal deriva de dos planos difíciles de conciliar: la necesidad de llevar a la justicia a los delincuentes más peligrosos y perniciosos y el apego del juzgador a criterios convencionales de legalidad en el proceso penal. La seguridad pública y la procuración de justicia requieren de un estricto apego a la legalidad, fundamento insoslayable del Estado democrático, pero también es igualmente cierto que la justicia no puede tratar todos los casos bajo el mismo régimen, esto es, el crimen organizado requiere un tratamiento diferenciado, en la medida de lo posible, a cuenta del juzgador, pero también con reglas distintas para abordar el tema con el cuidado y rigor que se requiere.

Los países democráticos han establecido sistemas especiales de justicia para el combate al crimen organizado. Las reglas van desde garantizar el anonimato del juzgador, un mayor sigilo en todas las etapas del proceso penal y mayores facultades a la procuración de justicia, incluso al mismo juez para así dar curso a la justicia sin el riesgo que significa y la peligrosidad que representa el crimen organizado, bien sea porque amedrenta, intimida o corrompe.

Para el caso concreto, las autoridades tienen razón en haber trasladado al detenido a las oficinas de la SEIDO en el Distrito Federal. Guadalajara, lugar de la detención, es actualmente foco rojo, además, el grupo criminal se ha revelado como el que más bajas ha cobrado a las fuerzas del orden en el periodo reciente. Era de sentido común, que el juzgador debió tener presente, el por qué tuvieron que pasar más de 9 horas para que el detenido estuviera a disposición del Ministerio Público. Además, los elementos de probanza por acopio de armas daban lugar para el auto de formal prisión.

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal deberá tener un mayor sentido de prudencia en lo sucesivo. El comunicado avalando la decisión de la jueza Nadia Villanueva Vázquez requería de expresiones más sensibles a la gravedad de la situación. Afortunadamente, de la PGR prevaleció una respuesta de altura y cuidado sin soslayar lo discutible de la decisión que llevó a la liberación del detenido.

La reaprehensión es un recurso extremo derivado de la convicción que parecen tener las autoridades sobre la presunta culpabilidad del detenido y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia en un momento sumamente difícil por el relieve y la violencia que ha adquirido el cártel de Jalisco Nueva Generación.

La situación llama no sólo al sentido de responsabilidad de los juzgadores y del Consejo de la Judicatura, sino a una revisión de las normas que den espacio para una actuación eficaz de las policías, de la PGR y de los jueces en la lucha contra el crimen organizado. Los extremos del debido proceso no deben servir para que los delincuentes más peligrosos se sustraigan a la acción de la justicia, deber fundamental del Estado mexicano.

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