Lección de Oaxaca


Liébano Sáenz

Desde el inicio de su mandato, Peña Nieto parece estar más ocupado en los resultados que en la aceptación. La negociación con la oposición y el traslado de los acuerdos al Congreso eclipsó al Gobierno y al Presidente; sin embargo, los resultados están a la vista: el país logró concretar el más impresionante acervo de transformaciones profundas en un contexto de gobierno dividido (el partido del Presidente sin mayoría legislativa). Dar prioridad a los resultados responde a las necesidades del país, optar por la popularidad alude a las de un gobierno, un partido o quizás un presidente. Finalmente, la tarea del jefe de Estado no es circunstancial, a diferencia de la cambiante, cíclica y poco rigurosa opinión pública, como lo podrían testimoniar todos los presidentes de los últimos 50 años. La problemática se gesta cuando la demagogia y el populismo se convierten en los ejes del debate y cuando el espejismo suplanta, en forma permanente, a la realidad.

Los tiempos, temas y prioridades del Gobierno contrastan con la opinión pública y publicada. Quien gobierna para la tribuna pierde la brújula y el sentido de su proyecto. El liderazgo político consiste en conducir al país hacia el destino y las transformaciones que pocos ven y quizás algunos no desean. Y es que pese a las  resistencias, el desgaste y las reservas que provoca en algunos, el cambio es, sin duda alguna, el mejor camino si de cumplir se trata. Administrar la coyuntura o transferir culpas a otros poderes u órdenes de gobierno es una postura cómoda pero sin rumbo. Finalmente, cuentan los resultados, no las explicaciones.

En el país hay una opinión crítica muy amplia, la que ahora se recrea en el mundo de las redes sociales, mientras que en la prensa y en la radio se ha consolidado una buena tradición de oponerse y criticar al poder. Como en toda democracia hay periodismo militante en diversos flancos y predicadores que hacen su parte opinando y editorializando la nota. Lo sustancial es que hay libertad y también pluralidad. Los errores de forma o de fondo cometidos por políticos o  gobiernos son señalados y castigados en el tribunal de la opinión, a veces con exceso y superficialidad, pero, insisto, lo importante es la existencia de libertad y de pluralidad. El Gobierno debe tolerar y explicar, pero es un error conceder y someterse al frecuente linchamiento que deriva del ejercicio de la libertad de expresión. Es el día a día de la democracia.

La opinión pública no tiene por qué entender los tiempos de la política, sus ciclos o sus procesos, pero es fundamental que el Gobierno sí lo haga en aras de la eficacia del ejercicio de su mandato.

Hoy, uno de los temas más importantes y delicados es llevar a buen puerto la reforma educativa. El desafío no es menor pues se trata de un proceso que debe seguir su curso y en el que deben participar los poderes locales. El gremio mayoritario agrupado en el SNTE no solo ha mostrado una actitud responsable, sino que ha participado proactivamente para atenuar la natural y explicable preocupación de los mentores sobre sus derechos laborales y la trascendencia de la evaluación educativa, uno de los elementos centrales de la reforma.

Una vez conseguido un acuerdo entre autoridades federales, estatales y el gremio, la traba se ubica en los grupos radicales que han usufructuado en su beneficio el espacio público e institucional. El caso más paradigmático ha sido Oaxaca, donde desde principios de la década de los 90 el manejo de la educación fue  cedido a la agrupación sindical, lo que propició el ambiente de chantaje y amenaza que a muchos ha ofendido y que ha llevado a uno de los estados más pobres del país al peor desempeño en materia educativa. La culpa no es de los maestros, sino de líderes irresponsables, demagogos y propensos a la ilegalidad, que utilizan los instrumentos públicos para su provecho. Los cuatro últimos mandatarios estatales han tenido que soportar la amenaza recurrente del gremio, además del abandono de la tarea educativa.

El Gobierno federal y los estatales tuvieron que resistir la embestida de la CNTE. Los tiempos fueron bien medidos y se emplearon los instrumentos de  la política y de la ley para enfrentar el embate. El desgaste para las autoridades fue tremendo. Los líderes, invadidos de soberbia, imponían condiciones e incluso pretendían anular la reforma educativa. Amenazaron con impedir las elecciones y, desde luego, la evaluación educativa; agredieron y humillaron a los maestros que actuaron responsablemente,  y arrinconaron a las autoridades sin medir las consecuencias.

Los delincuentes no miden sus actos, simplemente parten de su supuesta superioridad alentados por la impunidad y la ausencia de sanción; intentan avanzar mientras ignoran las consecuencias de su conducta antisocial y perniciosa. Los dirigentes de la CNTE no entendieron bien a las autoridades actuales ni advirtieron que el ciclo de la negociación había llegado a su fin. La disidencia pudo haber encontrado un cauce, pero no a costa de la ley ni de la tranquilidad de las personas. Ahora, los dirigentes radicales quedan expuestos en la desbordada corrupción que les caracteriza, ahogados por la ausencia de los recursos públicos y ya sin los medios de apremio que empleaban para presionar a agremiados y a las familias para concurrir a las movilizaciones y actos de presión, supuestamente presentados como resistencia a la falsa pretensión de las autoridades de privatizar a la educación y anular los derechos laborales de los profesores. El IEEPO era de su propiedad y a su servicio.

Después de casi un cuarto de siglo de ignominia, la extorsión se agotó. El Gobierno anunció la desaparición del Instituto y su reemplazo por un órgano público con  mismo nombre pero diferente lógica: la recuperación de la autoridad para hacer lo que le es propio y jamás debe compartirse.

Es temprano para hacer pronósticos o anticipar resultados finales. Lo que queda muy claro es la lección de entender los tiempos, los ciclos y los recursos de la política. Igual que ocurrió con las reformas, ahora toca desplegar la capacidad política para hacerlas valer; y, en este caso concreto, hacerlo con el reconocimiento y aval de la opinión pública nacional.

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