La crisis de la fuga y sus respuestas


Liébano Sáenz

La fuga del criminal Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, de la prisión de alta seguridad del Altiplano ha generado una ola de indignación cuya expresión más contundente se ha dado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Si atendemos a los estudios de opinión, hay una brecha entre la postura de buena parte de la opinión publicada y el sentimiento de la sociedad. Es de esperarse que las autoridades responsables sean llamadas a cuentas por el tribunal mediático, pero si lo que se busca es obtener respuestas a la altura de la gravedad del problema, entonces también será necesario entenderlo en su profundidad e ir mucho más allá de la tradicional hoguera mediática.

La fuga de uno de los principales criminales del mundo es un tema de alta gravedad que nos remite a una crisis que viene de tiempo atrás y que es uno de los mayores retos del México contemporáneo: la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a los enemigos más perniciosos de la sociedad. El desafío incluye a todo el proceso de justicia y plantea el urgente y muy relevante objetivo de abatir la impunidad. La sanción al criminal a través del debido proceso es la columna fundamental del sistema de justicia y del principio de legalidad sobre el que debiera fundarse todo régimen institucional.

La fuga de El Chapo reabre el debate sobre la capacidad de las instituciones para enfrentar a sus enemigos. Insisto, el tema es fundamental y tiene que ser atendido con apremio, pero no desde la superficialidad de la coyuntura, de los múltiples comentarios sobre el hecho concreto o de la molestia y enojo que algunos manifiestan, promueven y cultivan. El sentimiento adecuado ante la circunstancia trasciende a la indignación y debe conducirnos a la reflexión sobre lo que debe hacerse para enfrentar en forma efectiva el poder del crimen organizado.

Las instituciones tienen nombre, estructura y fundamento. El jefe del Estado es Presidente de la República, quien es también jefe de gobierno y de una coalición gobernante. En tiempos de crisis, como es la que se enfrenta desde hace tiempo en materia de seguridad y que adquiere muestra pública con un incidente grave como es la fuga del criminal, es necesario el fortalecimiento del Jefe de Estado. Minar su autoridad puede dar satisfacción al agravio de opositores o críticos, pero es en beneficio de quienes desean un gobierno débil, entre otros, precisamente los grupos criminales.

El Presidente, al inicio de su mandato, resolvió modificar la organización de gobierno y también crear la figura del Jefe de Gabinete, en el Secretario de Gobernación quien, a su vez, es el titular responsable del tema de seguridad pública. Al amparo del hecho concreto no del balance del desempeño, algunos han llamado a la renuncia del Secretario, bajo el supuesto de la responsabilidad política en lo acontecido. La evaluación en su conjunto de su desempeño favorece al Secretario, además, es la persona adecuada, por la confianza personal y política del Presidente y de su probado valor y lealtad para encarar la respuesta que debe dar el Estado no solo al asunto en particular, sino a la transformación a la que obliga la política de seguridad.

Esto es, se requiere de una perspectiva más amplia para entender la cuestión y la solución que debe perfilarse. Es éste, sin duda, un desafío de corte estructural. Ha sido un largo recorrido de cambios y transformaciones para fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. En el pasado reciente, el momento originario fue la creación del Sistema Nacional de Seguridad a finales del siglo pasado. En sus fundamentos está la noción de que es tarea del conjunto institucional, órdenes de gobierno, poderes públicos, de la sociedad organizada hacer frente al enemigo común. Por ello es relevante que la reflexión crítica y propositiva no se ahogue por el sentimiento de indignación derivado del hecho concreto, sino que lleve a la necesidad de revalorar con objetividad lo que existe y los cambios que deben introducirse a raíz de una experiencia de más de tres lustros, con capítulos traumáticos como es el reciente, pero también con muchos éxitos que no deben ser ignorados.

En la solución de problemas estructurales como el déficit de legalidad no hay coartadas fáciles ni salvadores de la patria. La conclusión obligada es el  fortalecimiento de las instituciones en el marco del Estado de Derecho.

La agenda urgente de cambios debe considerar tres planos de acción:

  • Los gubernamentales, en los que se contemple la necesidad de una mayor inversión y gasto en materia de seguridad; la evaluación (y, en su caso, depuración) profesional y rigurosa de todos los responsables en áreas estratégicas de seguridad; y la reorganización del Gobierno para dar unidad al sistema carcelario y establecer los reportes directos al Secretario sin intermediación de unidades con otras responsabilidades delicadas como es el mando policial.
  • Los institucionales, que tendrán que procesarse con el Congreso y, en su caso, con el Constituyente permanente, considerando una protección mucho mayor para los funcionarios judiciales, fiscales, policiacos y administrativos que actúan en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado. Su integridad es una responsabilidad de Estado; no pueden quedar expuestos y, por ello, habrá que recurrir a las mejores prácticas para evitar la intimidación y la corrupción.
  • La transformación -quizá el plano más rezagado– cuyo destino debe ser la consolidación de una auténtica cultura de la legalidad.

El proceso no estará exento de obstáculos y la complicidad social será probablemente  el mayor de ellos. Basta advertir, en esta situación particular, que uno de los criminales más sanguinarios y crueles es apreciado como un caso de éxito y, para algunos, hasta de admiración.

Al final, la recomposición apunta hacia la procuración de justicia. En breve, la PGR transitará hacia la Fiscalía General de la República y, para fortuna de los mexicanos, este proceso habrá de culminar en una institución ejemplar, eficaz y garante de la justicia.

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